El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen hizo llegar a las autoridades nacionales el documento “Advertencia sobre la inejecución de las leyes nacionales N° 26.160 y 26.554”, un informe de 50 páginas, en el que se detallan los incumplimientos desde el orden nacional y los de cada provincia del país de la ley 26 160”.
En ese texto se hace notar “la preocupación que provoca, en la Argentina, la permanencia y ensanche de la brecha de implementación entre los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (Art. 75 Inc.17), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por supuesto de las leyes 26.160 y 26.554 y su efectivo uso y goce por parte de las pueblos originarios”.
“Estas leyes nacieron con la intención de demarcar los territorios de las comunidades originarias en el país prohibiendo entre tanto los desalojos y tuvo que prorrogarse debido al constante incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de los de sus deberes”, señaló.
Asimismo, expresó que “alarma que a la fecha sólo se haya efectivizado el relevamiento en aproximadamente media docena de casos en todo el país. Es de destacar que únicamente en la provincia de Misiones hay más de cien comunidades indígenas”.
Los equipos que conforman ENDEPA evaluaron, además, que “la realidad de una ley parece ser usada más para frenar los reclamos indígenas que para reparar el daño que durante más de 200 años sufren los pueblos originarios que habitan el país. El documento se ha presentado formalmente a las máximas autoridades de los tres Poderes del Estado y a cada uno de los organismos nacionales que debieran ocuparse de la cuestión”.
“La falta de implementación del relevamiento se convierte en una herramienta para la violación de todos los derechos indígenas por cuanto impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener la definitiva regularización dominial de los territorios que las comunidades ocupan ancestralmente”, advirtieron
Por último, ENDEPA dijo que “espera que este informe movilice a los funcionarios públicos responsables de su cumplimiento y a la sociedad toda en defensa de los derechos indígenas, que también son derechos humanos a respetar”.
