Esta noticia apareció en un diario de Formosa el viernes 2 de julio y a todos nos impactó!
¿Qué pasó?
Sucedió un 20 de agosto de 2007, hace 3 años. Hubo un accidente en la ruta 81 a la altura de Las Lomitas, donde trágicamente muere un cura. Esta muerte fue causada por un policía que tenía que auxiliarlo, porque el cura que iba con una monja, había chocado un caballo. En lugar de auxiliarlo, “se cargó al sacerdote y lo mató”. Según palabras del Obispo en un matutino local.
El juez de Las Lomitas que investigó el “accidente” procesó a la policía. Luego se presentó un abogado “oficialista”, apeló y la Cámara decidió que había que seguir la investigación. Pero el juez lo absolvió tomando como cierto lo dicho por el policía (que la camioneta del Obispado que manejaba el cura no tenía luces contra lo que mostraban los testigos y las pericias!!).
Al cabo de unos meses, el policía involucrado en el hecho, que es un funcionario público de la provincia, inicia una demanda contra el Obispado. El Obispado de Formosa contesta por medio de sus abogados la demanda y contrademanda al policía, a la Policía y al Estado provincial. La Fiscal de Estado Estela Copes con un escrito insólito pide se lo excluya al policía y la juez le acepta. Es muy común que esta Fiscal de Estado ejerza nefastas presiones sobre los jueces donde el estado es parte.
El Obispado, asesorado por sus abogados, solicita que se aparten de la causa todos los jueces del Colegio de Magistrados porque resulta muy extraño que por un lado, la causa judicial de la investigación del misterioso y todavía no esclarecido accidente donde se muere atropellado el cura, se haya cerrado y, al mismo tiempo, quien lo atropella –un funcionario policial- presenta una demanda contra el Obispado, que de victima se convierte en acusado. Esta situación crea en el Obispo una justificada sospecha de parcialidad. Acá está pasando algo raro!! Y ante esto, hay temor de un “arreglo” y de complicidad.
¿Por qué esta sospecha?
Resulta ser que el Colegio de Magistrados, una especie de gremio privado al cual se asocian los jueces, le pidió a la Provincia le pagaran la construcción de su sede en una asamblea donde todos votaron a favor menos 7 integrantes que se opusieron. El gobierno provincial, sabiendo que esto no se puede hacer, aceptó realizar la obra por un monto total de $1.038.335.78.-
Un abogado del fuero local, además del Obispo, denunció este mismo hecho aludiendo que “se aplican fondos públicos para la realización de una obra que está destinada a una asociación civil cual es el Colegio de Magistrados y funcionarios.
Este hecho pone de manifiesto una clara complicidad que ata a los jueces u todos los socios del Colegio, con el Poder Ejecutivo provincial, que a través del Ministerio de Planificación, les paga la obra de su sede social, con fondos del pueblo.
