Por Washington Uranga
Si bien las
organizaciones y los movimientos sociales tienen una larga historia de
protagonismo en la Argentina para dar cabida y visibilidad de los
reclamos de parte de la ciudadanía cuando no hubo canales
institucionales para ello, en la vida reciente del país el año 2001
quedó marcado como un hito significativo para la emergencia de este tipo
de aglutinamientos y, sobre todo, para consolidar su incidencia como
actores protagónicos de la vida política. Durante la dictadura cívico
militar estas expresiones populares estuvieron orientadas a la
reivindicación de derechos fundamentales, de la justicia y,
posteriormente, de la participación ciudadana y el regreso a la
democracia.
En el 2001, sin embargo, después de la crisis social y económica
generada primero por el menemismo y luego por el gobierno de la Alianza,
la lucha y la protesta de movimientos y organizaciones se encaminó
directamente a la obtención de mejoras en la calidad de vida, a combatir
la pobreza y recuperar el empleo digno.Organizaciones y movimientos sociales pueden englobarse en una mirada similar aunque los especialistas dirán con razón que existen diferencias entre ambos. La investigadora Elizabeth Jelin define a los movimientos sociales como “acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social”. (“Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la Argentina”, en Calderón Gutiérrez, F. –comp., 1986–. Los movimientos sociales ante la crisis, UNU/Clacso/Iisunam, Buenos Aires). Puede decirse que este tipo de movimientos suelen permanecer de manera informal, como alianzas sociales semi permanentes en torno a una reivindicación específica o reclamando un derecho. También que los intereses coyunturales conllevan realineamientos y multiplicidad de formas a veces imprevistas. Ha pasado con varios movimientos de mujeres o en torno a la problemática de género. Mucho más en relación a temas o cuestiones sociales. En otros casos los grupos iniciales terminan plasmando en algún tipo de organizaciones permanentes con cierto grado de institucionalidad.
El 2001, como se decía, fue un tiempo de irrupción de los movimientos y organizaciones como nuevos actores en medio de la crisis. Estos nucleamientos fueron protagonistas, ganaron la calle, construyeron agenda y ocuparon el espacio público físico y virtual. También adquirieron legitimidad como genuinos representantes populares. Durante el gobierno de Néstor Kirchner hubo un gran esfuerzo de contención de estos actores buscando dar respuesta a sus demandas, ofrecer salidas desde el Estado y atender la agitación social. Así, mientras se ofrecían respuestas económicas y sociales (desde el otorgamiento de subsidios hasta la creación de puestos de trabajo) desde el mismo espacio estatal se hizo un severo intento de institucionalización de estos actores. El objetivo se logró a medias a pesar de que el otorgamiento de subsidios solo a quienes estuvieran institucionalizados se usó como herramienta de presión en este sentido.
Con altibajos y variaciones la misma política continuó durante los dos gobiernos de Cristina Fernández.
El peronismo, en general, y el movimiento sindical, en particular, nunca terminaron de aceptar con buenos ojos el crecimiento –tampoco la institucionalización– de las organizaciones populares a quienes, por una parte visualizaron como competencia de poder y, por otra, nunca pudieron encuadrar bajo su conducción. Si algo caracteriza a este tipo de organizaciones sociales y populares es su poca organicidad política, la falta de referentes permanentes (salvo algunas excepciones) y la manera muchas veces incontrolable con la que expresan sus demandas.
De todos modos el Frente para la Victoria (FpV) usando para ello todo el poder que le daba el manejo del Gobierno, intentó por todos los medios poner a estas organizaciones bajo su ala. Otro objetivo cumplido a medias. Pueden darse ejemplos como la Tupac de Milagro Sala –hoy arbitrariamente detenida en Jujuy– alineados con el entonces oficialismo, pero existen también otros movimientos (como Barrios de Pie, para dar otro ejemplo) que aún negociando en forma permanente con el Gobierno mantuvieron no solo su independencia sino su postura crítica y hasta opositora.
La economía social ha sido también un espacio de contención y encuadramiento mientras se generan alternativas económicas, políticas y sociales.
¿Por qué todas estas consideraciones frente a la coyuntura económica y política actual?
Porque en la Argentina de hoy estas organizaciones constituyen una indudable manifestación de poder popular. Estos grupos aprendieron en la lucha, incorporaron estrategias, logística y fortalecieron su capacidad de incidencia política y social. Fue un aprendizaje de años y en muchas batallas. Hoy son más potentes y organizados que en el 2001. Y no es extraño pensar que, a medida que empeoren las condiciones económicas y sociales y frente a la falta de posibilidades de canalizar legítimos reclamos, también se incrementen las expresiones de protesta y de demandas.
¿Motivos? En primer lugar el cierre de fuentes de trabajo. Y esto no solo por los despidos directos, sino por el empeoramiento general de la situación que cierra posibilidades aún para aquellos que se mueven en la economía informal. Pero al mismo tiempo entran en zona de incertidumbre un número importante de cooperativas de trabajo y de organizaciones menores que absorbían parte de la demanda del Estado en materia de obras y servicios públicos. Hay que sumar además el recorte que Cambiemos está haciendo en inversiones en materia social mientras aumentan los servicios y la inflación galopa. Todo afecta en forma directa a los sectores populares.
En la ciudad de Buenos Aires el PRO buscó –y logró muy parcialmente– cooptar a algunas organizaciones y movimientos. Pero será difícil repetir la experiencia en la provincia de Buenos Aires y en el país. En primer lugar porque estos grupos no responden ni a una lógica ni a un mandato unificado. Actúan cada uno a su modo, con intereses particulares y metodologías dispares. Esto hace difícil encontrar interlocutores para cualquier negociación. Pero además en los nuevos funcionarios tampoco hay experiencia para contener las demandas de este sector. El kirchnerismo aprendió en la calle y tuvo victorias y derrotas.
En Cambiemos saben que ese es un frente de posibles conflictos. El PRO trató de dar un mensaje con la represión a los obreros de Cresta Roja y en el municipio de La Plata. Genera escarmiento con la detención de Milagro Sala. Es el recurso habitual de la derecha conservadora: responder con represión a la demanda social.
Cabe preguntarse además cuál puede ser el grado de confluencia entre estos sectores y el movimiento obrero organizado si es que al panorama actual se suma un límite forzoso a la negociación paritaria.
Aunque nadie lo desee desde una sana perspectiva, se abre la posibilidad de un escenario de confrontación. En el gobierno del PRO siguen considerando esta posibilidad como un daño colateral que habrá que afrontar tarde o temprano.
