lunes, 13 de abril de 2015

Pastorales Sociales de las Diócesis de Alto Valle y Viedma – Comunicado...



. . .Interpelados por los acontecimientos que son de público conocimiento, vinculados a los hechos de explotación sexual de menores,  trata de personas, corrupción de los funcionarios del Estado y del Poder Judicial, hoy  afectado por la participación e imputación de un Juez de Cámara, con una   sociedad cansada de tanta impunidad, creemos que es necesario elevar voces para pregonar fuertemente lo siguiente:

      Al comienzo de la gestión actual de este gobierno, las Pastorales Sociales de los Obispados que tienen jurisdicción en la Provincia de Río Negro, nos pronunciamos explícitamente sobre varios e importantes aspectos en un documento al gobierno. Le solicitábamos  que actuara con seriedad y profesionalidad  para mejorar la atención y la calidad de sus funciones, especialmente después de tantos años de un gobierno radical, que terminaba con fuertes denuncias de corrupción, abuso de poder policial, una Justicia comprometida con los poderosos, la desprotección de menores y adolescentes bajo la responsabilidad del Estado.

    Pero claro está que ésto no ha ocurrido porque después de casi tres años, siguen produciéndose hechos aberrantes. Ya  en  septiembre hubo denuncias de abuso de menores ante la Justicia Federal, que no  prosperaron, ( por  lo que será denunciada la Fiscal Federal con jurisdicción de Viedma, según publicaciones de los diarios de la región, ante la Procuradora General de la Nación); hay ocho imputados en la causa de corrupción que ha conmocionado a toda la comunidad; el Superior Tribunal de Justicia resolvió un amparo donde exige al gobierno que cumpla medidas de protección para 200 menores del Alto Valle ( noticias publicada por el Diario Río Negro de fecha 29/03/15). El Estado tardó dos años en resolver y actuar frente a casos de " riesgo y vulnerabilidad" de menores. El Ministerio de Desarrollo Social no se hace cargo de las responsabilidades que le son propias, como tampoco lo hace el gobierno provincial, donde según la publicación del Diario de referencia, “su administración no conservó, en el mejor de los casos, las frágiles estructuras de contención de menores ".

    La convención sobre los derechos del niño, Ley 23.849, determina que son deberes primordiales atender los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, o sea son derechos superiores por los cuales el Estado debe velar y proteger.

   Tampoco se avanza en esclarecer otros delitos, como la desaparición de Daniel Solano y las denuncias de tráfico de personas relacionadas con su desaparición, todos obreros vinculados a empresas frutícolas de la región, que ha echado sospechas sobre la función de policías, jueces y fiscales que actuaron desde el momento de su desaparición y posterior asesinato. También se suman causas sin resolver como los asesinatos de Karen y Atahualpa y la desaparición de Nicola en Viedma, el asesinato de Otoño Uriarte en Fernandez Oro, las causas de explotación de menores en Gral. Roca  y los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche

    Nos preguntamos:

-     Que garantías nos da el gobierno provincial de desenterrar definitivamente estas maniobras de corrupción y abuso de poder?

-          El Ministerio de Desarrollo Social está profundamente afectado por la impericia y mal manejo de las cuestiones sociales?

-          El gobierno está solamente preocupado  por las elecciones próximas?

-          Los funcionarios, como la defensora del Pueblo y el Secretario de Derechos Humanos, no se sienten afectados por lo que pasa ya que no han elevado sus voces al menos en estos últimos acontecimientos?

-          Será posible romper la complicidad del poder político, judicial, policial, empresarial que permite que sigan multiplicándose los casos de trata de personas y explotación sexual?


    En este tiempo pascual, bregamos para que se respete la vida, la vida digna, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes, para que se cumplan con las leyes y las convenciones internacionales referidas a ellos y a las cuales la Argentina ha suscripto y para que se aplique la justicia con serenidad y equidad.

Pastorales Sociales de las Diócesis de Alto Valle y Viedma
6 de abril de 2015