Una pandilla de bandidos tomó por asalto la presidencia de Brasil. La
integran tres actores principales: por un lado, un elevado número de
parlamentarios (recordar que sobre unas dos terceras partes de ellos
pesan gravísimas acusaciones de corrupción) la mayoría de los cuales
llegó al Congreso producto de una absurda legislación electoral que
permite que un candidato que obtenga apenas unos pocos centenares de
votos acceda a una banca gracias a la perversa magia del “cociente
electoral”.
Tales eminentes naderías pudieron destituir provisoriamente a quien llegara al Palacio del Planalto con el aval de 54 millones de votos. Segundo, un poder judicial igualmente sospechado por su connivencia con la corruptela generalizada del sistema político y repudiado por amplias franjas de la población del Brasil. Pero es un poder del estado herméticamente sellado a cualquier clase de contraloría democrática o popular, profundamente oligárquico en su cosmovisión y visceralmente opuesto a cualquier alternativa política que se proponga construir un país más justo e igualitario.
Para colmo, al igual que los legisladores, esos jueces y fiscales han venido siendo entrenados a lo largo de casi dos décadas por sus pares estadounidenses en cursos supuestamente técnicos pero que, como es bien sabido, tienen invariablemente un trasfondo político que no requiere de mucho esfuerzo para imaginar sus contornos ideológicos.
Tales eminentes naderías pudieron destituir provisoriamente a quien llegara al Palacio del Planalto con el aval de 54 millones de votos. Segundo, un poder judicial igualmente sospechado por su connivencia con la corruptela generalizada del sistema político y repudiado por amplias franjas de la población del Brasil. Pero es un poder del estado herméticamente sellado a cualquier clase de contraloría democrática o popular, profundamente oligárquico en su cosmovisión y visceralmente opuesto a cualquier alternativa política que se proponga construir un país más justo e igualitario.
Para colmo, al igual que los legisladores, esos jueces y fiscales han venido siendo entrenados a lo largo de casi dos décadas por sus pares estadounidenses en cursos supuestamente técnicos pero que, como es bien sabido, tienen invariablemente un trasfondo político que no requiere de mucho esfuerzo para imaginar sus contornos ideológicos.
