Pasaron treinta y cuatro años desde el golpe genocida cívico militar el 24 de marzo de 1976, y aunque tiempo antes de aquel asalto al Estado, desde la triple A ya venían asesinando a miles de hombres y mujeres comprometidos con la lucha por una patria con justicia social; esta fecha sintetiza la puesta en marcha de la maquinaria asesina más poderosa de la que tengamos memoria (desde el genocidio a nuestros pueblos originarios).
Este día, a pesar del dolor, queremos recordar a nuestros treinta mil desaparecidos como parte de una generación heroica, que estuvo dispuesta incluso a dar su vida por una sociedad mas justa, igualitaria y solidaria.
Hoy, como otros años, queremos reivindicar a nuestros compañeros como luchadores sociales y políticos. Como en otros momentos de nuestra historia nacional, pero con un nivel de masividad superlativo -comparable con las luchas por la independencia a principio del siglo 19-, durante las décadas del 60 y 70, el país vivió un proceso de enorme participación política del pueblo, en el que se debatía qué modelo de país se quería para el presente y para el futuro. Toda América del Sur era recorrida por movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos convencidos de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad solidaria y con justicia social. Hombres, mujeres, consientes de su lucha por la liberación nacional, el socialismo, revolucionarios y combatientes, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, pero con la convicción compartida, de que un futuro de justicia e igualdad se debía construir en un compromiso cotidiano, que cada uno llevaba adelante pensándose unido a otros miles de compañeros en un sueño común y al alcance de la mano.
La lucha por la justicia social, la unión latinoamericana, los derechos los trabajadores, de la mujer, de los jubilados y de nuestros chicos, fueron banderas de nuestros compañeros y son estandartes que nos siguen convocando. Somos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los docentes, las amas de casa, los religiosos, hombres y mujeres del pueblo; los que debemos transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares.
Y así, como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de estado, debemos estar todos junto a los trabajadores que frente a los argumentos empresarios de “la crisis”, resisten a los despidos, suspensiones y baja de salarios. Trabajadores ocupados y desocupados que frente al mecanismo perverso de la inflación, generada por los grandes intereses económicos formadores de precios, defienden la capacidad adquisitiva de sus salarios o planes sociales. Debemos exigirle al poder político la profundización e implementación de políticas que vuelquen la balanza hacia la defensa de las condiciones de vida digna de los sectores populares. En este sentido, el Estado en todos sus niveles debe dar el ejemplo en condiciones laborales y salarios dignos para todos sus trabajadores.
Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura.
A su vez, debemos unir nuestras voces y cuerpos para impedir que los grandes capitales sigan profundizando el saqueo de las riquezas de nuestros suelos, ríos, mar y subsuelos, nueva gran estafa que pagarán las próximas generaciones de argentinos, y que hoy ya pagan, desde Andalgalá a San Lorenzo, los pueblos contaminados, los campesinos desplazados, los pueblos originarios.
Del mismo modo, debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en la que están inmersos numerosos países de nuestra América del Sur y el Caribe.
La lucha por los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, de los jubilados y de nuestros chicos, son también banderas que nos convocan a la unidad.
El 24 de marzo de 1976, los militares golpistas, alcahuetes y empleados de los poderes imperiales, vinieron a barrer con esas luchas y esas banderas, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, y desplegaron un estado de terror sistemático. Utilizaron el aparato del estado para imponer una política en benefició de los grandes grupos económicos, liquidaron las libertades democráticas, las conquistas de los trabajadores y se dedicaron a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes.
Treinta mil desaparecidos, miles de presos políticos y exilados, torturas, asesinatos, robos de bebes, ejecuciones sumarias presentadas como enfrentamientos fueron el telón de fondo donde se desarrolló la tragedia de la nacionalización de las deudas privadas de grandes empresas como Acindar o el Swift, para generar la mas fabulosa estafa en la historia del país como es la deuda externa, la que deberá ser investigada.
La relación entre esas empresas y la deuda externa, entre otras denuncias, formaba parte de los expedientes robados de los tribunales rosarinos por los personeros de la impunidad. Pedimos que se reabra una investigación sobre la sustracción de esos expedientes.
Debemos señalar como otro de los aberrantes crímenes cometidos en el marco del terrorismo de estado, el desastre que la dictadura realizó en Malvinas, donde centenares de jóvenes también murieron heroicamente a pesar de la traición de los propios militares -los cuales jamás mostraron interés real por la soberanía nacional, que fue vendida vergonzosamente durante el gobierno de facto-. Hoy los sobrevivientes de la guerra -a los que todos acompañamos en su reclamo-, demandan que haya juicios por los vejamenes y tormentos a los que fueron sometidos por los militares golpistas, y que sean considerados crímenes de lesa humanidad.
Una vez más este legítimo reclamo de nuestro pueblo vuelve actualizarse por estos días en que los británicos, no contentos con usurpar nuestras islas, ahora se quieren apropiar del patrimonio petrolero que estas contienen y que por derecho nos pertenece.
Pero hay que decir que desde el mismo inicio del genocidio ya había empezado a gestarse la resistencia. Los organismos de derechos humanos, con Madres y Familiares a la cabeza, juntos decenas de miles de trabajadores, estudiantes, artistas, intelectuales y referentes populares, bajo múltiples formas, comenzaron la lucha y la denuncia activa contra el terrorismo de estado, que seguía matando, desapareciendo, robando los hijos de los militantes asesinados.
En lo económico, la dictadura había abierto las bases de la exclusión social, la desocupación, la precarización laboral, y el modelo de país del cual todavía hoy sufrimos las consecuencias: miles de familias sin trabajo, miles de niños y jóvenes sin oportunidades, nuevas formas de exclusión y de muerte. En esa faena los militares no estuvieron solos. Los acompañaron, los secundaron, los asesoraron distintos sectores como la iglesia, parte de los dirigentes de partidos políticos y dirigentes sindicales, importantes segmentos del poder judicial y periodistas, intelectuales y empresarios. Claro que muchos de ellos abandonaron el barco y buscaron reconvertirse cuando la dictadura fue derrotada.
A 27 años desde la caída de la dictadura y la instauración de un gobierno constitucional, las ilusiones y expectativas por el juicio y castigo se diluyeron muchas veces a lo largo de estos casi treinta años.
Al fervor del Juicio a las Juntas les sucedieron la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto, que permitieron que los asesinos quedaran en libertad y hasta se presentaran como “políticos confiables”, como el caso de Patti, Bussi o Pedro Pili Rodríguez.
Durante décadas el FMI signó las políticas económicas del país, profundizando los efectos devastadores de la política de la dictadura. Vimos que engrosar la lista de nuestros mártires con los nombres de Teresa Rodríguez, De Kostequi y Santillán, De Carlos Fuente alba, del Pocho Lepratti y Graciela Costa, de los asesinados 2001 entre tantos más. Cientos de jóvenes ajusticiados por el gatillo fácil. La cárcel y persecución de miles de luchadores sociales que levantando la bandera de nuestros desaparecidos no abandonaron nunca la lucha.
Aquí debemos hacer un señalamiento ineludible: porque 2001 no sólo significa la puesta en crisis de un modelo; para nosotros, los rosarinos y santafesinos, también es el recuerdo de nuestros muertos, el de las nueve víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez, y el compromiso permanente con el reclamo de juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini!
Ese mismo compromiso es el que nos debe impulsar para que el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López no se transforme en una consigna vacía. Su desaparición hace más de 3 años es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial.
Ese mismo compromiso es el que nos debe impulsar para que el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López no se transforme en una consigna vacía. Su desaparición hace más de 3 años es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial.
Ha pasado mucho tiempo. Pero a partir de la lucha popular logramos algunos triunfos. La caída y nulidad de las leyes de impunidad han abierto una nueva instancia, no sin dificultades y escollos: la acción sistemática del poder judicial para entorpecer y demorar los juicios y la complicidad de muchos estamentos de los poderes del estado en todas sus formas para que esto sea así.
Hemos tenido que denunciar en el marco del primer juicio contra los represores en Rosario (que se inició el 31 de agosto y debido a increíbles dilaciones aún no ha concluido), que este proceso no fue verdaderamente público; y que las dimensiones de la sala no contemplaron el derecho y posibilidad de presenciar y ser parte del mismo por parte de los organismos de DDHH, familiares, prensa y ciudadanía. La misma actitud han mostrado los jueces con relación al lugar donde se desarrollará el próximo juicio a los genocidas: el de la causa Feced.
Esperamos que los magistrados el día de la sentencia se reivindiquen, no esquiven las contundentes pruebas y documentos producidos durante el juicio y estén a la altura de la valentía de los testigos y querellantes, que volvieron a revivir el dolor de sus secuestros y torturas para que la sociedad sepa lo que hicieron los asesinos y haya justicia de una buena vez.
Consideramos este momento de juzgamiento a los represores de la dictadura como una victoria. Pequeña todavía -estamos hablando de sólo cinco represores-, pero victoria al fin. Será responsabilidad de todos nosotros continuar la pelea para que los genocidas tengan lo que corresponden: la cadena perpetua con cárcel común y efectiva. Si en 2009 conquistamos los juicios, este 2010 debemos garantizar las condenas.
Tenemos en claro que lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas, es el compromiso de millones de ciudadanos que se expresa en esta multitudinaria movilización; es la lucha de distintos sectores y organizaciones. Ese compromiso es el que nos posibilita afirmar que aquella consigna de Juicio y Castigo, no alude solamente al reclamo de justicia por los crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró. Como correlato, el juzgamiento a los ejecutores del genocidio conlleva una construcción social que reflexione y articule alternativas a la herencia de fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado.
Pero no queremos ni podemos quedarnos acá. Queremos ir por más. Queremos cada vez mas instalar los juicios contra los genocidas en toda la sociedad. Queremos ver condenados a los asesinos, y no a uno o dos, sino a todos. Queremos decir presente en cada uno de los juicios peleando en todas las instancias, en la calle y a través de nuestros abogados.
Para eso que los convocamos a hacerse presentes el día de la sentencia frente a los tribunales de calle Oroño. Los invitamos a sumarse, para crear una gran cadena humana y solidaria que nos permita llevar adelante este objetivo. Estamos convencidos que es la mejor manera de sintetizar la lucha de tres décadas y rendir el verdadero homenaje a nuestros desaparecidos y muertos.
¡Cadena Perpetua y cárcel común y efectiva para los genocidas del juicio Guerrieri-Amelong!¡Juicio y castigo para todos los represores y sus complices!
¡Por que las audiencias sean verdaderamente públicas y abiertas para la comunidad y la prensa!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Carlos Fuentealba. Y exigimos que esa Justicia que deja impunes a los asesinos de estos compañeros, no persiga y procese a los trabajadores en lucha!
¡Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre!
¡Exigimos la aceleración de las tantísimas causas por crímenes del terrorismo de estado que todavía duermen en los tribunales!
¡Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados ex combatientes de Malvinas, sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad!
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Por el triunfo de todos los luchadores populares en el camino de la distribución de la riqueza y la justicia social. 30.000 compañeros desaparecidos: ¡Presentes, ahora y siempre!
Firman:
Madres de plaza 25 de mayo (Rosario)
Familiares de ex detenidos y desparecidos políticos (Rosario)
MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Rosario)
APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Rosario)
H.I.J.O.S (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio-Rosario)
