Para Zaffaroni el GAFI "Extorsiona a la Argentina"

La semana pasada el Congreso de Argentina sancionó una ley “Antiterrorista” reclamada por el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que cuestionada por agrupaciones  de izquierda, Derechos Humanos y corporaciones de comunicación privada.

Eugenio Zaffaroni,  juez de la Corte Suprema, afirmó que  "El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero"

En declaraciones publicadas por diversos medios del país, Zaffaroni sostuvo que "No abro juicio sobre la conveniencia o no de sancionar la ley; eso es una decisión política y no la puedo evaluar, porque no estoy en condiciones de dimensionar la magnitud del daño con que el GAFI amenaza (sanciones económicas, exclusión de organismos internacionales, y demás)"

El Juez declaró  “que debe quedar claro  que sólo se trata de la respuesta a una extorsión por parte de un organismo al que nunca debimos pertenecer. La GAFI se garantiza que en la periferia no se lave nada, aunque saben que en nuestros mercados pequeños no se puede lavar más que un calzoncillo”

Amplió la idea al recalcar que  “la ley resulta de una extorsión de ese organismo, manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte. ¿O alguien cree que impide el reciclaje de medio millón de millones de dólares anuales provenientes del crimen organizado? Si el GAFI está tan preocupado por el reciclaje, ¿por qué no se ocupa de cerrar los refugios fiscales? ¿Necesitan acaso que les digamos dónde se encuentran?”

En cuanto al terrorismo manifestó que “no hay ningún delito vinculado al mismo que desde siempre no haya estado severamente penado en nuestras leyes, de modo que no es más que un pretexto" y descarta que el objetivo de la  ley sea la persecución de la protesta social porque  "Eso no les interesa para nada, su objetivo es económico".

Para Zaffaroni el interés del GAFFI en lo económico se debe a que quieren “conocer todos nuestros movimientos, ejercer toda clase de presiones y eventualmente para saber cómo destrozarnos mejor”

“No hay que olvidar –continuó el Juez- que somos la oveja negra económica, marchamos a contramano de los organismos internacionales y sus recomendaciones, somos un mal ejemplo, porque nos va bien por no hacer los deberes que ellos quieren”

Al respecto opinó que “Hoy no nos invaden como a principios del siglo XIX y no resolvemos el problema tirando aceite desde los balcones, o a cañonazos desde la Iglesia de Santo Domingo, sino pensando, meditando, evaluando; el objetivo estratégico es la defensa de nuestra soberanía económica, pero la táctica la debemos decidir y actuar todos unidos” + (PE)

Agencia de Noticias Prensa Ecuménica

www.ecupres.com.ar

De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la “gobernabilidad democrática con cooperación”

La sanción de la más reciente ley antiterrorista del gobierno peronista de los Kirchner, la octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas, comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios.

Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la "gobernabilidad democrática" sustentada por la "cooperación continental".

Toda calificación de “conspirativa” de estas afirmaciones desaparece si se ingresa al sitio web del FMI y se lee el “Manual para la redacción de leyes” en la sección “Represión del financiamiento del terrorismo”, publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional el 4 de agosto de 2003. Allí, didácticamente se explica a los gobiernos de los países sometidos a EEUU cómo ajustar su legislación interna, salvando las dificultades técnicas que pudieran surgir por las diferencias que existen entre los variados sistemas jurídicos vigentes.

La nueva ley en nada se diferencia de las anteriores, ni en su contenido ni en la forma de su sanción. A principios del mes de octubre, el GAFI reclamó, de nuevo, al gobierno argentino que avanzara en la sanción de leyes antiterroristas, pues las dictadas entre 2003 y 2009 no alcanzaban. En cuestión de horas, el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el poder ejecutivo había enviado al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.

Al día siguiente de la conferencia de prensa ministerial, las principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial , la Sociedad Rural , las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba , aplaudieron la medida y ratificaron su apoyo al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina, mostrando con claridad qué intereses se defienden con ese tipo de leyes.

El proyecto, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del autor sea “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, ya es ley, votada por la mayoría kirchnerista, buena parte del PJ no kirchnerista, y renombrados “progres” como Martín Sabatella y sus compañeros de bancada de Nuevo Encuentro, el ex radical Carlos Raimundi y el banquero del PC, Carlos Heller.

La ley se sumó a la dictadas, siempre en obediencia al poder imperial, desde 2003: la 25.765 y la 25.764, ambas de agosto de 2003, que recogieron buena parte del contenido de los proyectos fracasados, en 1995 y 1997, impulsados por el menemismo, el radicalismo y el Frepaso, como el arrepentido, el informante, el testigo de identidad encubierta; las leyes 26.023 y 26.024, de abril de 2005, que ratificaron e incorporaron al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU ; la ley  26.087, de abril de 2006, que modificó el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y dio más facultades para la UIF ; la ley 26.268, de julio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista”, de recolección o provisión de fondos para tales asociaciones, y, finalmente, en noviembre de 2009, la ley  26.538, que amplió más el Fondo permanente de recompensas.

De allí que resulte llamativo que, después de su total silencio frente a los proyectos anteriores, igual de peligrosos, esta nueva reforma “antiterrorista” del código penal concitara la atención de los políticos del sistema, de los grandes medios y de organizaciones y “personalidades” íntimamente vinculadas –cuando no orgánicas- del partido de gobierno. La inusitada reacción comenzó a partir de que, puesto a defender la ley, entonces todavía en forma de proyecto, el director de la UIF (Unidad de Información Financiera), José Sbatella, dijo que el propósito no era perseguir opositores, sino castigar como actos terroristas las corridas cambiarias, los golpes de mercado o la emisión de noticias falsas.

Sbatella, que antes de ser funcionario kirchnerista pasó por la gestión pública en los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa, abrió, seguramente sin desearlo, el debate. Sus palabras motivaron la inmediata reacción del establishment financiero y del aparato empresarial de medios, que lanzaron titulares como “Éramos pocos y a los medios nos llegó la ley antiterrorista” (nota del editor general adjunto de Clarín, 24/12/2011).

“Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización de la protesta social”, dijo el senador radical Ernesto Sanz, cuyo partido encabezó el represor gobierno de la Alianza, que asumió en diciembre de 1999, fusilando autoconvocados en el Puente General Belgrano de Corrientes, y escapó fusilando a los manifestantes en todo el país, en diciembre de 2001. Rubén Giustiniani, referente del Frente Amplio Progresista, llamó “paradójico” que “en la Argentina , un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”. No le parece paradójico, claro, que el gobierno provincial de su “Partido Socialista” en Santa Fe registre los mayores índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías desde hace más de cinco años.

Otra voz “progresista” que se alzó fue la del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que habló de la “extorsión del GAFI” y llamó “disparate” al proyecto, adjetivo que nunca usó para referirse a sus propios fallos limitando la aplicación del delito de tortura a los hechos ocurridos durante gobiernos militares, pues sostiene que, en democracia, la aplicación de tormentos nunca puede constituir más que delitos menores, excarcelables y prescriptibles, como apremios o vejaciones.

También desde el propio riñón kirchnerista hubo críticas, como las formuladas en sendos comunicados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. El segundo se quejó por la “imprecisión de los términos”, mientras que la organización dirigida por Estela Barnes de Carlotto (cuyo hijo Remo votó afirmativamente en el recinto) advirtió que: “Si bien el Gobierno sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo (...) y los gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta”. O sea, bastaría una definición más concreta de “terrorismo”, y jueces y gobernadores que sean fieles kirchneristas, para que no tuviéramos nada que temer...

Los kirchneristas y sus aliados, escandalizados por la grosería represiva de la norma –a ellos les gustan las cosas más sutiles-, depositan sus esperanzas en que la presidenta, cabeza del poder ejecutivo que remitió el proyecto al congreso, y jefa de un gobierno que lleva promulgadas siete “leyes antiterroristas” anteriores, vete la iniciativa. Son contradicciones propias de las fricciones internas entre los distintos bloques burgueses, sin que ninguno de ellos abandone su posicionamiento antipopular.

Todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores, legitimados por el “legal ejercicio de  la superior función de protección del orden público”, y que vemos actuar a diario, cuando los jueces usan informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar sus fallos.

  Ahora, es “terrorismo internacional” cualquier acto que tenga por propósito “aterrorizar a la población”, y nada causa más terror a la burguesía que la clase trabajadora organizada y en pie. Es “terrorista” quien pretenda “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”, lo que, claramente, es aplicable a cualquier movilización que exija una medida de gobierno o la repudie.

En la actualidad, jueces y fiscales tienen suficiente, con las normas que ya existen, para represaliar a gusto a los luchadores populares. Tenemos compañeros acusados de “extorsión” por reclamar un aumento de sueldo; por “amenazas coactivas” por defender un paro de actividades; por “homicidio” por defenderse de una patota; por “entorpecimiento del normal funcionamiento de un establecimiento productivo” por hacer un piquete frente a una fábrica, sin olvidar las figuras típicamente usadas para reprimir la protesta, como la interrupción del tránsito vehicular terrestre y el atentado y resistencia a la autoridad, o las creadas con ese específico fin, como la prepotencia ideológica, la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública y las variantes de la asociación ilícita, “calificada” y “terrorista”.

La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para defender sus privilegios.

Las leyes antiterroristas –ésta, y las siete anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia.

La excusa, hoy, es el terrorismo. Como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, para responder en forma unificada ante cada ataque al pueblo trabajador.

CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
correpi@fibertel.com.ar

Nueva Ley Antiterrorista - El espejo invertido de la 125

El gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández, ha dado desde su asunción señales más que claras sobre el rumbo de su gestión en el segundo periodo: reconoció la crisis del capitalismo mundial pero lo clasificó de “anarco capitalismo” para así contraponer otro modo de existencia del capitalismo que sería el “serio” al que equipara con el “modelo” inaugurado en el 2002 por Duhalde; tomó nota de los debates sobre la distribución de la riqueza y se posicionó rigorosamente a favor de la burguesía: contra el mandato constitucional de que haya un mecanismo de distribución de las riquezas (y el consiguiente control de la información empresarial) a favor de los trabajadores, lo que completó con un exhorto a poner techo a la discusión paritaria y culminó su raid por la reunión del G20 y la cálida entrevista con el asesino serial de Obama con la sanción de  una nueva Ley Antiterrorista, a pedido del Imperio y su estrategia mundial de dominación.

Estamos ante uno de esos momentos de viraje, de bifurcación de caminos que obligan al movimiento popular a reflexionar, discutir democráticamente y tomar decisiones; como ocurrió en ocasión de la resolución 125 que pretendía limitar las súper ganancias producto de las exportaciones de la soja transgénica, producto novedoso cuyas consecuencias a largo plazo están en estudio crítico por los científicos cuya expansión se dio justamente bajo el ciclo de gobierno de los Kirchner.  En ese momento, casi de un modo inesperado, de un lado se agruparon los sectores más concentrados de la burguesía local y trasnacional y del otro quedó el gobierno con el apoyo de movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda que comprendieron que el desarrollo de las contradicciones interburguesas había vuelto a provocar, como tantas veces en la historia nacional y universal, una demarcación de campos muy clara: de un lado la derecha resistiendo la 125 y del otro el campo popular procurando afirmar mayor intervención estatal en la economía y la limitación de las súper ganancias monopolistas que tienen todos los grupos económicos trasnacionales en la Argentina: los petroleros, los comunicacionales, las automotrices, etc.

En las últimas horas, prácticamente todo el movimiento de derechos humanos denunció el carácter represivo y macartista de la nueva ley: duplica las penas de todo el Código Penal y otorga a los jueces, a estos jueces denostados por su compromiso con la impunidad y las derechas, el poder de calificar de “terrorista” a cualquier acción o protesta individual o social.  La ley se inscribe en la larga tradición represora de la legislación argentina: la 4144 de 1902 conocida como de “residencia”, la de “seguridad nacional” de 1910, los decretos leyes de las dictaduras del 30, 43, 55, 62, 66 y 76 del siglo pasado, oportunamente avalados por las respectivas Cortes Supremas e igual que todas ellas pone en manos de los jueces un instrumento casi todo poderoso para perseguir, discriminar, encarcelar o hacer lo que quieran con los luchadores sociales.  La supuesta clausula de garantías democráticas ha sido fulminada por los juristas por superflua y mentirosa: decir que no serán perseguidos los que ejercen derechos y garantías constitucionales es jurídicamente obvio, está inscripto en el Código Penal en el articulo 34, y prácticamente inútil: ningún Juez dirá que persigue por que defienden un derecho constitucional sino que acusará de coacción agravada, resistencia a la autoridad o delitos aún más graves.

Y por qué es un parte aguas?

Porque el gobierno se subordinó al mandato imperial ignorando la voluntad popular del Nunca Más y todo el aprendizaje que estamos haciendo en los juicios contra los genocidas que una y otra vez alegan haber actuado de acuerdo al decreto de exterminio a la subversión emanado de un gobierno constitucional.

Porque el Frente para la Victoria y el Nuevo Encuentro se subordinaron acríticamente al mandato presidencial evidenciando que no son fuerzas políticas comprometidas con el cambio sino cooperativas de oportunistas que se aferran al momento de popularidad de la presidenta para acceder a cargos que están a su servicio y no del pueblo.

Porque la sanción de la Ley Antiterrorista muestra –como ningún otro gesto presidencial- la voluntad política de construir un capitalismo serio, es decir, de no cuestionar el sistema mundial que hoy está en crisis de existencia y que por ello mismo buscará trasladar los costos de la misma a la periferia.  El Poder Ejecutivo y Legislativo, el Frente para la Victoria y sus aliados progresistas, están diciendo –como Rajoy en España o Papademos en Grecia- que están dispuestos a todo para salvar el capitalismo argentino.

Pero lo fundamental es el modo en que se sancionó la Ley: de espaldas a la sociedad, ignorando al sector más mimado por el propio gobierno: los organismos de derechos humanos que apenas osaron esbozar una leve crítica han sido ignorados olímpicamente por el gobierno que en estos días no uso el pañuelo blanco, afirmando un concepto de democracia “representativa” en el sentido más burgués y reaccionario del término.  Dice la Constitución Nacional que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, el Kirchnerismo ha dado una prueba irrefutable de su concepción liberal de la democracia; pero alerta! que justamente ese costado del sistema político fue el que se puso en debate en el 2001.

Por una década, la ilusión cuasi ingenua del “que se vayan todos” fue asimilada por la burguesía transformándola en su contrario pero atención porque los pueblos aprenden de su propia experiencia, aunque tarden décadas entre un aprendizaje y el siguiente.

La sanción de la Ley Antiterrorista ha sido una lección impresionante del carácter de clase del gobierno, del sentido profundo del llamado modelo nacional y popular y de la inviabilidad de construir alternativa bajo el ala del poder.

La alternativa solo se construye desde afuera del poder, por otros medios, y ahora sabemos, con otros nombres de los que se suman a la fiesta de los que una vez más creen –como decía Marx que hacían los intelectuales de fines del siglo XIX- que “hubo historia, ya no la hay”. Que los votos son eternos y dan derecho a cualquier tropelía. Igual que Menem en su momento.

Nada más erróneo, somos lo que somos como resultado de una historia que nos marca un camino y un horizonte al que no renunciamos.  La lista de los votos positivos a la Ley Antiterrorista quedará en el basurero de la historia

De tanta frustración y traición, surgirá una nueva fuerza política comprometida con sostener lo conseguido en estos años y perforar los límites que los gestores del Poder le quieren poder.

Más temprano que tarde lograremos la derogación de la nefasta Ley, y gestaremos una alternativa política que sea un firme puente entre la generación que resistió la dictadura y la impunidad con las nuevas generaciones que aprendieron que la política puede ser para defender al pueblo y no satisfacer a sus verdugos.

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José Ernesto Schulman
www.cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com

Todavía hay tiempo: que la Presidenta vete la Ley Antiterrorista y escuche a los organismos de derechos humanos y el movimiento popular que se oponen a su aprobación

 En la madrugada de hoy el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que duplica las penas para todo delito que los Jueces catalogue de “terrorista”.

El conjunto de organismos de derechos humanos y diversas personalidades ampliamente reconocidas por su compromiso con el estado de derecho se han pronunciado contra la aprobación de esta ley nefasta, heredera y continuadora de las peores tradiciones macartistas y represoras: la Ley 4144 mal llamada de residencia, la 17401 “anticomunista” y la 20840 “de seguridad nacional”.

La invocación a compromisos con el Gafi y el G20 no solo que son inconsistentes sino que de ser ciertas solo agravan la situación porque resultaría un gesto de renuncia a la soberanía nacional en beneficio de organismos internacionales, que fueron señalados como co responsables de la crisis del 2001 y la actual crisis capitalista mundial.

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Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Si se aprueba esta ley, el reclamo es terrorista

Declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Diciembre 2011

 

Los abajo firmantes, integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, expresamos nuestro repudio al nuevo proyecto de ley “antiterrorista” enviado al Congreso de la Nación por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre de 2011.

Como si no fueran suficientes las más de 4.000 causas judiciales que hoy existen en la Argentina contra luchadores sociales por reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, estudio y medio ambiente, el Gobierno Nacional envió el pasado 14 de octubre al Congreso Nacional un nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista”.

Este proyecto de ley castiga con penas altísimas a cualquier acto político, social o individual que bajo la decisión arbitraria de un juez esté dirigida a “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir, que transforma en “terrorista” a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos.

Denunciamos que esta ley es promovida a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha política y social.

Bajo el pretexto de combatir delitos graves y sus fuentes de financiamiento el proyecto modifica la ley antiterrorista existente aprobada en 2007 y agrava y profundiza aún más la criminalización de la protesta social. Con una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos asesinados en el marco de protestas sociales que reclaman tierra para vivir o condiciones de trabajo y cuando aumentan peligrosamente los delitos imputados a quienes participan de esas protestas no es difícil imaginar a quienes está dirigido el presente proyecto de ley.

Por todo eso decimos:

Repudiamos al Gobierno Nacional por impulsar este proyecto de ley violatoria de las más elementales libertades democráticas, y a todos los diputados y senadores que la apoyen con su voto.

Convocamos al conjunto de la población y de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a rechazar el nuevo proyecto represivo y a exigir la derogación de la ley antiterrorista del año 2007, hoy vigente.

Para adherir enviar correo a treintaanios@yahoo.com.ar

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP Liberpueblo

Carta Pública: Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta

Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima. El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques. Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la 2 protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo. Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas. Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno. La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Para adherir enviar mail a: leyantiterrorista@yahoo.com.ar

¿Es necesaria la ley antiterrorista?

Buenos Aires, 16 de diciembre del 2011

El gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato.  La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática  tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos,  trabajadores y estudiantiles.

El proyecto de ley adolece de  claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de “punto final y obediencia debida” que votaron los legisladores sin pestañear.

Hoy volvemos a los mismos vicios  y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con “obediencia ciega”.

En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el “terrorismo económico”.

No clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.

Si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus  territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos  humanos de la persona y los pueblos.

La pregunta fundamental es ¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista?

Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuando?

El país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad.

Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.

En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas.

Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo.

Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

NO a la Ley Antiterrorista - Comunicado de prensa - H.I.J.O.S. 20/12/2001

Ante el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación y que ya obtuvo la media sanción por parte de Diputados el pasado 16 de diciembre, expresamos nuestro rechazo y preocupación por sus posibles consecuencias en lo que respecta a la aplicación de la Ley Antiterrorista.

El nuevo inciso del artículo 41 pretende duplicar la pena para todos los delitos del Código Penal si se cometieran con la finalidad de “aterrorizar” a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

El proyecto, que ahora está en manos de Senadores, tiene como objetivo reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo y/o a quienes los financien. Utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que nos preocupan en relación a la garantía de los derechos de las personas sobre las que se pudiera aplicar. ¿Quién y cómo va a definir esas categorías indefinidas?

Esta modificación agrava las condiciones de una ley que no podemos más que rechazar de plano, porque deja las puertas abiertas a la libre interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde está en la ley la definición sobre “terrorismo”? Nuestro país, como tantos otros, tiene la experiencia de siete años de genocidio, basado en la criminalización de las organizaciones de resistencia.

El “terrorismo” es una construcción. Una idea subjetiva utilizada desde hace años por las potencias occidentales para justificar invasiones, mantener asustada y obediente a su población y violar muchos derechos consagrados en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie se autoproclama terrorista, sino que esta definición es aplicada, desde el Estado o sectores dominantes de la economía, sobre individuos o grupos a los que se quiere despojar de sus derechos más básicos.

La definición moderna, occidental y cristiana de terrorista busca construir la idea de un enemigo tan atroz que es aceptable la violación de todo derecho (espionaje, tortura, ejecución sin juicio) para aniquilarlo. Resistimos la sanción de una Ley Antiterrorista impulsada por países que embarcados en “Operaciones antiterroristas” violaron el derecho internacional, causaron muertes en la población civil y suprimieron toda garantía legal a sus víctimas.

El mayor ejemplo de la volatilidad y arbitrariedad en la construcción de esta definición de terrorista lo dan los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy consideran terroristas a sus aliados de hace décadas. Grupos a los que financiaron, entrenaron y proveyeron de armas cuando el enemigo a combatir era otro. Consideramos peligroso e inaceptable que decida quiénes son terroristas o no un Estado que viola los derechos humanos y procede ilegalmente, que fragua pruebas y manipula a la prensa para justificar invasiones con el sólo fin de apropiarse de recursos naturales del país ocupado.

No estamos dispuestos a que las grandes potencias instalen en nuestra región una visión como la expresada por los Estados Unidos de Norteamérica años atrás, que consideraba que naciones hermanas de la Argentina como Venezuela, Bolivia y Cuba, forman parte de un “Eje del mal”, susceptibles de ser señaladas como terroristas, a quienes hay que combatir.

Desde 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Todavía queda mucho por hacer, pero esta medida nos hace retroceder en ese camino. No puede pasar desapercibida. Tiene una gravedad importante para quienes consideramos que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos de todos y todas.

Como defensores de los derechos humanos, repudiamos la Ley Antiterrorista, la reforma del Código, y también las condiciones en las que se trata esta reforma, que responde a exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no excluir a la Argentina de allí y del G20.

Así como celebramos medidas de gobierno que fortalecen la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, por entender que son el bastión de una patria justa, no apoyamos esta iniciativa. Queremos seguir dando ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero medidas así nos alejan de ese camino.

H.I.J.O.S.

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

www.hijos-capital.org.ar

Corresponde vetar la terrorista Ley Antiterrorista

Desoyendo el clamor de los organismos de derechos humanos y diversas fuerzas sociales y políticas, las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación han aprobado en tiempo récord, un proyecto de Ley al que rechazamos por su costado represivo como por ser el resultado de una imposición extranjera.

Si se consagrara el proyecto votado, todo el Código Penal sería transformado en un instrumento represivo capaz de caer sobre cualquier ciudadano que luche por sus derechos. Como en todas las leyes represivas de nuestra historia (y llevamos más de cien años de ellas) se encarga a la autoridad judicial la caracterización de “terrorista”, término indefinido si lo hay, lo que podrá ser utilizado con la discrecionalidad y autonomía con que cuentan los jueces federales, muchos de los cuales utilizan dicha prerrogativa para sabotear los juicios por delitos de lesa humanidad, como la misma presidenta de la Nación denunció en el discurso de inauguración de su segundo mandato. 

Además no es secreto para nadie que la sanción de la ley es una exigencia del GAFI, un organismo de la órbita del Fondo Monetario Internacional, que hace correr rumores de supuestas sanciones si nuestro país no se disciplina.  Conocemos suficientemente el resultado de estas imposiciones como para consentirlas ahora nuevamente.

Por todo ello, los organismos de derechos humanos abajo firmantes nos pronunciamos para que haciendo uso de sus facultades constitucionales, la presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, vete esta ley para bien de la democracia, la soberanía nacional y la dignidad y derechos de nuestro pueblo.

SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS

MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Saludos Navideños del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Extracto de la Oración oficial del MEDH, diciembre de 1976

Señor de la Vida,  en esta Navidad te pedimos que tu presencia en nuestro mundo haga posible la Vida en la plenitud que querés para tu pueblo.

Que cada un@ de l@s que has llamado a participar de la Vida tenga la posibilidad de vivir intensa y libremente este don que nos has dado: que nunca haya entre nosotros quién maldiga el momento en que nació, por la pobreza, la falta de trabajo, la marginación social, la persecución, las amenazas, la cárcel, la tortura, la sentencia inapelable, el juicio arbitrario, la condena a muerte, la incertidumbre de su destino o cualquier otro tipo de limitación de la vida.

Te pedimos que nos des valor para defender la Vida. Que no temamos porque Tú has vencido la muerte y el mal, y tú estás con nosotr@s hasta el final de los tiempos.

PUBLICACIONES MEDH 2011

1976 - 2011 MEDH 35 años de lucha...

Como llegar:

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HOMENAJE AL PASTOR, JOSÉ DE LUCA

CELEBRAMOS LA VIDA, LA LUCHA Y LA ESPERANZA

Queridas Compañeras y Compañeros:

Queremos invitarlos a participar del Homenaje Popular al Pastor, José de Luca, a realizarse el sábado 26 de noviembre de 2011, a partir de las 15 hs. Av. Caseros y Manuel García, Parque de los Patricios

El Barrio de Parque Patricios, fue el lugar dónde José eligió vivir luego de su regreso del exilio y donde ejerció por más de 25 años su particular ministerio pastoral y su fecunda actividad política, gremial, social y comunitaria a favor de los trabajadores y los sectores más humildes de la sociedad.

Ese ministerio de José se expresó de múltiples maneras en la Casona de Av. Caseros 2516, la Parroquia El Carpintero de Nazareth, el IRE, El Cántaro y otras organizaciones que surgieron de esa especial manera de entender el ecumenismo popular como forma de organización y poder del pueblo para su emancipación.

Muchos lo han conocido y han compartido la Casona y el trabajo que se desarrolla en ella; y aún comparten su legado, porque la acción de José no se agotó con su muerte sino que perdura con fuerza y esperanzas, porque José supo construir sobre bases sólidas y duraderas, que son aquellas que se sostienen en la solidaridad, la coherencia, la dignidad, la fraternidad y la utopía.

Queremos que este Homenaje sea un reflejo cabal de la compleja y sostenida labor ecuménica de José, que sin distinción de ningún tipo convocaba permanentemente a la unidad con una única identidad que es la del trabajador en la lucha por su liberación en la casa habitada de todos.

Desde las 15 estarán abiertas las puertas de nuestra Casona, con una muestra de fotos, documentos y testimonios de la fecunda tarea que José desarrolló a lo largo de los años, la IEMA reconocerá a la Casona como uno de los sitios de testimonio del Ministerio Pastoral de José, la legislatura porteña rendirá su homenaje con la colocación de una placa reconociendo su labor en favor de la justicia, los derechos humanos y el ecumenismo popular, luego, en la calle inauguraremos el mural alegórico y las tareas de recuperación de la fachada y declararemos la casa sitio de interés social y cultural, realizando un festival artístico y musical, donde, además ofrecerán su testimonio algunos compañeros y compañeras que acompañaron a José a lo largo de su vida.

Una vez concluido el festival los invitamos a acompañarnos hasta la Plazoleta de la Memoria, en Av. Caseros y Monteagudo, donde re-colocaremos las Placas de homenaje a José, que le da el nombre y la de los 121 desaparecidos del barrio en un acto de desagravio por el retiro compulsivo de las mismas por parte del actual gobierno de la ciudad.

Organizaciones convocantes y adherentes:

Instituto de Relaciones Ecuménicas –IRE-

Pastoral Popular de la IEMA

Parroquia El Carpintero de Nazareth (IEMA - Ing. Budge)

Espacio Asambleario de Parque Patricios

CTA Comuna 4

CTA Capital

Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 

Grupo de Investigación del Genocidio en Tucumán (GIGET)

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL)

Vecinos de San Cristobal cintra la Impunidad

Encuentro por la Unidad Latinoamericana

Movimiento Territorial Liberación (MTL)

CTD Anibal Verón

MPR Quebracho

Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción Humana (ICEPH)

Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos en DDHH Villa 21/24

Comisión de DDHH de Villa 21/24

Comisión de Justicia y Paz de los Misioneros Claretianos

Adhesiones personales:

Adolfo Perez Esquivel, Obispo Frank de Nully Brown, Victor De Gennaro, Carlos Chile, Arturo Blatezky, Graciela Rosemblum, Fabio Basteiro, Laura García Tuñon, Delia Bisutti, Alba Lanzillotto, Carlos Girotti, Elsa Oshiro, María Adela Antokoletz, Juan Morello Peralta, José Schulman, Nora Podestá, Claudio Rodriguez, Fernando Tocco, Oscar D'aquila, Margarita Cruz, Ana Jemio, Federico Lopardo, Raúl "Boli" Lezcano, Guillermo Gutierrez, Ceferino Quintero, Rina Bertaccini, Analía Murriello, Ana Chavez, Susana Moreira, Luis (Serpaj), Alcira Ferreres, Fernando Guzman,

"Tantas Voces... Tantas Vidas" Edición Especial a 5 años de la segunda desaparicion de Julio Lopez

ASESINAN A CRISTIAN FERREYRA, MIEMBRO DEL MOCASE VIA CAMPESINA

miércoles 16 de noviembre de 2011

http://mocase-vc.blogspot.com/

En la tarde de hoy, miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, sicarios de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fria contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristán Ferreyra de 25 años e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves.

La comunidad de San Antonio,a 60 km de Monte Quemado, miembro de la CCCOPAL MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indigenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.

Esto ocurre con complicidad y alevociía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien AUTORIZO desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indigenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian.

Desde éstos territorios campesinos indígenas, se viene denunciando los atropellos, tal es así que el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona. También el Comité de Crisis supo hacer relevamiento de las situaciones de atropellos. Hasta el momento, sólo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas.

En varias oportunidades el empresario Cicciola, amenazó publicamente que mataría a un campesino del MOCASE-VC para que dejen de" molestar". 

El asesinato de Crístian Ferreyra no va a quedar impune y con toda la rabia y dolor que sentimos sus compañeros y compañeras, reafirmamos una vez más, que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta las últimas consecuencias.

Cristian Ferreyra Presente!!!

Ni un metro más, la tierra es nuestra!

Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos

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A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra

MARTES 15 de noviembre de 2011

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreyra, víctima, desde los cuatro años, del trabajo infantil en la empresa avícola Nuestra Huella. Ezequiel, de 6 años, era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. A pesar de la trascendencia e indignación que generó la muerte de este niño, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el sobreseimiento a las dueñas de la empresa. Mañana a las 11:00hs, La Alameda convoca a una concentración en las puertas del Juzgado Federal de San Martín “para pedir la revocatoria a los sobreseimientos y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables”.

Por La Alameda:

A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra, pedimos justicia ante la Cámara Federal de San Martín

El 12 de octubre pasado el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrian Charbay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra López Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud.

Días antes, el Juez Charbay rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas en la misma empresa. Sin embargo, Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa.

La Alameda como querellante de las victimas apela el sobreseimiento y también apela el rechazó de Charbay a la causa que le envía el Juzgado penal de Campana. Charbay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa.

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte del niño de seis años, Ezequiel Ferreyra, víctima del trabajo infantil desde los cuatro años en esa empresa, donde era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y donde frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. El caso de Ezequiel recorrió el mundo porque, cuando apenas cumplía cuatro años, la Alameda y el MTE lo habían filmado trabajando junto a otros niños en agosto de 2008.

La empresa avícola Nuestra Huella que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo posee setenta granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas. La Alameda-MTE han logrado acreditar con testigos y filmaciones desde el 2008 numerosos casos de trabajo esclavo e infantil, incluso en el 2011.

En marzo de 2008, un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. Así comenzó la causa que acreditó la trata y que el Dr Charbay no quiere recibir. En Agosto de 2008, las imágenes de los niños trabajando en varias de esas granjas que hicieron la Alameda y el MTE recorrieron el mundo. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.

La evidencia recogida en el 2008, más una investigación propia realizada por la Fiscalía Antitrata Nacional que preside el Dr Colombo, derivó en una denuncia contra la empresa por trata de personas ante el Juzgado Federal de Charbay.

Tiempo después, otra investigación de octubre de 2010 del INADI que fue remitida al Juzgado de Charbay, también acreditó la trata de personas en la empresa.

El 24 de mayo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas, Joy Ezeillo, acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas en su contra.

No es un dato menor que la presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo, es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro, Tampoco que su cuñado, es el titular de UATRE local, Jorge Herrera. La complicidad de la intendencia y del sindicato local que tendría que defender a los trabajadores explotados con la empresa esclavista fue demasiado evidente todos estos años. Varias grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las víctimas a cambio de que levanten las denuncias fueron presentadas ante la justicia y los medios por la Alameda. La Intendencia local siempre minimizó las denuncias y el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, patrocinó durante años a los directivos de la firma.

En este marco de complicidad y encubrimiento se inscribe el accionar completamente arbitrario del Juez Federal Charbay que nunca quiso unificar las causas, que rechazó la del penal de Campana cuando este acreditó la trata y que sólo se limitó a hacer “como si” fuera a hacer justicia cuando la muerte de Ezequiel conmocionaba al país, esperando pacientemente que bajara la marea mediática, para dejar a todos los directivos impunes.

Los trabajadores denunciantes, junto a la Alameda y el MTE, no sólo han apelado los últimos fallos de Charbay, sino que además se movilizarán mañana miércoles, a un año de la muerte de Ezequiel, ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables.

Los esperamos este miércoles 16 a las 11 hs en las puertas del Juzgado Federal de San Martin, ubicado de Guemes 3053.

Felíx Díaz denunció que atacaron a sus familiares con armas de fuego

MIÉRCOLES 9 de noviembre de 2011

Ayer, Félix Díaz, cacique de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), denunció que su hijo y su nieto fueron atacados con armas de fuego por personas que responden a Alberto Celía. El hecho sucedió en Formosa, donde Celía es acusado de haber usurpado tierras que pertenecen a la Comunidad Qom. Ante esta agresión, Díaz exigió que se reanude la mesa de diálogo tanto con el Gobierno nacional como con el provincial.

A continuación, reproducimos la siguiente información:

Comunicado Urgente: Atentado contra menores de la familia de Felix Diaz

Por Felix Diaz, qarashe de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh

En esta mañana, martes 8 de Noviembre, ha sucedido algo desagradable a mis hijos y mi nieto, ambos menores de edad, en la cual sufrieron un atentado con armas de fuego de parte de los personales del Sr. Alberto Celía, donde con él tenemos conflicto por usurpar nuestras tierras.

Por suerte salieron ilesos, y estamos realmente muy dolidos en este momento por tanta injusticia que seguimos pasando como comunidad y como lider del pueblo Qom me presionan con diferentes tipos de agresiones de parte de estos usurpadores del territorio indígena.

Ojala que el Gobierno Provincial de Formosa tome solución sobre este tema y que no nos persigan y que se haga justicia para nuestros pueblos y que podamos volver a tener la libertad y seguridad en nuestra comunidad.

Que este llamado que hacemos al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial tomen en serio y que reanude la Mesa de Diálogo para solucionar este problema grave que esta pasando en la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh.

Basta de impunidad, justicia para el pueblo Qom.

Por Rita Venturino

URGENTE - Qom - Formosa –

Dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Díaz

Formosa, 8 de noviembre de 2011 - Un integrante armado de la familia usurpadora del territorio Qom, Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa, Argentina, de nombre Alberto Celía, ha realizado en el día de hoy, alrededor de las 14 hs. disparos con arma de fuego contra el nieto, Edgardo Díaz, y el hijo, Rolando Díaz, del Qarashe de la Comunidad, Félix Díaz. Las balas no los alcanzaron, se encuentran a salvo por el momento, pero en riesgo permanente de ataques. Intentan en estos momentos hacer la denuncia que esperamos que les tomen.

El 23 de noviembre se va a cumplir un año de la represión en que la policía de Formosa y la Gendarmería nacional desalojaron violentamente un corte de ruta nacional 86, que llevaba a cabo la Comunidad en reclamo de los territorios usurpados por la familia que no solo hasta ahora no los ha devuelto sino que los ataca a balazos, los mismos que aquel día intentaron fusilar a Felix Díaz. La Universidad Nacional de Formosa y Parques Nacionales también son usurpadores. Asesinaron a Roberto López, hirieron a mujeres, ancianas, los detuvieron con menores y todo, los tuvieron días sin comer y sin atención médica, a algunos hasta ahora. A los que tenían les quemaron sus DNI, pertenencias, viviendas.

A raíz de esto reclamaron por cinco meses en Buenos Aires acampando en Av. De Mayo y 9 de Julio, y con dos huelgas de hambre, reclamando justicia, devolución de las tierras, acceso al agua, salud, DNI, todo fue acordado dos veces con el Gobierno nacional, pero a la fecha nada se cumplió. Ni siquiera les dieron los DNI.

Edgardo que hoy fue atacado, es un niño. En conferencia de prensa, junto a legisladores, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, frente a muchos medios y mucha gente, se pidió especialmente por el caso de él, en pleno centro de la Capital argentina, y de otras personas de la Comunidad que nunca tuvieron siquiera documentos, eso fue hace más de 8 meses, al día de hoy ni siquiera eso les han facilitado. El estado inexiste desde el punto de vista legal, tanto del respeto a la propiedad del territorio indígena, leyes y tratados, como de la vida humana y la identidad; los civiles aprovechan y pisotean sobre ese ejemplo, tiran a matar como hacia animales de caza, cuyo único valor es su territorio, del que quieren sacarlos como sea para quedárselo.

Lo concreto hasta ahora son las persecuciones judiciales contra los indígenas si reclaman lo que es su derecho, para eso no se respeta la ley: para atacarlos en favor de los ricos, los poderosos y los usurpadores se acomodan, la justicia responde. Ni organismos internacionales al tanto, como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que recomendó al Estado nacional proteger la vida de los miembros de la comunidad, ni organismos de derechos locales, legisladores, etc., ni el reclamo en el centro de Buenos Aires a vista de todo el mundo, hizo que el Gobierno nacional y Provincial cedan en lo más mínimo siquiera en dejar de obstaculizar el acceso a derecho, ni que la justicia actúe justamente.

La tierra es nuestra vida, no queremos más muertes a cambio de tierras, ni de nada, el agua, la tierra, la vida, no se negocian. Para quien no pueda respetarlo por sí así, existen leyes, tratados internacionales y reconocimiento de la Constitución nacional de que esto no puede suceder. Debe cumplirse, o debe haber condena pública de los responsables, juicio y castigo. La impunidad es un crimen que se reproducen en muchos más cada día, cada vez más crueles. Basta de tratar de imponer por el terror lo que no se puede, que es aceptar la muerte que significaría perder el territorio, la cultura y la vida.

La Casa San Pablo cumple 23 años

25 años del centro de día LA PALOMA...

Contra las violencias, el machismo y los punteros

Nota publicada por la Revista “La Pulseada” sobre el trabajo de las Defensorias Barriales de Mujeres del MEDH.

La hermana Ana Inés Facal coordina las Defensorías Barriales de Mujeres del MEDH, una red participativa que capacita, sin adoctrinamiento ni victimización, a mujeres y chicos del Conurbano. La Pulseada la entrevistó sobre este espacio gestado después de 2001 que hoy motorizan 400 mujeres en 26 barrios. Logros, vínculos con las estructuras de poder zonal y diagnósticos. Más del 80% de las consultas que reciben es por violencia física contra la mujer.

Por Josefina López Mac Kenzie

“Casi 400 mujeres participan, contando las que están siempre en las defensorías y las que pasan por ellas semana a semana buscando sostén y asesoramiento, buscando reconocerse como compañeras de luchas y de clase en una realidad donde las mujeres están borradas, invisibles, alienadas o deben llevar identidades a pedido de los demás: ser la mujer abnegada, buena esposa, buena madre pero silenciada en su deseo, sus palabras, su identidad más profunda”, evalúa Ana Inés Facal, coordinadora de las Defensorías Barriales de Mujeres (DBM) del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Hoy funcionan 26 sedes, en parroquias o centros de referencia del Gran Buenos Aires (ver aparte). Allí se capacita, asesora y acompaña en lo práctico a mujeres y chicos víctimas de maltrato físico, abandono, adicciones, abusos y otras violencias, y se brinda formación teórica para fortalecerse contra las violencias.

Empezaron en 2002, “cuando las mujeres, sobre todo, estaban poniéndose la familia en la espalda y los hombres −proveedores− estaban ninguneados por el sistema, deprimidos o eligiendo la violencia como forma de afirmar su primacía en el ámbito familiar a pesar de ‘todo’”, reconstruye Facal. El MEDH, un organismo de derechos humanos con tradición en la promoción de defensorías, venía trabajando en los barrios con una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. Con este antecedente fueron forjando, de a poco, el modelo actual, participativo.

Y la semilla prendió: “Continuamente nos piden nuevas capacitaciones en nuevos barrios. En general, lo piden mujeres que se enteran de la existencia de las defensorías y, cansadas de otros espacios de participación, buscan algo nuevo −cuenta Facal, y agrega−: El fenómeno nos maravilla porque estrictamente no depende de un proceso de ‘adoctrinamiento’ de las coordinadoras, sino que surge como algo espontáneo, de su participación activa, autónoma, colectiva, sostenida, y es resultado del aspecto autogestionario. Ellas deciden, comentan, estudian, se abren a otros espacios, comparan, discuten, aprenden, luchan en espacios de poder (juzgados, comisarías, municipios) desde la identidad que la participación les ha ido dando”.

Los frutos se ven en cada barrio, donde mujeres no profesionales que participaron de las capacitaciones reproducen la red. “Se van dando resultados asombrosos, como la profundidad de la conciencia social, política y solidaria, crítica del sistema, de las compañeras. Ellas mismas se organizan, atienden, acompañan, se hacen amigas… y transforman sus miradas y posturas ante la vida”, analiza Facal.

Además, las DBM dieron pie al Espacio de Jóvenes del MEDH, adonde confluyen, en torno a proyectos sociales y artísticos, chicos de veinte centros de día o parroquias de distintas iglesias. Este vínculo nació con la preocupación de las madres ante los castigos sociales más frecuentes para los chicos más pobres: la violencia policial e institucional, la falta de oportunidades o el consumo de pasta base.

Una radiografía de género y clase

La contracara de esta ebullición son las razones por las que las mujeres acuden a las DBM. “Violencia contra la mujer, en un 80% o más de las consultas; violencia contra chicos y chicas, abuso sexual infantil y violencia institucional contra mujeres (por ejemplo, revictimización después de separaciones o divorcios) y contra chicos y jóvenes (maltrato de servicios zonales, juzgados de familia, Policía)”, detalla Facal. Esto puede tomarse como “una radiografía de la situación de desamparo institucional −asegura−. Y su corolario, lamentablemente, es el número creciente de casos de mujeres que tras múltiples denuncias o de separarse, mueren a manos de sus agresores”.

Otras “fotos” violentas son las amenazas sufridas por mujeres que pretendían vincularse con las DBM y la “condena social” (de punteros, de parejas, de líderes religiosos) a esta experiencia, resumible en un comentario habitual: “En vez de quedarse a cuidar los hijos van a esas reuniones. Así quieren separar familias”. Es que las DBM, analizan desde el MEDH, “no son lugares adonde se viene a llenar el estómago (comedor) o el bolsillo (subsidio), sino que predomina la palabra”, y “no le conviene al sistema político punteril que las mujeres dejen de ser’ clientas’”.

Ante problemas concretos (de justicia, salud, educación, documentación, maltrato físico), las DBM salen a mediar con instituciones locales y zonales por donde tramita la vida cotidiana. Así, pivotan entre las violencias privadas, estatales y sociales, la cultura del machismo y la operatoria de los punteros partidarios.

“Con el Estado tenemos una relación de articulación en lugares donde se puede construir… Las mujeres van constantemente a servicios zonales, comisarías, juzgados. Acompañan a las que llegan y a las que no son escuchadas. No siempre es una relación fácil. A veces hay que pelear contra el maltrato, la desidia, la burocracia, la revictimización. Muchas veces intentan cooptarlas para el trabajo punteril, sin resultados duraderos. Y hay obstáculos con algunas oficinas, situaciones increíbles de abuso de poder, ignorancia de parte de los servicios estatales en materia de violencia de género…”, describe Facal.

“Pero muchas veces en esos lugares al escuchar ‘MEDH’ cambian su modo de atender y responder. Y cuando se logran resultados se refuerzan el entusiasmo y la confianza. En casi todos los municipios −continúa la coordinadora− las defensorías son muy reconocidas porque es casi la única experiencia de trabajo en terreno profundamente comprometido llevado a cabo por las mismas mujeres de los barrios, que, sin ser profesionales, hacen un trabajo impecable, eficiente y comprometido por las mujeres que sufren distintos tipos de violencia y por sus hijos e hijas”.

“A veces, las estructuras de las iglesias desconfían de este proyecto, no se lo creen o no están dispuestas a dar este espacio. Por ejemplo, algunos dijeron: ‘Ah, yo creí que eran profesionales quienes iban a venir a atender a las mujeres… no, así no nos interesa’. Y otros boicotean. Pero felizmente también hay muchas iglesias que las reciben, les abren las puertas, les ‘dan las llaves’ y ellas despliegan lo suyo, aportando de verdad una corriente de participación y vida nueva en esas comunidades”. Es que las iglesias, opina Facal, “con todas sus limitaciones y defectos institucionales (que son muchos) siguen siendo para la gente de los barrios pobres un lugar confiable donde trabajar auténticamente sin ser manipulados políticamente (por punteros, por ejemplo) y un lugar que respeta su dignidad como personas”.

El trabajo en las DBM acaba de sumar un logro: pudo volcarse en un libro. “Estos momentos nos dan fuerzas para seguir nuestro camino y compromiso diario con las compañeras de los barrios y nos confirman que, en el contexto de hoy, es lo más valioso que hacemos”, concluye Ana Inés Facal.

El mapa de las defensorías

Hoy funcionan 26 DBM del MEDH en parroquias católicas o evangelistas, hogares o centros de referencia de las siguientes localidades del Gran Buenos Aires:

Zona norte: Talar de Pacheco, Béccar, Boulogne y Tigre. Zona sudoeste: Lanús Este, Wilde, Ingeniero Budge, Ezeiza. Zona oeste: Paso del Rey, Moreno, Merlo, La Reja, Mariano Acosta, San Justo. Zona sur: Quilmes oeste, San Francisco Solano, Florencio Varela, Quilmes este, Villa Itatí y Berazategui.

Para mayor información sobre la ubicación de las sedes: defensoria@medh.org.ar

El libro

Juntas de pie construyendo caminos. Defensorías barriales de mujeres. Sistematización de una práctica liberadora acaba de ser editado y presentado por el MEDH. Es una producción colectiva que llevó dos años de trabajo “exigente, duro y maravilloso”, califica Ana Inés Facal.

El libro, que se consigue en Moreno 1785, 1º piso (CABA), historiza las DBM, las enmarca en la historia del MEDH y narra los procesos de capacitación, participación y lucha de poder que se dan en ellas, en los pliegues de los barrios. También constan las dificultades, los casos de lugares donde el programa “se cayó”. Por ejemplo, en un barrio donde “una sucesión de hechos de gatillo fácil llevó a las mujeres a no salir de sus casas por miedo”, o en comunidades donde la parroquia, los líderes (profesionales, religiosos, partidarios) o “los maridos” no habilitaron su puesta en práctica.

La meta, propone la coordinadora, es “continuar con el proceso de acción-reflexión-acción en las defensorías. Que otras y otros trabajadores del campo popular lo lean y podamos enriquecernos mutuamente con otras experiencias que favorezcan la participación verdadera de mujeres y hombres de sectores populares”.