Estos acuerdos se plantearon tras el anuncio el gobierno paraguayo de declarar el “estado de emergencia” en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción, regiones donde operan el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Asociación Campesina Armada (ACA). Los acuerdos mismos contemplan mejorar la producción agrícola y supuestamente reducir la pobreza a través de mayores inversiones para los programas de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), además de la capacitación de tropas paraguayas por parte del ejército estadounidense para combatir al EPP y al narcotráfico. Esto da pie a que sea probable que Estados Unidos instale una segunda base militar, ya que la primera se instaló bajo esas medidas y con los mismos argumentos.
Hace unos pocos días, Cartes reafirmaba, al igual que lo han hecho varios de sus funcionarios, que el Estado debe tener más presencia en esos departamentos, haciendo eco a las demandas de las propias cámaras y organizaciones empresarias agrícolas que vienen presionando cada vez más para que el gobierno refuerce militarmente la zona contra el EPP y el ACA. Recientemente, Pío Ramírez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú, decía: “Tenemos problemas que nos preocupan, el fracaso del ministro del Interior que falta al cuidado de la seguridad, y esa cultura de populismo que viene expandiendo la gente del EPP que no podemos permitir”.
Desde la década de 1990, estos mismos empresarios vienen aumentando sus patrimonios a costa de empobrecer a campesinos y pueblos originarios que sufren el despojo de las tierras y las consecuencias de los agrotóxicos utilizados por los latifundistas, quienes no tienen que pagar grandes impuestos a diferencia de otros sectores.
