En este 24 de marzo denunciemos
al Imperialismo que nos amezaza; exijamos juicio y castigo para el Poder
Económico que ayer gestó y se benefició del Genocidio y que todavía sigue
siendo el Poder Real para expoliarnos, destruir el medio ambiente e imponer
leyes represivas como la llamada Ley Antiterrorista, mientras la corporación
judicial sigue entorpeciendo el proceso judicial que debe hacer realidad
nuestras comunes banderas históricas de Verdad, Memoria y Justicia.
Los participantes en el Primer
Encuentro Sudamericano sobre Terrorismo de Estado y Empresas, realizado en el
edificio Cuatro Columnas de la ex Esma, en noviembre pasado, nos mandataron
para proponer a todos que en este 24 de marzo, centremos la crítica y la
acusación sobre la responsabilidad del Poder Económico en el Terrorismo de
Estado que perpetró un Genocidio. Un Poder Económico que tuvo nombre y
apellido: la Ford, la Mercedes Ben, Acindar, Ledesma, etc.. El
Poder Económico fue mucho más que la pata civil de la dictadura, y sigue
siendo el centro del Poder Real que está detrás de la aprobación de la mal
llamada Ley Antiterrorista por consejo o imposición del GAFI, una herramienta
del FMI, claramente un instrumento de ese Poder que ayer nos desaparecía y hoy
busca imponer ajustes como en Grecia o Italia y que ocupa nuestras Malvinas con
una Base Militar de la OTAN, mientras conspira contra los pueblos americanos y
siembra de bases militares y fuerzas especiales todo el continente.
Pensamos que en este 24 de marzo,
a cinco años del reinicio o comienzo de los juicios contra los crímenes del
Terrorismo de Estado, es necesario poner de relieve la responsabilidad de un
sector importante del Poder Judicial en el atraso de los juicios contra
los Terroristas de Estado, la fragmentación de las causas, el maltrato a los
sobrevivientes y la falta de investigaciones que no solo den cuenta del destino
de nuestros compañeros y del nombre de sus victimarios, sino también –como
señalamos más arriba- de quienes fueron los impulsores y beneficiarios de la
tragedia que sufrimos. Hace falta un esfuerzo articulado del Poder Ejecutivo y
Legislativo, de todos los ámbitos estatales involucrados en los juicios y
de los propios jueces para culminar con éxito la batalla contra la
impunidad.
Confiados en que sabrán
comprender y valorar el sentido de esta propuesta, los saludamos muy
atentamente.
Servicio
Paz y Justicia SERPAJ
Liga
Argentina por los Derechos del Hombre LADH
Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos MEDH
Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos APDH
Comisión
por la Memoria de Campo de Mayo
Movimiento
por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos Mopasol
Trabajadores
de Ford
