“Es espantoso lo que han hecho y sería espantoso que de aquí se vayan a sus casas o a un country”, alertó el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, quienes el próximo 8 de julio deberán decidir, en caso de condenar a los represores, si los envían a una celda del penal de Villa Urquiza. Solicitó que Menéndez sea retirado de las Fuerzas Armadas y declarado infame traidor a la Patria. La sentencia se conocerá el próximo jueves, a las 12, y un día antes se escucharán los alegatos de los defensores y las últimas palabras de los represores.
Terraf dijo que confía en que el Tribunal Oral dictará una sentencia ejemplificadora.
Calificándolos en todo momento como “bestias asesinas”, el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf pidió ayer a los jueces del Tribunal Oral Federal que los represores Luciano Benjamín Matienzo, Roberto “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido sean condenados a prisión perpetua y encerrados en una celda del penal de Villa Urquiza por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de genocidio contra las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía. En el caso de Carlos De Cándido pidió 4 años de prisión por los delitos de usurpación y encubrimiento.
“Sé que van a dictar una sentencia que sea ejemplificadora, porque estas bestias hicieron lo que quisieron. Así, como fueron, son y serán un espanto los secuestros, las torturas y las muertes de las víctimas, también es un espanto que estos responsables pasen sus días de condena en una casa o en un country”, señaló el fiscal en su extenso alegato que duró casi cuatro horas y media.
“Tienen que pagar con la cárcel común; por respeto a las víctimas y a sus familiares no pueden vivir en sus casas o en un country. La cárcel común tiene que ser el lugar para que estas lacras de la sociedad pasen el resto de sus vidas. Es espantoso lo que han hecho y sería espantoso que de aquí se vayan a sus casas. ¿De qué serviría todo eso? No es por venganza, sino para que paguen. ¿Paga el que se va a una casa, esa es manera de pagar las torturas, vejaciones, secuestros, las muertes y el sufrimiento?”, agregó dirigiéndose al presidente del TOF, Carlos Jiménez Montilla y a sus pares Gabriel Casas y Josefina Curi. Se trata de los mismos jueces que el 28 de agosto de 2008 mandaron a sus casas a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi después de condenarlos a prisión perpetua por la desaparición y homicidio del ex senador provincial, Guillermo Vargas Aignasse.
Después de sostener que los delitos de lesa humanidad que cometieron los imputados quedaron perfectamente probados en el histórico juicio, Terraf pidió que Menéndez (ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército), “El Tuerto” Albornoz (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) y Luis De Cándido (ex agente del SIC) sean condenados como autores mediatos penalmente responsable a prisión perpetua por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, tormentos seguidos de muerte, desaparición forzada y homicidio calificado y asociación ilícita agravada, todos considerados delitos de lesa humanidad en el marco del delito de genocidio. “Menéndez y Albornoz eran autores mediatos. El autor mediato, la figura del ‘hombre de atrás’, es el que domina la acción y utiliza un tercero para concretar esa acción. Menéndez dominaba absolutamente el hecho, sabía de todas las atrocidades”, detalló y solicitó que sean revocados los beneficios de prisión domiciliaria del que gozan ambos en esta provincia.
Para Menéndez, también pidió la pérdida definitiva de su grado militar, la baja de las Fuerzas Armadas, la imposibilidad de readquirir estado militar y que se lo declare infame traidor a la Patria. En el caso de Carlos De Cándido, quien ingresó a la policía provincial el 10 de junio de 1976, sólo fue acusado de usurpación de la propiedad de Jujuy 1062, que pertenecía a Rolando Coronel, una de las víctimas desaparecidas. El fiscal pidió cuatro años de prisión y que sea inmediatamente detenido y alojado en el penal de Villa Urquiza. El otro domicilio de Coronel, en Chacabuco 476/478 de la capital tucumana, fue usurpado por su hermano Luis, por lo que el fiscal también pidió que este último sea condenado por ese delito.
Terraf alegó por las 22 víctimas que sufrieron el horror en la ex Jefatura: Marta Coronel, Rolando Coronel, Marta López, Ceferina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Carlos Ramón Apaza, Dante Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Ferreira, Eduardo Ramos, Alicia Cerrota de Ramos, Hugo Díaz, Daniel Fontanarrosa, Joaquín Ariño, Diana Oestherheld, Raúl Araldi, Enrique Pastor Cerezo, Angel Garmendia y Mauricio Lechessi. Todos estos casos están contemplados en los 13 casos que integran la megacausa de Jefatura I. “No hicieron absolutamente nada. La mayoría era estudiantes y militares del peronismo y cometieron el delito de pensar distinto”, acotó.
Para terminar su exposición en el marco del histórico juicio, Terraf volvió a repetir, al borde de las lágrimas, la expresión que selló su alegato en el primer juicio de derechos humanos de agosto de 2008: “Estoy dispuesto a todo para que en la Argentina reine el NUNCA MÁS a la violencia e impunidad, e impere el SIEMPRE MÁS, siempre más Justicia, siempre más Verdad, siempre más Memoria, siempre más Dignidad”.
La sentencia se conocerá el próximo 8 de julio, a las 12. El 7 de julio, el debate se reanudará a las 8 con los alegatos de los defensores y luego las últimas palabras de los imputados, a los que el fiscal Terraf no dudó en llamar “bestias asesinas”.
