Asunción, 5 de julio de 2012
S.E.R Mario Melanio Medina S.E.R Oscar Páez Garcete S.E.R Cándido Cárdenas Obispos miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
Excelencias,
Ante la crisis política que soporta nuestro país y que envuelve la responsabilidad de la Iglesia en el Paraguay, los coordinadores diocesanos de Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Diócesis de: Coronel Oviedo, San Juan Bautista de las Misiones, San Pedro Apóstol, Santísima Concepción del Paraguay, Carapeguá, Vicariato Apostólico del Chaco, Villarrica del Espíritu Santo, Benjamín Aceval, Vicariato Apostólico del Pilcomayo, San Lorenzo y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, fieles a nuestra misión y al mandato evangélico de que la “opción preferencial por los pobres implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza” (DA 391) y que innumerables veces aparece en el Evangelio, en los documentos de la Iglesia y en la misma línea de acción pastoral en Paraguay, acordamos presentar nuestra postura a nuestros obispos de la CEP, manifestando cuanto sigue:
Es muy evidente que el juicio político que se presentó es un eslabón más del proceso que hemos vivido en nuestro país desde la asunción del presidente Lugo y que ha llevado a este lamentable acontecimiento del golpe de Estado parlamentario (Conf. La viña de Nabot 1Re 21).
Después de 24 intentos de juicio político, materializado con la destitución de un presidente electo por amplia mayoría, se da un juicio político simulado por causas totalmente ajenas a lo que causa un juicio serio, como por ejemplo la paternidad del presidente Lugo, la cuestión ideológica, la amistad de Lugo con dirigentes Sin Tierra, etc.; lo acontecido fue un golpe de Estado y un duro revés al proceso democrático paraguayo.
Es muy doloroso vivir una violencia entre compatriotas campesinos y policías en el confuso y sospechoso suceso de Curuguaty, lo que nos lleva a instar a una profunda investigación, aclaración y castigo de los responsables sin olvidar que, aparentemente, todo fue un montaje de los políticos representantes de los grupos de poder, que luego utilizaron este hecho para justificar el golpe de Estado que dieron. Esto fue un claro oportunismo político de sectores que semanas antes habían negado el mismo tipo de juicio a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia y que pretendieron distribuir cerca de 50 millones de dólares a operadores políticos, a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Las expresiones y acciones de algunos obispos de la CEP que visitaron al presidente Lugo para pedir su renuncia, fueron luego utilizadas por algunos parlamentarios como Miguel A. (Tito) Saguier y Juan Carlos Galaverna para decir que la Iglesia ya apoyaba este juicio y fundamentar sus tesis de destitución del presidente.
La actuación de algunos miembros de la CEP, de solicitar al presidente de la República su renuncia, produjo sorpresa, confusión, dolor e indignación en los fieles y en la ciudadanía, principalmente en la gente más humilde: vimos por un lado la aprobación de sectores de poder, y por otro, la desaprobación de sectores populares, que consideran tal postura como un alejamiento de la Iglesia de los más pobres y excluidos.
Por otro lado, en nuestro diálogo fraterno con algunos campesinos afectados por los sucesos ocurridos en Curuguaty, hemos visto la necesidad urgente que la Iglesia acompañe en forma institucional a las víctimas en:
Atender humana y jurídicamente a los heridos, a los que están en las cárceles y sus familiares, así también en el proceso de liberación de los detenidos e imputados.
Impulsar para que las autoridades competentes otorguen el acceso inmediato a la tierra propia de los campesinos de Curuguaty, afectados por esta tragedia.
Exigir al Estado el esclarecimiento de los hechos y apoyar a los campesinos con la asesoría jurídica necesaria. Seguir trabajando, sin ambigüedades, en la implementación de la Reforma Agraria Integral y en la recuperación de las tierras malhabidas.
Para nuestra reflexión y reafirmación de la sospecha de todo el complot institucional, sabemos que uno de los personajes que está en la trama, el diputado Oscar Tuma, planteó el allanamiento de las tierras de Curuguaty y él mismo es el que ahora está trabajando para que se declaren reserva natural a esas tierras públicas. De esa manera se habilita al señor Blas N. Riquelme a seguir utilizándolas gratuitamente y enajenarlas al bien común.
Por tanto, con amor filial y en espíritu de comunión, solicitamos que los obispos hagan una declaración que rectifique la visión que se ha dado de la Iglesia de Jesucristo al pueblo paraguayo y al mundo en estos sucesos y, de esa manera, reafirmar su compromiso de pastores con los más humildes y desprotegidos (DA 394-395).
CC: A la Conferencia Episcopal Paraguaya
