El próximo lunes 10 de diciembre en
el Auditorio de la Universidad Nacional de San Luis se realizará la ceremonia
2012 de la entrega del Premio Rector Mauricio Amílcar López.
Este año lo recibirá el Cacique
Félix Díaz por su inquebrantable lucha y valor en la defensa del derecho a la
tierra, la protección de los recursos naturales, la salud y la educación. Todos
los años la Universidad Nacional de San Luis, a través de la Secretaría de
Extensión Universitaria, lleva adelante la gestión de la convocatoria y el
tribunal evaluador se conforma por representantes de la Asociación de Docentes
Universitarios, la Asociación del Personal de la UNSL, la Federación
Universitaria San Luis, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la
APDH San Luis y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Este Premio
es otorgado en el marco del Día de los Derechos Humanos a personas o
instituciones que se hayan destacado en la defensa y promoción de los Derechos
Humanos a lo largo de una trayectoria sostenida en el tiempo.
En esta oportunidad, y por decisión
unánime del tribunal evaluador, se entregará el premio al Cacique Félix Díaz
quien es líder de la comunidad de pueblos originarios, Potae Napocna Navogoh,
ubicada en la provincia de Formosa. Su postulación fue propuesta por el grupo
de Educación popular universitario “La Minga” y por la Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas, Lic. Martha María Pereyra de González, con las adhesiones de
la Cátedra Libre Mauricio López y la Universidad Trashumante, entre otras.
El Rectorado de la Universidad
Nacional de San Luis convocó, este miércoles 21 de noviembre por la mañana, una
conferencia de prensa para informar a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general a quien ha sido elegido para este importante reconocimiento
a los derechos humanos.
La conferencia fue presidida por la
vicerrectora de la UNSL, Esp. Nelly Esther Mainero quien mencionó la importancia
y trayectoria que tiene para la institución educativa la entrega del premio Mauricio
López, “el primer Rector de nuestra Universidad, que a la fecha continúa
desaparecido” expresó. Además se refirió al acta complementaria que la UNSL
firmó el pasado 26 de octubre con la Asociación Ecuménica de Cuyo y su
departamento de Trabajo en Derechos Humanos llamado Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos para intensificar el trabajo de búsqueda de enterramientos
clandestinos de la última dictadura militar en el Campo Las Lajas, ubicado en
la provincia de Mendoza. Cabe mencionar que El Campo Las Lajas es el lugar
donde se cree que podrían encontrarse los restos de Mauricio Amílcar López.
Estuvo presente también en la
conferencia de prensa la Lic. Ester Picco, quien explicó los fundamentos y
motivos por los cuales el tribunal evaluador seleccionó al Cacique Félix Díaz. “Su
invalorable trayectoria, su compromiso y coherencia en la defensa de los Derechos
Humanos, su militancia, justicia igualdad y solidaridad fueron fundamentos
suficientes para que el jurado tome una decisión unánime”, expresó la Lic.
Picco. Para concluir, sostuvo “el jurado evaluador decidió no otorgar menciones
especiales con el fin de darle al emblemático premio la relevancia que
realimente requiere“.
- La Perla: A sólo un día
de que comenzara el juicio oral en el marco de la megacausa La Perla en
Córdoba, uno de los imputados, el mayor retirado Aldo Carlos Checchi, se
suicidó en Buenos Aires. El militar de 67 años cumplía prisión a la espera de
ser trasladado para someterse al proceso de enjuiciamiento, pero se disparó un
balazo en el hospital donde estaba internado.
-Los organismos de Derechos
Humanos de la provincia reclamaron a la justicia que tome medidas para evitar
que se repitan situaciones similares con los 45 acusados restantes. “Resulta
inconcebible que quienes están acusados de cometer graves violaciones a los
derechos humanos se encuentren en condiciones que les permitan seguir atentando
contra la vida, sea la propia o la de los demás”, señalaron las organizaciones
en un comunicado conjunto.
- En tanto esta mañana comenzó el
proceso por las aberraciones cometidas en el principal centro de
detención ilegal y torturas del interior del país, La Perla, ubicada sobre la
autopista Córdoba-Carlos Paz, a escasos 20 kilómetros de esta
ciudad. La causa esperó más de tres décadas para ser juzgada y por momentos
navegó en el fango de la impunidad. Con sus cuatro centenares de víctimas y sus
46 victimarios sentados en el banquillo de los acusados, es el quinto juicio
por delitos de lesa humanidad bajo el imperio de Luciano Benjamín Menéndez que
se realiza en la provincia, y uno de los más trascendentes del país.
- Además, se trata del primer
juicio en Córdoba que va a juzgar el robo de bebés durante la dictadura. Uno de
los casos emblemáticos será el de la sustracción del nieto de Sonia Torres, la
titular local de Abuelas de Plaza de Mayo, quien busca a su hija Silvina, a su
yerno, y al nieto que nació en cautiverio y fue apropiado por la represión
(CIJ – Telam – La Mañana de
Córdoba- Página/12 – Tiempo Argentino – Clarín – La Nación)
- La Sala I de la Cámara Federal
de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por las defensas
de Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz, contra la pena de
prisión perpetua impuesta por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por delitos
de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
(CIJ)
- Esma III:El juicio oral
por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó ayer con la lectura de
acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la
maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese
centro ilegal de detención. La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo
ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura
cívico-militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié,
nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada. (Página/12 - Telam)
- Santiago del Estero:El
Tribunal Oral Federal leerá mañana la sentencia en el juicio de la megacausa
por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas en la provincia antes y
durante la última dictadura cívico-militar. La fiscalía reclamó prisión
perpetua para cinco de los diez acusados por delitos de lesa humanidad entre
los que se encuentra Musa Azar. (Tiempo Argentino)
- Salta:"Todos los
casetes y comunicaciones que recibíamos de España del general Perón entraban
por esa vía, por Tartagal y toda esa zona”, aseguró ayer la testigo Emma Renée
Ahualli en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en
Salta. Ahualli estimó que por esto ya desde los comienzos de la década del 70
la frontera norte de esta provincia era vigilada con especial ahínco por las
fuerzas represivas. (Telam)
- La Secretaría de Derechos
Humanos solicitó que se revoque la prisión domiciliaria de la que goza el
imputado José Javier De la Torre, acusado de haber cometido delitos de lesa
humanidad durante la dictadura cívico-militar, debido a que ha sido denunciado
por el abuso de una niña de 9 años el 8 de octubre pasado, en un complejo de
cabañas en Capilla del Señor, donde se encuentra cumpliendo arresto
domiciliario. De la Torre está acusado de haber cometido delitos de privación
de libertad, tormentos y homicidios cuando era capitán del Destacamento de
Inteligencia 121 del Ejército, en Rosario. (Página/12)
- Repudio a proyecto basado en la
teoría de los dos demonios. A través de un comunicado, la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre repudió ayer la media sanción del proyecto de ley
que propone indemnizar a familiares de los diez soldados que murieron el 5 de
octubre de 1975 durante el ataque de Montoneros a un regimiento de
Formosa. (Tiempo Argentino)
- Papel Prensa:La
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó esta mañana al juez
Julián Ercolini que se indague de forma inmediata y se diligencien una serie de
medidas probatorias por la apropiación de la empresa Papel Prensa, que tuvo
lugar durante la última dictadura cívico-militar. De esta manera, el
Estado pide que se tome declaración indagatoria a los acusados Ernestina
Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta
Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos, Jorge Rafael Videla,
José Alfredo Martínez de Hoz, Reinaldo Gregorio Bandini y Raimundo Podestá. La
presentación requiere también que la Justicia prohíba la salida del país a los
denunciados en la querella de Papel Prensa. (InfoNews- Telam)
- Rosario: La Escuela de
Enseñanza Media Nº 514 carecía de nombre, hasta ahora. Su comunidad educativa
dio a conocer ayer que la mayoría decidió, por voto, nombrar al establecimiento
como "Madres de Plaza 25 de Mayo", en homenaje a las mujeres que
sostienen en Rosario el mayor símbolo de lucha popular del país. (Rosario/12)
- La 32ª Marcha de la Resistencia
que Madres, Abuelas y otras organizaciones de familiares de desaparecidos
realizarán este jueves en Plaza de Mayo, además del tradicional recordatorio a
los “30.000 compañeros-detenidos-desaparecidos”, será en respaldo a la plena vigencia
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Abuelas de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la
Justicia e HIJOS se reunirán el jueves desde las 15.30 en Avenida de Mayo y
Bolívar. (Página/12)
- Un documental recordará la
figura de quien terminó con la vida del jefe de Policía Ramón Falcón. "El
anarquista Simón Radowitzky fue un verdadero héroe del pueblo". Con guión
de Osvaldo Bayer y coautoría de Rolando Goldman, y el guionista y realizador
Julián Troskberg, se estrena en mayo. El film, según Bayer, rescata la figura
de "alguien que mató para terminar con la violencia de arriba”. (Tiempo
Argentino)
- La Presidenta recibirá este
mediodía a su par de Ecuador, Rafael Correa, quien llegó al país para recibir
el premio "Rodolfo Walsh", que otorga la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). (Página/12 - InfoNews)
- Marita Verón: La
Sala II de la Cámara en lo Penal de la provincia de Tucumán dará a conocer el
11 de diciembre próximo, en horas de la tarde, la sentencia en el juicio oral y
público por la desaparición de Marita Verón. (CIJ)
- Paraguay:Los campesinos
de la Liga Nacional de Carperos de Paraguay se sumaron al reclamo de otras
organizaciones sociales y pidieron ayer a las autoridades una investigación
exhaustiva del asesinato del dirigente campesino Vidal Vega. Según la
Plataforma de Estudios e Investigación del Conflicto Campesino (Peicc), Vega
era un testigo fundamental en el caso conocido como la masacre de Curuguaty. (Página/12)
El
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA),
reunido en Buenos Aires del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2012, con la
presencia de los Delegados de las Diócesis de distintas regiones del país,junto a los Obispos de la Comisión de
Pastoral Aborigen (CEPA) y la
Asesoría Jurídica, hemos reflexionado y compartido la situación de los Pueblos
Indígenas y otros temas que inciden en ellos.
Uno de los temas centrales que
nos ocupa en estos días, es el tratamiento que se le ha dado a la Reforma,
Actualización y Unificación del Código Civil y Comercial. Proceso en el que no
se ha respetado el derecho de Consulta previo, libre e informado que ordena el
Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas y jurisprudencia internacional. Asimismo, el hecho de
que se considere la propiedad comunitaria indígena como un derecho real, se
otorgue el carácterprivado a la
personería jurídica de las comunidades, obviando la cláusula constitucional que
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas,junto a otros temas que este Equipoha manifestado en distintas audiencias
públicas desarrolladas.
Tenemos el firme compromiso de
continuar sosteniendo junto a los Pueblos y Organizaciones Indígenas el
reclamo, para que sean reconsiderado estos puntos, antes de ser aprobado el
Proyecto de Reforma, buscando la efectiva aplicación de los derechos
adquiridos, sin que sufran menoscabo alguno, y se adapte dicha regulación a la
normativa positiva nacional e internacional vigente.
También nos ocupa y preocupa,
la lenta implementación del relevamiento territorial ordenado por la Ley 26.160
y su prórroga Ley 26.554. Urgimos a su inmediata aplicación, dada la necesidad
de los Pueblos en regularizar sus territorios, los cuales se ven amenazados por
el modelo extractivo (minero, ganadero y agroforestal). Denunciamos la política
de fragmentaciónhacia las comunidades
indígenas que lleva adelante el organismo de aplicación de la ley –INAI- como
así también de los Gobiernos Provinciales y Nacional.
Asimismo, repudiamos el
accionar violento hacia los vecinos de las Asambleas Valle y Costa del NO a la
mina, acontecidos en la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, por parte del
gremio de la UOCRA,en ocasión de querer
acercarse a la sesión legislativa. También repudiamos todos los actos de
violencia y agresión que sufren Comunidades, Pueblos Indígenas y Asambleas
Ciudadanas, cuando defienden sus territorios y los bienes naturales.
Como creyentes en el Dios de
la Vida y la Justicia, en este tiempo en que nos preparamosa la Navidad, --en la que celebramos la
presencia de Dios, hecho uno de nosotros entre los más pobres-, deseamos una
sociedad más justa, solidaria, igualitaria, donde la Paz sea fruto de la
Justicia.
Buenos Aires,03 de diciembre
de 2012
ENDEPA (Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen)
Centro de Capacitación Integral Juan
Pablo II - Ruta Nac. 11 - km. 1180.
En
representación de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tebele y
Silvana Iovanna plantean su visión acerca del proceso de aplicación de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por Fernando Tebele y Silvana Iovanna *
A
tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y
mientras todas las luces están puestas en el 7-D y en la desinversión de los
monopolios, desde la Red Nacional de Medios Alternativos seguimos construyendo
comunicación comunitaria, alternativa y popular, sabiendo que, en esa fecha, no
se define nuestro futuro.
La nueva ley
generó expectativas entre los movimientos populares. Durante el proceso de
debate previo a la sanción aportamos nuestro análisis y reflexión que se
tradujo en propuestas concretas. Paralelamente, e incluso desde antes del
debate por la ley, hemos impulsado la creación de un centenar de radios y
televisoras con organizaciones de todo el país. También acompañamos su proceso
de construcción, capacitación y sustentabilidad político-comunicacional.
Los medios
nucleados en la RNMA analizamos nuestra situación ante la nueva ley en un
comunicado recientemente publicado (www.rnma.org.ar). Allí expresamos nuestra
preocupación por algunos pasos que se fueron dando en la implementación de la
norma, sin respetar lo que el texto exige ni nuestra especificidad como sector.
Por ejemplo. La
ley establece, como requisito previo a la entrega de licencias, la obligación
de armar y hacer público un Plan Técnico de Frecuencias: un mapa de todo el
país que muestre cómo está el espectro (qué porción está ocupada, por quiénes y
cuánto queda libre). Recién cuando sea elaborado, la Afsca debería, también
según la ley, reservar el 33 por ciento para los medios sin fines de lucro. El
Estado no ha realizado este plan técnico y, en consecuencia, no ha hecho la
reserva del 33 por ciento. Sin embargo, continúa con la entrega de licencias y
la apertura de concursos. Este incumplimiento, además de no respetar lo que la
ley exige, deja la puerta abierta a la entrega discrecional de las mismas.
Por otro lado, en
los concursos convocados por la Afsca, los medios comunitarios, alternativos y
populares tenemos que cumplir con bases y condiciones de pliegos que poco
contemplan la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro.
Tampoco diferencian y especifican a nuestros medios dentro de los prestadores
sin fines de lucro, equiparando a cualquier medio comunitario con fundaciones o
asociaciones ligadas a estructuras sindicales, eclesiásticas u otras, cuyo
poder político y económico está muy lejos del que pudiera tener una asamblea de
vecinos autoconvocados o los familiares y amigos de Luciano Arruga.
En el debate
previo a la ley quedó en claro que la necesidad de modificar el decreto de la
última dictadura cívico-militar (empeorado en sus mecanismos concentradores por
todos los gobiernos democráticos que la sucedieron, sin excepción), tenía como
objetivo principal la democratización del espectro radioeléctrico, dando lugar
a la multiplicación de voces y discursos.
Aunque el 7 de
diciembre se iniciara la desinversión de los grandes grupos, por la que hemos
luchado durante años desde nuestros medios, no se solucionarían los problemas
actuales. Las licencias de las que deban desprenderse los monopolios no
necesariamente volverán al Estado para ser sumadas a un espectro que colabore
en garantizarnos el 33 por ciento. Sino, más bien, serán transferidas entre
privados, pasando quizá de grupos poderosos a otros que también lo son.
La identidad de
nuestros medios comunitarios, alternativos y populares se define desde las
prácticas colectivas, las relaciones con la comunidad y la existencia de un
proyecto comunicacional por y para la organización popular.
Nuestra
problemática es particular y exige ser tratada de tal modo. Según la ley,
nuestros medios deben tener operadores técnicos y locutores profesionales,
¿cómo le explicamos a un integrante de la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalá,
Catamarca (por citar sólo un ejemplo conocido por las interferencias que sufrió
su señal en febrero de este año), que no puede operar la consola de sonido y
debe generar una relación de dependencia laboral con otra persona? No entender
que nuestros medios tienen lógicas diferentes a las de los medios comerciales y
aún a las de otros sin fines de lucro es no comprender nuestra singularidad.
Sin las voces que
se hacen oír desde sus propios medios porque los medios tradicionales no les
dan un lugar, la democratización será parcial. Y, según creemos, no existe la
democracia a medias: la pluralidad de voces y discursos es la única herramienta
para alcanzar ese objetivo. Sin la posibilidad de legalizar lo que ya es
legítimo, será imposible.
* Por la Red
Nacional de Medios Alternativos (RNMA).
Por medio de un documento público la Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA) fijó su posición ante la inminencia del denominado "7D". En
este sentido, la RNMA participará durante esta semana y la que viene de una
serie de charlas-debate en universidades nacionales y frente al Congreso
Nacional para difundir su posición. "La adecuación de los monopolios
mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la
comunicación. Además, si las corporaciones actuales fueran sustituidas por
otros grupos que concentraran discursos, sean privados o estatales, el objetivo
no se habrá cumplido", indica el documento. Por RNMA.
DOCUMENTO
DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS
Cuando las
agendas mediáticas ponen sus miradas en el 7 de diciembre, desde la Red
Nacional de Medios Alternativos (RNMA) consideramos que no hay que centrar el
debate de la democratización de la comunicación, de la diversidad y la
pluralidad, en torno a un solo artículo de la ley. Porque si hiciéramos eso
clausuraríamos la reflexión, reduciéndola a la actual puja polarizada y binaria
entre empresarios de medios con la misma lógica. Estaríamos desconociendo que
democratizar es mucho más que desinvertir. En este sentido reafirmamos nuestra
histórica posición antimonopólica y desconcentradora.
Desde la RNMA
entendemos que la desconcentración no es el único paso para multiplicar las
voces. La adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará
por sí sola la democratización de la comunicación. Además, si las corporaciones
actuales fueran sustituidas por otros grupos que concentraran discursos, sean
privados o estatales, el objetivo no se habrá cumplido. La desconcentración es
solo un paso, pero no el único.
Creemos que es
NECESARIO garantizar la MULTIPLICIDAD DE VOCES pero también la MULTIPLICIDAD DE
DISCURSOS. Y esto sólo se puede lograr con el reconocimiento de la identidad de
los medios populares, alternativos y comunitarios y su legalización.
Consideramos que la aplicación solamente del artículo 161, no traerá la
democratización de la comunicación porque:
La transferencia de
licencias que excedan del tope que marca la ley será entre privados que las
mismas corporaciones definan a través de un plan de adecuación aprobado por la
AFSCA.
No liberará espectro
que pueda llegar a engrosar el 33% que la ley define como reserva obligatoria
para las entidades sin fines de lucro, dentro de las cuales se encuentran
nuestros medios.
EL 7D se iniciará el
proceso de desconcentración de los grandes grupos. Sin embargo, no se solucionarán
muchas de las exigencias que le impone la ley a nuestros medios y que se han
transformado en trabas para la legalización de los mismos.
Solamente estamos
hablando de un proceso que afectará a 500 licencias de las 5000 que, según el
presidente de la AFSCA, existen en todo el país.
El 7D no democratizará
la distribución de la pauta publicitaria, que hoy es entregada en forma
discrecional y con alta concentración, a los grupos de medios que suscriben el
actual proyecto de gobierno.
El titular de
la AFSCA, Martín Sabatella, especificó en una conferencia de prensa las
implicancias de la adecuación de los grupos mediáticos a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual e instó al grupo Clarín a presentar su plan de
desinversión voluntariamente antes del 7D.
Los anuncios del
titular del organismo responsable de aplicar la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual consistieron principalmente en un desglose de los
grupos mediáticos cuya cantidad de licencias o cuota de mercado superan lo
establecido por la norma. A su vez, hizo hincapié en que “la ley es para todos,
no hay sociedad democrática en la que alguien elija cuál ley cumplir y cuál
no”, e hizo referencia a que existe un solo grupo que “se niega a presentar un
plan de desinversión antes del 7 de diciembre, después o nunca”, en clara
alusión al grupo Clarín.
Según los datos
presentados, los grupos cuya situación es más irregular son el Grupo Uno de
Daniel Vila y el ya mencionado Clarín en primer lugar y los siguen Cadena 3, el
Grupo Prisa y Telefé. El informe completose encuentra subido a la
web y puede consultarse allí cuáles son las exigencias de la ley que se
incumplen en cada caso.
"El 8 de
diciembre, absolutamente todos los plazos estarán vencidos y entonces el
Estado, a través del AFSCA, iniciará el proceso de transferencia de
oficio", explicó Sabatella. Hasta el día 7 de diciembre los grupos tienen
la capacidad de plantearle a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual su plan de desinversión. Luego de esa fecha, será la entidad
estatal la que determine qué licencias quedarán a disposición. El organismo
seleccionará cuáles de las licencias que les sobren a los titulares
infructuosos quedarán disponibles para licitar; iniciará un proceso de tasación
a través del Tribunal Nacional de Tasación, abrirá el registro de oferentes y
dará comienzo al proceso licitatorio. “El criterio de selección será licitar lo
de menos valor, para ocasionar el menor perjuicio económico al titular”, aclaró
el ex intendente de Morón. A su vez, agregó que al actuar de oficio “el Estado
garantizará el cumplimiento de la ley, el servicio televisivo o radiofónico y
absolutamente todos los puestos de trabajo en la condición que tuvieron hasta
entonces”.
"La amenaza
del titular de AFSCA de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales del
Grupo Clarín, implica un desafío al estado de derecho y constituye un
desconocimiento de la propia ley y del fallo de la Corte Suprema de Justicia,
que establece que el artículo 161 de la ley de medios está totalmente
suspendido para el Grupo Clarín por su presunción de
inconstitucionalidad", aseguró un comunicado emitido por Clarín en
respuesta a lo anunciado hoy. Aseguraron también que ese grupo ha sido “el
primero en cumplir la ley en todos sus puntos vigentes”, pero que el artículo
161 se encuentra “suspendido judicialmente”.
Los artículos 41
y 161 de la ley a los que hace referencia Clarín en su comunicado, refieren a,
por un lado, la cantidad de licencias permitidas para un mismo emisor, es
decir, 24 licencias de televisión por cable y 10 licencias abiertas de radio y
televisión, y, por otro, la obligación que tiene quien sobrepasa ese número de
desinvertir, lo que significa devolver esos permisos de emisión al Estado,
según el art. 161, “en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de
aplicación establezca los mecanismos de transición”. Rige para ambos artículos
una medida cautelar desde 2009, y en mayo de este año la Corte Suprema
determinó que el 7 de diciembre es el plazo límite para el vencimiento de esa
medida.
El comunicado de
los dueños de TN y Canal 13 agrega que la amenaza de Sabbatella "confirma
lo que el Grupo Clarín viene manifestando desde hace meses. Se trata de una ley
dictada con nombre y apellido, que quiere avanzar sobre las pocas voces
independientes que quedan en el mundo audiovisual, y que busca seguir
colonizando las radios y los canales de TV de la Argentina".
Por su parte,
desde el AFSCA, Sabatella aseguró: “La ley es para todos. Permite garantizar
pluralidad, diversidad, la democratización de la palabra y de las voces y para
poder hacer esto se necesitan aplicar estos artículos que hablan de enfrentar
la tendencia monopólica y la concentración mediática, las posiciones dominantes
que generan la competencia desleal”. Añadió: “Esta es una ley antimonopólica
que busca que no haya un gigante tomatodo que destruya al resto; permite que
haya pequeños, medianos y grandes, pero no gigantes tomatodos”.
Las TVs
comunitarias atacan
Por otro lado,
hoy se movilizará y realizará un festival en la puerta de la AFSCA el Espacio
Abierto de Televisoras Alternativas, Comunitarias y Populares para exigir que
los medios de estas características sean incluidos en la política de aplicación
de la Ley. Con el eje puesto en que la democratización del sistema de medios en
la Argentina incluye necesariamente que se garantice el 33% del espacio
audiovisual para los medios sin fines de lucro, afirman que es necesaria una
política específica para los medios comunitarios, alternativos y populares y
que el Estado debe garantizar ese derecho y fomentar y promocionar su creación
y sostenimiento, generando concursos específicos.
DOCUMENTO DE LA RED
NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS
A 3 años de la sanción
de la nueva Ley de Medios manifestamos que:
La lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de
los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares que hoy funcionan en todo el
territorio nacional lleva años sin soluciones concretas.
La falta de elaboración de un Plan Técnico (ordenamiento del espectro
ocupado y del libre), que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma
previa a los llamados a concursos, provoca discrecionalidad en la entrega de
las licencias.
Se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 % del
espectro que, por la nueva ley, debería ser destinada a las entidades sin fines
de lucro.
Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se
han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación
entre las entidades con y sin fines de lucro. Además no se adecúan a las
características particulares de los medios comunitarios, alternativos y
populares.
La desinversión que se iniciará el 7 de diciembre no garantiza la
democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas
al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes
puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro.
La vigencia del decreto 527/2005 que congeló por 10 años los plazos de
las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad de espectro y neutralizan
parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la
desinversión.
El viernes
pasado, en el marco del Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio
Social, distintos medios alternativos expresaron sus visiones respecto al 7D y
la situación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Durante los días
26 y 27 de octubre se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de
Comunicación para el Cambio Social (Encocaso) en la ciudad de La Plata. El día
26 por la tarde se realizó un panel de debate titulado: “¿Qué está en juego el
7D? La visión de la comunicación popular”. Allí expusieron su mirada Néstor
Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); Marcelo,
miembro de Barricada TV que a
su vez forma parte del Espacio de Televisoras Alternativas, Populares y
Comunitarias; Fabiana Arencibia de la Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA) y Adrián Pulleiro, profesor de la carrera de Comunicación Social de la
Universidad de Buenos Aires y miembro de Radio
Sur FM 88.3.
“Esta ley es una forma de saldar
la deuda que con el sector tiene la Ley de Servicios Audiovisuales, instrumento
que ha significado la democratización de los espacios televisivos y radiales,
pero ha olvidado a las publicaciones culturales gráficas y de Internet,
independientes y autogestivas, sin las cuales esa misma ley no hubiese contado
con canales de debate y difusión entre los diferentes actores sociales que la
hicieron posible. Este no es más que un ejemplo –importante, pero no aislado-
de la tarea social que cumple el sector: la batalla que allí se libra cotidiana
y sostenidamente contra la monopolización no sólo de productos, sino de
contenidos. No sólo de voces, sino de estéticas. No sólo de ideas, sino de
futuros posibles”. Este es uno de los fundamentos del proyecto de Ley de
Fomento para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural
por medios gráficos y de Internet que la Asociación de Revistas
Culturales Independientes (AReCIA) impulsa para garantizar la libre
circulación de publicaciones; entre ellas las que hoy se ven amenazadas por la
política de expulsión que quiere implementar el sector que controla la
corporación Clarín en el circuito de distribución de kioscos de la Capital.
La batalla contra la
expulsión
El Ministerio de Trabajo
intervino, a través de la creación de la Comisión Fiscalizadora de Ventas de
Diarios y Revistas, para impedir que se concreten las maniobras de expulsión de
las revistas culturales independientes. En ese marco, canillitas, editores y
recorridos están negociando las nuevas condiciones de comercialización, donde
un sector intenta imponer un costo fijo de 2.30 pesos por ejemplar vendido, que
se suma al 50% del precio de tapa que históricamente consume toda la cadena de
distribución. Por primera vez la propuesta del sector controlado por Clarín
discrimina a las revistas culturales independientes de las comerciales,
pretendiendo imponerles un costo fijo mayor.
Por su parte, la Dirección de
Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, convocó a una
reunión entre la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas y AReCIA
donde se planteó el rechazo a estas maniobras. También reunió a
representantes de universidades nacionales y de AReCIA. Allí las revistas
culturales independientes solicitaron, entre otras cosas, el apoyo al proyecto de
ley y la inclusión de las experiencias de autogestión editorial en la formación
de comunicadores sociales. Participaron de esa reunión Rodolfo Hamawi y María
Iribarren, de la Dirección de Industrias Culturales, Sergio Barberis, de la
Universidad Nacional de La Matanza, Carlos Zelarayan, de la Universidad
Nacional de Avellaneda; Darío Stukalsky, de la Universidad Nacional de General
Sarmiento; Natalia Giglietti, de la Universidad Nacional de La Plata; Natalia
Romé, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ; Matías Cordo, de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Daniel Campione, de la Biblioteca
Nacional .
Ante
los terribles hechos ocurridos en Provincia de Chubut el martes 27 de noviembre
en horas de la tarde, donde asambleístas no a la mina fueron gravemente heridos
por patoteros que actuaron ante la inacción de la policía que permitió la
brutal paliza.
Hemos recibido la siguiente
información por parte de quienes han sufrido esta terrible agresión:
Los
hechos ocurridos se desarrollaron cuando militantes de las organizaciones
socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) se
autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera pacífica como
habitualmente hacen, para defender la ley 5001 que prohíbe la mega minería.
El
Gobierno provincial mediante un marco regulatorio que debe emitir la Legislatura
de Chubut quiere anular esta prohibición.
En
ese momento fueron violentamente reprimidos por un contingente, contratado
en la ocasión, que se desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de
emplazamientos de doble vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo
represor con carteles pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad
de Paso del Sapo.
Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme a explicaciones de
los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la provincia del
Chubut semejante represión.
Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una
consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las
reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la
consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas
de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una
parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal
como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco
regulatoria propicio.
Ante
estos hechos que, una vez mas pretenden reprimir la legitima protesta social,
expresamos nuestra preocupación y repudio. Esta forma de “disuasión” viene
dándose a lo largo y ancho del territorio de nuestro país y no debemos
permitirla.
Exigimos
a las autoridades, que se respete la voluntad popular expresada en la ley 5001
que prohíbe la mega minería en el Chubut, que identifique de los agresores y
que se aplique sobre ellos las leyes correspondientes a estos graves hechos de
violencia.
Ante los violentos
acontecimientos sucedidos en la tarde
del día de ayer, 27 de noviembre del 2012, en la propia Legislatura provincial
de la ciudad de Rawson, el Equipo Diocesano de Pastoral Social de Comodoro
Rivadavia,repudia enérgicamente la represión que con todaimpunidad ha sido ejercida hacia un grupo de
pacíficos integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas que viene
manifestándose desde hace tres mesesrechazando
el Marco Regulatorio que se quiere imponer en la provincia para favorecerla actividad megaminera.
Una vez más, nuestra vida social
está siendo fracturada por actitudes de este tipo; una vez más, se apela a la violencia como único lenguaje y metodología coercitiva
paraimponer decisionestomadas de antemano y hacerlas pasar como
consecuenciasde una democracia
delegativa.
Acciones como éstas, deliberadas y
planificadas, constituyen un signo de intolerancia inadmisible como método de
solución de conflictos sociales; el gobierno debe garantizar y respetar a toda
la comunidad y a cada uno de sus integrantes el derecho a manifestarse. Rechazamos
la pasividad y la inercia de quienes miraban como ajenos,las escenasde represión que concluyeron con heridos, algunos de gravedad. A ellos enviamos
nuestra total solidaridad.
La
violencia no constituye jamás un modo de abordar las diferencias. Y no la
podemos justificar, mucho menos cuando se utiliza para disuadir opiniones
distintas.
Nosotros, como Iglesia, proclamamos
conconvicción de cristianos que la
construcción de una sociedad democrática solo se dará si hay participación y
protagonismo en paz y que esta debe ser estimulada y protegida desde un estado
obligado a resguardar la democracia, rechazando cualquier modalidad violenta deejercer el disenso.
La violencia es una mentira, como dijo
Juan Pablo II, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestras
tradiciones, la verdad de nuestra humanidad. “La violencia destruye lo que pretende defender: destruye la dignidad,
destruye la vida, destruye la libertad del ser humano.” [Juan Pablo II, Discurso en Drogheda, Irlanda, 29 de
septiembre de 1979].
Es
obligación del Gobierno restituir la escucha, sin negar, dilatar ni desoír los
reclamos que traen numerosos pobladores y vecinos a fin de que en el ámbito
legislativo se tomen las decisiones más apropiadas al bien común y no al
interés sectorial del momento.
Apelamos a que las
Instituciones asuman su protagonismo e independencia, contribuyan a la
resolución de todo conflicto y se comprometan a sostener y cuidar el
frágiltejido social, decididos a obrar
como dirigentes y ciudadanos responsables y que nunca más nadie padezca ni sea
testigo de violencia alguna.
Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia
Desde
el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-Regional Trelew, repudiamos
los hechos ocurridos en la tarde del martes 27 de Noviembre, frente a la
legislatura de la provincia de Chubut, donde grupos identificados con el SI a
la MINERIA, agredieron a manifestantes de las asambleas que vienen militando en
nuestra provincia en contra de ella.
Ante
la ausencia total del Estado, que debía garantizar las expresiones de cada uno
de los sectores, la violencia ganó la calle, hiriendo y lastimando, no
sólo a los manifestantes, sino a la DEMOCRACIA
Y
esto se genera por un gobierno provincial que busca imponer sin el adecuado
tratamiento e información a la población, un marco regulatorio para una
actividad que genera muchas dudas sobre sus potenciales beneficios al conjunto
de la sociedad, e impactando sobre el principal recurso de la provincia, que es
el AGUA.
Desde
el MEDH-Reg. Trelew, lamentamos que quienes tienen que velar por el bien común
pongan en peligro la paz social de la comunidad y exigimos el esclarecimiento y
castigo institucional a los responsables.
A
su vez, solicitamos a los representantes del pueblo en la legislatura, que
garanticen un adecuado tratamiento del tema, clarificando la información y
legislando para todos los chubutenses, los de hoy y los de mañana.
Que
el Dios de la Vida nos ayude a encontrar la verdad, a construir la justicia y a
garantizar la paz, que es VIDA en abundancia para todos.
Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos-Regional Trelew
Con una metodología que viene repitiéndose en distintos lugares del país
cuando las comunidades se organizan contra los emprendimientos extractivistas,
una patota que responde al intendente Arsani agredió con piedras fuera del
edificio del Concejo Deliberante a lxs vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha
por la Vida que se manifestaban frente al municipio. La policía intervino,
separando a ambos grupos. Una joven de la Asamblea resultó herida en la cabeza
por una pedrada, y ha sido llevada a un centro asistencial para su atención. Por
ECOS Córdoba
La Municipalidad
de Malvinas no dejó pasar a lxs vecinxs a la sesión pública del Concejo,
custodió la entrada con policías, reprimió con infantería, y envió una patota
para que agrediera a lxs miembrxs de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Anoche (21:·30)
lxs manifestantes se encontraban esperando la salida de lxs concejalxs, que
estaban labrando el acta de la sesión donde desestimaron de manera unánime la
ordenanza de resguardo ambiental.
Luego de un
escueto debate durante el cual lxs concejales dieron sus razones para el
rechazo del proyecto de ordenanza en distintos items, votaoron de manera
negativa. Según lxs funcionarixs, las nortmativas ambientales existentes están
a la altura de las necesidades actuales.
En relacion a la
consulta, dijeron que no acuerdan, pero que si la justicia se expide en ese
sentido, lo analizarán. Su principal argumento es que no van a debatir por
medio de una consulta popular la instalación de una empresa en la localidad.
De esta manera, con un nimio debate y con la presencia en el recinto de solo
dos personas de la Asamblea de Malvinas Lucha por la vida, se rechazó
totalmente la iniciativa impulsada por lxs vecinxs de la localidad.
Lxs manifestantes sostienen que lxs funcionarios son títeres del intendente Arsani,
y que dieron la espalda al pueblo.
Video: La
Represión Transgénica
Policía e
infantería repelieron a los convocadxs de Malvinas Argentinas, en su intento
por entrar en el Consejo Deliberante. No hubo heridos, ni detenidxs. Luego, se
realizó una represión tercerizada, a partir de cruces y piedrazos por parte de
vecinxs que responden al intendente Arzani.
De esta manera, el Concejo Deliberante de
Malvinas Argentinas rechazó por unanimidad el proyecto presentado por
iniciativa popular, en el que lxs ciudadanxs pedían crear una zona de resguardo
ambiental para limitar las fumigaciones, e impulsar una consulta popular
vinculante para decidir con el voto si querían o no la instalación de una
planta acondicionadora de granos de la multinacional Monsanto.
Personal
policial evitando el ingreso al Concejo Deliberante.
A partir de las
19, un grupo de vecinxs de la ciudad y de barrios aledaños, se hizo presente
frente al edificio del Ejecutivo para solicitar el ingreso a la sesión pública
del Concejo que trataría el proyecto presentado por la Asamblea. Sin embargo,
el Gobierno dispuso personal policial e infantería para evitar el derecho que
tenían lxs manifestantes de ingresar al acto público.
Frente a esto,
aproximadamente 100 vecinos intentaron ingresar para cerciorarse el correcto
tratamiento de la propuesta pero chocaron con el personal de seguridad en la
entrada del edificio, lo que provocó la rotura de una de las puertas de vidrio
y un par de disparos de bala de goma hacia el cielo.
“No les importa
ni nuestra salud, ni la salud de nadie. Sólo les importa el dinero (…) Ellos,
que no discuten sobre la salud, son lo que generan la violencia, no el pueblo
que reclama (…) Ellos no quieren someter a consulta popular porque tienen
miedo”, indicó Matías Marizza, integrante de laAsamblea
Malvinas lucha por la vida.
Represión
tercerizada
Posteriormente,
lxs manifestantes se dispusieron a esperar la salida de lxs concejalxs, que aún
se encontraban labrando el acta de la sesión para escuchar las argumentaciones
correspondientes.
Sin embargo, al
parecer, el intendente Daniel Arzani tenía planeada otra situación.
A medida de que
se fue oscureciendo, comenzaron a llegar vecinos con evidentes intenciones de
provocar a los integrantes de la Asamblea.
Entonando
cánticos a favor de la instalación de Monsanto y de Arzani, un grupo de
alrededor de 30 personas – jóvenes en su mayoría – comenzó a increpar a los
manifestantes con insultos y empujones.
Aproximadamente
15 agentes de infantería se hicieron presentes en el lugar.
Con una
metodología que viene repitiéndose en distintos lugares del país cuando las
comunidades se organizan contra los emprendimientos extractivistas, la patota
agredió gravemente con piedras de considerable tamaño a las personas que se
manifestaban fuera del edificio del Concejo Deliberante.
Una joven
militante del MST e integrante de la Asamblea de Malvinas sufrió el golpe de un
cascote en su cabeza, y tuvo que ser llevada a un centro asistencial para su
atención, donde le realizaron cinco puntos de sutura.
La policía, luego
de permitir el libre accionar de los agresores, intervino con un vallado
improvisado, separando a ambos grupos.
Cadena de
favores
Según
manifestaron los propios agresores, la patota atacó a los vecinos porque “no
iban a soportar que insulten a su concejala”.
Uno de los
cabecillas del grupo, autoreferenciado como Gonzalo Martínez, explicó que
pertenecen a la Agrupación Evita
y responden a la concejala Rosa Estela
Castañares, integrante del Partido de Unión por Córdoba.
“Si mi concejal
dice: ‘Monsanto no va en Malvinas’, Monsanto no va en Malvinas. Y si mi
concejal duda, yo dudo. Porque la elegí convencido, somos militantes del día a
día”, argumentó el puntero barrial.
Según trascendió
entre los vecinos, al dispersarse la manifestación, una funcionaria de la
Municipalidad repartió cajones de cervezas a los agresores, y posteriormente,
algunos de ellos fueron invitados a comer y tomar al Salón Palmeras, ubicado en
la 1era Sección de la localidad.
Un
grupo de treinta supuestos vecinos, agredieron con piedras a los manifestantes.
Gonzalo
Martínez: La voy a apoyar hasta
el día que me muera.
ECOS: ¿Por más de que sea ilegal? Porque la Ley Nacional
de Ambiente prevé los estudios ambientales previos y la consulta popular como
herramienta necesaria.
– Si mi concejal
está al margen de la ley, no la voy a poder seguir apoyando porque soy un tipo
de derecha, de derecha. Peronista hasta el último pelo de mi cuerpo. No pasa
por delasotista o kirchnerista, yo soy peronista.
– ¿Sabés cuándo
se termina la obra?
– Desconozco
– ¿Y cuándo se
decide el permiso definitorio?
– Por lo que
tengo entendido, Daniel (Arzani) iba a firmar el permiso una vez comprobado que
no se contaminaba. Desconozco cuándo es.
– Yo sé que mucha
gente que está acá y responde a vos, ¿No te pareció una actitud patoteril?
– De acá yo
manejo el 30% de la gente. El resto lo maneja la Agrupación, nuestra
agrupación, yo soy un referente. Somos de Agrupación Evita.
Nosotros no
estamos ni a favor ni en contra de Monsanto, lo único que hacemos es estar a
favor de nuestra concejal, porque nosotros la pusimos. Desconozco por qué
estaríamos a favor de la instalación de Monsanto.
Esto fue
totalmente espontáneo. Una revuelta, reaccionó la gente. Hubo una golpiza, un
par de piedras y todo se calmó ahí. Tranquilo.
