Abril 2013
La CEPA (Comisión Episcopal de
Pastoral Aborigen), presenta un sintético informe sobre una cuestión sumamente
importe para las comunidades aborígenes presentes en el país: la aplicación
de la Ley 26.160 referida al Relevamiento
territorial, tema vital para que las comunidades puedan acceder al título,
al registro dominial de sus tierras y entre otras cosas evitar desalojos,
atropellos y lamentablemente muertes.
La ley fue sancionada en el año
2006 y ha sido una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha
contraído al reconocer los derechos de los pueblos indígenas. La Ley suspende
los desalojos y establece la realización del Programa de Relevamiento cuya dirección pone en manos
del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Aborígenes) dándole tres años para la
concreción y asigna $10.000.000 por año
de presupuesto.
A fines de 2009 al vencerse los
plazos, una nueva ley la 26.554 prorroga la suspensión de los desalojos
y ordena la continuidad del trabajo hasta
el 23 de noviembre de 2013 y destina otros 10.000.000 por año.
Es decir que a finales de este
año se cumplirán siete años del establecimiento del programa y al concluir
la prórroga de la Ley cesará la suspensión de desalojos.
¿Cuál es el estado real de
ejecución del relevamiento? La misma Auditoría General de la Nación informa
críticamente sobre su bajísimo nivel de
cumplimiento. Lo mismo denuncia el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas quien visitó nuestro país a fines de
2011.
Con la escasa, confusa y errónea
información que el INAI ha entregado, y con el aporte del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, de las 1.578 comunidades a relevar en todas las
provincias, (menos en Corrientes y San Luis), a seis años de la sanción de la
Ley fueron relevadas 378 es decir un 23,95 %.
De éstas sólo 197, es decir el
12,48% habrían concluido efectivamente el trámite.
Si se toman las provincias de más
alta conflictividad con los pueblos indígenas como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco
y Neuquén en las que está el 65% del total de comunidades, el programa sólo se
ha cumplido en un 4,11%.
Por otra parte, de los $
60.000.000 de presupuesto del programa, más de $23.000.000 fueron transferidos
a los Equipos Técnicos encargados de la
ejecución del trabajo, pero al mismo tiempo se transfirió una suma aproximada a
los $ 22.000.000 a la Universidad de Lanús
por “asesoramiento” sin que pueda haberse logrado determinar el carácter y las
circunstancias de contraprestación ya que esta suma ha sido utilizada por fuera
de las normas y controles de la administración pública.
Es decir, del total de
presupuesto del relevamiento (60 millones) se ha verificado al menos la
utilización del 76,41% del mismo para el relevamiento de tan sólo el 24% del
total de las comunidades, de las cuales únicamente el 12,48% ha sido concluido
efectivamente.
Por último, más allá de los
números que muestran la falta de transparencia en el uso de los recursos
públicos destinados a hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas,
son más graves aún las consecuencias. Las víctimas de esta política son los
pueblos y las comunidades indígenas, que de no prorrogarse nuevamente esta Ley
podrían sufrir penosas consecuencias.
Sobre este tema ENDEPA en la Semana de los Pueblos Aborígenes hará
oír su voz, presentando un documento o comunicado con la adhesión de otras
instituciones.
Muchas gracias.
+ Damián Bitar, Obispo de Oberá
+ Fernando Maletti, Obispo de San
Carlos de Bariloche
+Marcelo Colombo, Obispo de Orán
+ Joaquín Gimeno Lahoz, Obispo de
Comodoro Rivadavia
