Repudiamos y condenamos este hecho, que nos remite por su motivación e impunidad a los asesinatos de la Triple A, a la masacre de Ezeiza así como a tantísimos otros hechos criminales que los poderes mafiosos enquistados en algunos grupos sindicales y políticos han cometido en el pasado y no dudan en repetir en el presente para amedrentar y reprimir a las organizaciones obreras y estudiantiles así como a otras agrupaciones que nuestro pueblo creó para luchar por su dignidad y legítimos derechos.
Que quienes no dudaron en agredir criminalmente y asesinar a otros obreros fueran miembros de un sindicato de obreros –a juzgar por todos los testimonios que se recibieron hasta ahora- es un hecho de gravedad absoluta, y demuestra la infamia, la barbarie y la impunidad instalada entre quienes
deberían –y pretenden- representar a las y los trabajadores de nuestro país.
La gravedad del hecho adquiere dimensiones difíciles de superar si tomamos debidamente en cuenta, que los trabajadores agredidos son aquellos, cuya precariedad laboral y de vida es resultado directo de las políticas de vaciamiento y cooptación del estado por los poderes del capitalismo
globalizado y sus cómplices locales así como de la privatización y enajenación del patrimonio y la soberanía de nuestro pueblo.
Que –aparentemente- la propia policía habría sido cómplice del hecho al haber creado una “zona liberada” sin intervenir para frenar el ataque salvaje a los obreros tercerizados provoca dudas profundas acerca de la “democratización” de las fuerzas de seguridad de nuestra Nación.
Si en su momento, en el marco de la desaparición forzada de Julio López, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá admitió que son cientos los efectivos de la Policía Bonaerense en funciones que cumplieron órdenes en los Centros Clandestinos de la dictadura, no sorprende la enorme cantidad de hechos criminales sucedidos en la provincia que quedan sin resolver, entre muchos otros la desaparición impune de Luciano Arruga, y tenemos derecho a pensar que similar situación ocurre en la Policía Federal, tal como el escándalo de la Policía Metropolitana insinúa.
Ante esta realidad es incomprensible que un gobierno, que se precia de haber realizado progresos importantes en el respeto y la defensa de los derechos humanos, no actúe firmemente para aislar y desautorizar decididamente aquellas corporaciones sindicales, que son herederas directas de los grupos del corporativismo de la violencia, que en el pasado actuaron clandestinamente y bajo la impunidad de las sombras del poder. Del mismo modo –si quiere defender realmente la democracia y sus instituciones- debiera distanciarse decididamente repudiando a aquellos políticos tanto del conurbano bonaerense como de feudos provinciales, que siguen utilizando métodos de dominación de nuestro pueblo basados en un clientelismo extorsivo y violento. Creemos que la negativa a reconocer la Central de Trabajadores Argentinos y a cientos de organizaciones gremiales no alineadas con la CGT debe ser uno de los primeros pasos a revertir en el camino de garantizar a los trabajadores el derecho que la Constitución Nacional le otorga a todos los ciudadanos de la Argentina: elegir libremente a sus representantes.
Exigimos por ello el esclarecimiento urgente y total del asesinato de Mariano Ferreyra así como la condena de los actores materiales e intelectuales del mismo.
Pero esto no podrá ser más que un primer paso: Estamos plenamente convencidos, que la defensa de la dignidad y soberanía de nuestro pueblo así como el respeto y la construcción de una democracia verdadera y perdurable con justicia, libertad y fraternidad exigen, que quienes representan a nuestra nación e implementan las políticas que determinan de modo fundamental las vidas de sus habitantes demuestren un absoluto rechazo y condena a cualquier grupo de poder que recurra a la violencia y a la persecución para reprimir los legítimos derechos de las y los más pobres de nuestras hermanas y hermanos, a exigir lo que según la Constitución Nacional le corresponde.
La experiencia histórica y los intentos golpistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, frustrados por nuestros pueblos hermanos, así como el Golpe de Estado perpetrado en Honduras, nos mueven a reafirmar nuestro compromiso con la democracia y un sistema económico y social que esté realmente al servicio de las y los más pobres de nuestro pueblo, contra las derechas vernáculas y los renovados intentos de dominación del Imperio, sus organismos financieros y sus medios de desinformación y propaganda globalizados. La resistencia de los pueblos de nuestro continente demuestran, que el poder imperial y sus aliados de las derechas locales pueden ser derrotados, si enfrentamos decididamente cada una de sus agresiones. Hoy para nosotros una parte importante de esa lucha se concentra en impedir la impunidad de la que aparentemente gozan los asesinos de Mariano Ferreyra y el desenmascaramiento y condena de los grupos económicos, sindicales, políticos, militares y policiales que históricamente han estado detrás y han sido cómplices de cada agresión del imperio contra nuestro pueblo.
Por ello finalizamos diciendo:
Nos solidarizamos con la familia de Mariano Ferreyra y también con sus compañeros de trabajo, estudio y militancia.
Nos comprometemos a seguir luchando como lo venimos haciendo desde hace décadas por un país, en el que todas las políticas de gobierno estén orientadas y se realicen considerando primordial- y fundamentalmente los derechos y el interés superior de las y los más pobres, desprotegidos, expoliados y reprimidos por el sistema capitalista vigente.
23 de octubre de 2010
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA
