El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos ve con preocupación la resolución adoptada por el Juez de Faltas Municipal de Trelew, Marcelo Gelvez, que ordena el desalojo de los predios ocupados en cercanías de la Ruta 3.
Sin haber aprendido la lección del violento desalojo ocurrido en agosto del 2009, se intenta nuevamente llegar por esta vía, a una falsa solución del problema, que sólo busca tapar una realidad inadmisible en la provincia: la falta de acceso a terrenos sociales para las familias más carenciadas de la ciudad.
Esperamos que los problemas generados a partir de una injusta situación que viven los sectores más postergados de la sociedad, no sean agravados por la violencia, que sólo genera más violencia.
Que el Dios de la vida, oriente a nuestros gobernantes a allanar a través del diálogo, el camino de una verdadera solución.
MEDH - REGIONAL TRELEW
INFORMACION COMPLEMENTARIA
La resolucion del Juez de Faltas Municipal de Trelew, Marcelo Gelvez, ordena el desalojo de los dos predios ocupados para efectivizarse el viernes a las 9 de la mañana. La orden dice textualmente:
"1) ORDENAR EL DESALOJO DE LAS PERSONAS Y EL RETIRO DE TODOS LOS ELEMENTOS ENCLAVADOS en los predios públicos y privados situados en Ruta 3, lindero al Bº Norte, corcunscripción 2 sector ... y que configuran asentamiento ilegal, conforme las acreditaciones de autos
2) INTIMAR a las personas que se encuentran en el predio referido a retirarse del mismo en forma inmediata. CASO CONTRARIO el día 27 de mayo A PARTIR DE LAS 9 HORAS personal municipal con el auxilio de la fuerza policial de ser neesario procederá a cumplimentar lo ordenado procediendo al secuestro y decomiso de los elelementos enclavados y utilizados con fines del asentamiento, los que serán depositados en dependencias municipales y a disposición de este Tribunal.
3) Notificar de lo dispuesto...
4) A EFECTOS DE SALVAGUARDAR el medio ambiente, la salubridad y paz social, se le hace saber al D.E.M. y a las Divisiones Policiales que pudieren actuar a proceder extremando todos los recaudos a efectos de garantizar la integridad física de las personas involucradas en la medida." FIRMADO: MARCELO DARIO GELVEZ- JUEZ DE FALTAS".
DIARIO EL CHUBUT 22 DE MAYO DE 2011
Ante la ola de usurpaciones, aguarda en Legislatura la ley de desalojos que fuera vetada durante el 2009
22/05/2011 | Día tras día se suceden las usurpaciones de terrenos en distintas ciudades de la provincia, en un problema que se agrava cada vez más y que no es nuevo, a tal punto que en febrero de 2009, la Legislatura había sancionado una ley de desalojos que luego fue vetada parcialmente por el gobernador Mario Das Neves ante la protesta de referentes de la Iglesia, del Inadi y de Comunidades Originarias, con el compromiso de que fuera mejorada y vuelta a aprobar. Pero pasaron más de dos años, y el tema sigue sin solución.
En aquel verano de 2009, en una sesión extraordinaria, la Legislatura había aprobado por amplia mayoría el proyecto elaborado por los legisladores del PJ Mariana Ripa y Miguel González, que estipulaba que en las causas penales por delitos de usurpación, en cualquier estado del proceso, «el Juez, a pedido del damnificado podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado fuera verosímil, fijando una caución si fuera necesario».
La norma que había contado con amplio consenso incluso del Pach y la UCR, disponía además que «en las causas en que el damnificado fuera el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o se tratare de bienes fiscales, el Juez deberá disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia al Estado».
Pero luego el Gobierno recibió a representantes de la Iglesia Católica y Evangélica para intercambiar información y opiniones sobre la ley, y Das Neves admitió que «no me termina de convencer del todo, porque es buscar un exceso en la ley», y aseguró que «si los jueces actuaran con criterio y con rapidez no necesitaríamos profundizar esa ley».
El mandatario había dicho dos años atrás que hay que diferenciar por un lado a los necesitados, y por el otro a algunos infiltrados de Quebracho, «donde algunos van con coche cero kilómetro, pone 4 chapas, una bandera y se van a su casa y hacen acto de presencia. Hay de todo mezclado, entonces nosotros vamos a estar de lado realmente del que necesita».
POLEMICA
Entre los argumentos contra la ley, Alejandra Tolosa, delegada Inadi Chubut había dicho que «parece entenderse el problema de los desalojos como un mero conflicto individual entre particulares y no se tiene en consideración las implicancias de la vulneración de derechos, que en muchos casos esto implica en relación a las personas en situación de pobreza y respecto a integrantes de pueblos originarios».
Por su parte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Trelew y la Pastoral Aborigen, afirmaban que «se pretende resolver un problema atacando las consecuencias y no sobre la verdadera causa, de uno de los problemas que se vive en Chubut y el resto de la Patagonia: el acceso a la tierra y la vivienda de los estratos más pobres de nuestra comunidad».
«Bajo esta doctrina que se pretende instalar en Chubut, se categoriza como «usurpador», a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, que ante la falta de vivienda, ocupan espacios no productivos o para los cuales no se han establecido fines específicos, para construir allí el hogar para sus familias», afirmaban.
Finalmente el gobernador Mario Das Neves vetó parcialmente la ley al sostener que «no resulta adaptado a la política de tierras seguida por este gobierno en trámites administrativos en pos de ejercer el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades aborígenes en la posesión y/o propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan».
En aquellos días, el presidente del bloque del PJ, Javier Touriñán, había sostenido que de «ninguna forma se trataba de llevar adelante una política contra los derechos que consagra la Constitución de la provincia hacia las comunidades aborígenes.
O sea, concretamente nos referimos a los asentamientos urbanos», por lo que en este punto, «se ha planteado que de ser necesario se puede modificar la ley y aclarar que los alcances no comprenden a las comunidades aborígenes».
Y aclaraba que no se buscaba un desalojo compulsivo, ya que el juez «actúa solamente sobre denuncias del damnificado.
Cuando se realiza la denuncia actúa el fiscal, que evalúa si es procedente o no, si tiene mérito suficiente como para tipificarlo dentro de ese delito» y remarcaba que «atrás de esto hay negocios inmobiliarios y algunos vivos que lucran con la necesidad de la gente, en esos casos hay que diferenciar».
