NÚMERO 532 – 23 de septiembre de 2009
1. El estado sigue gatillando día tras día.
2. La tortura, moneda corriente en comisarías argentinas.
3. Policía en el aula.
EL ESTADO SIGUE GATILLANDO DÍA TRAS DÍA
Día tras día, el estado argentino, como cualquier estado con ricos y pobres, sigue persiguiendo y matando pobres. En apenas días se sucedieron tres asesinatos en manos de las fuerzas represivas en distintos puntos del país.
El primero fue el 6 de septiembre, en Concordia, Entre Ríos. El oficial David Sotelo tomó un remise vestido de civil, asaltó a la remisera y la fusiló de un disparo en la cabeza. Alertado por el disparo, otro oficial se acercó al lugar y también fue muerto por su colega. Luego, Sotelo escondió los cuerpos en un descampado cerca de la escena del crimen y huyó en el remise. Algunos vecinos, alertados por la secuencia, llamaron a más policías y Sotelo fue arrestado y quedó detenido en la misma comisaría en la que reprimía.
El segundo hecho sucedió en un barrio humilde de la localidad bonaerense de Quilmes, el 12 de septiembre, cuando un muchacho de 19 años intentaba arrancar su ciclomotor. Llegó la policía. Lo redujeron, lo golpearon, lo palparon de armas y lo subieron al patrullero, en la parte posterior, separada de la cabina por un grueso acrílico. Poco después sonó el disparo. Según la versión policial (igualita a la que urdieron cuando fusilaron a Darián Barzábal en Los Hornos, o a Raúl Mola en Córdoba, ambos arriba del patrullero), fue que el chico tenía un revólver escondido en los genitales, que no fue advertido en el cacheo porque, según el jefe dela Policía Distrital de Quilmes, comisario inspector Jorge Oquendo, “lo palparon de armas en la parte de atrás”…
Como de costumbre, apareció un oportuno “perro”, un revólver 38 viejo y trabado. A pesar de que un vecino de la zona declaró al canal Crónica TV que “hay una testigo que vio que le pegaron unas cuantas patadas, lo esposaron, lo llevaron al patrullero, lo mataron y después lo sacaron del móvil”, la fiscal Bárbara Velasco liberó inmediatamente al oficial que asesinó al muchacho, considerando que el asesino actuó en defensa propia.
Por último, el 14 de septiembre, Hugo Coronel fue asesinado de un balazo por un cabo 1º de nombre Carlos, cuyo apellido fue reservado por los medios. Mientras acusan a la víctima de haber cometido un asalto y justifican la muerte al asegurar que el oficial actuó en legítima defensa, los familiares de Hugo afirman que el policía lo contrató hace 5 meses para un trabajo, que no le pagó, que lo acusó de robo y que Coronel terminó preso por tres meses. El lunes 14, se reencontraron y se reavivó el conflicto. Comenzó con insultos, siguió con trompadas y terminó el policía asesinando a otro joven pobre y morocho, que murió desangrado en los brazos de su mujer.
LA TORTURA, MONEDA CORRIENTE EN COMISARÍAS ARGENTINAS
Aplicada siempre sobre jóvenes como forma de control y disciplinamiento por parte del estado, la sistematicidad de la tortura y la invisibilización generada por el poder judicial a la hora de juzgarla, se hace pública con la denuncia y lucha posterior de los sobrevivientes y sus familias o cierta veces cuando le toca al hijo de un funcionario público.
En Río Grande, la misma policía incriminada en 2004 por la muerte y mutilación del obrero de la construcción Oscar Voulliez, visto por última vez subiendo a un patrullero, fue denunciada por haber bajado de un taxi a unos jóvenes que salían de un boliche. Les arrojaron gas pimienta y los llevaron a la comisaría, donde 8 agentes les quitaron todas sus pertenencias, los pusieron de rodillas con el rostro contra la pared y los golpearon con tal contundencia que les provocaron rotura de tabique nasal en un caso y hematomas a todos en el cuerpo.
El sitio digital Crónicas Fueguinas publicó que estas prácticas “… son moneda corriente dentro de las dependencias policiales, al punto de haber denunciado a adolescentes atados con cables tirados sobre bancos, o jóvenes al borde del coma alcohólico que son golpeados salvajemente aprovechando que están casi inconscientes, sin que hasta ahora se haya hecho nada al respecto".
En Chaco, la diputada oficialista Gladys Soto denunció públicamente que un grupo de policías torturó a su hijo y otros jóvenes que fueron encerrados en una celda de la comisaría 3ª de Resistencia, contando con una pericia que determinó lesiones producto de golpes de culata de arma de fuego. También en Chaco, pero en la ciudad de Sáenz Peña, un empleado judicial fue al comando radioléctrico a buscar a su hijo Maximiliano (27), presuntamente detenido por una contravención. Allí presenció una sesión de torturas que relató por Radio Atlántica: "para verlo me dirigí a la parte trasera interna del edificio donde lo encontré tirado, desmayado y totalmente bañado en sangre. También pude ver a otro detenido en el mismo lugar, esposado y tirado en el piso; el cual estaba siendo golpeado por cuatro policías".
La tortura no tendría continuidad si no fuera complementada por la actuación del poder judicial, que la disimula bajo la el artificio del "debate jurídico" apelando a figuras como vejaciones o apremios ilegales en los pocos casos que llegan a juicio. Así se puede comprobar en dos casos cuyas sentencias se conocieron esta semana, en Sarmiento y en Esquel, Pcia. de Chubut.
El hecho juzgado en Sarmiento, ocurrió la madrugada del 27 de abril, en inmediaciones del puesto sanitario de Ricardo Rojas, donde la víctima habría concurrido para acompañar a dos mujeres que requerían asistencia médica porque habían sido rociadas con gas paralizante en la vista. A ese lugar llegaron los policías lo agredieron y lesionaron para luego conducirlo a la rastra por dos cuadras hacia la comisaría de la localidad, donde lo dejaron en el calabozo. Los imputados fueron tres policías, inicialmente bajo la figura de apremios ilegales, y luego acusados, en el debate oral, por vejaciones, solicitando el fiscal cuatro años de prisión. El viernes 11 de septiembre todos fueron absueltos por el Juez Alejandro Rosales, bajo el beneficio de la duda. Uno de los policías absueltos, en actividad como jefe en Paso de Los Indios, reconoció que hay más de veintinueve casos donde están implicados sus compañeros de fuerza. En una clara señal de espíritu de cuerpo, pidió la intervención de sus superiores para que "revean" la situación.
En tanto en Esquel, el tribunal reconoció en la valoración de la prueba producida en juicio que: "en relación a los coimputados Montecino, Morales, Llancamán y Cárcamo, encuentro que el acuerdo o propósito común resulta haberse determinado a darle un escarmiento a los foráneos que habrían acometido contra Huincaleo, al punto de imponerle mediante acciones físicas y amenazas que se fueran del lugar y no regresaran, con el expreso fin de mortificarlos, violando lisa y llanamente sus derechos." Y a continuación dieron rienda suelta al "debate jurídico" explicando el significado etimológico de la palabra vejaciones, calificando de maniobras excesivas el accionar policial, para terminar demostrando con el fallo que el significado ideológico de las figuras jurídicas que siempre aplican a estos casos es que, si hay tortura, no se note.
POLICÍA EN EL AULA
Si todavía alguno se sorprende con la sanción de la ley que responsabiliza penalmente a chicos de 14 años de edad como si fueran adultos, eso no es nada, comparado con lo que ocurre en Catamarca.
En la Escuela Municipal Nº 1 del departamento de Valle Viejo, los chicos de 4º grado se encuentran vigilados por la policía, por orden de la jueza de menores Hilda Figueroa.
La cuestión empezó con una pelea entre dos alumnos de 9 años de la Escuela, y continuó luego con la discusión entre los padres de los chicos, convocados por la maestra. Uno de los padres, policía de la provincia, acudió a sus colegas y realizó la denuncia, argumentando que el otro nene era “peligroso”.
La jueza a cargo, que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, seguramente acongojada por la situación de inseguridad provocada por una criatura de 9 años, dispuso inmediatamente una vigilancia policial, apostando de modo permanente un agente armado en la puerta del aula.
Por los derechos de los niños, vigilancia policial para ellos. No sea cosa que crezcan sin sentirse vigilados, o, peor aún, sin saber quién es el que manda…
