Viernes 10 de mayo de 2013
El
pasado lunes 8 de abril familias de pequeños productores agrarios asentados en
los parajes Las Coloradas y Virgencita, en el departamento de San Pedro,
Misiones, fueron brutalmente desalojados en el marco de un amplio operativo
policial que dejó heridos y detenidos. Ha pasado un mes y las familias
desalojadas se encuentran al costado de la ruta 17, tratando de sobrevivir
"con lo puesto", según informa en un video La Rastrojera
Productora Comunitaria.
Video
Por La Rastrojera Productora Comunitaria
Misiones: a un mes de los desalojos violentos y torturas a los detenidos
08/05/2013
| Desalojos violentos a familias agrarias en San Pedro y la falta de respuestas
por parte de la provincia. a un mes de los desalojos violentos y torturas a los
detenidos, el silencio predomina en Misiones, y los desalojados siguen
"con lo puesto..." al costado de la ruta 17. difundamos para que el
gobierno se haga cargo de una vez, no seamos cómplices de ellos.
Documental 24 minutos.
La
Rastrojera Productora comunitaria. Misiones . 2013.
Crónica del conflicto 16 de abril de 2013:
Violento desalojo de campesinos en Misiones: centenar de familias despojadas que el Gobierno intenta invisibilizar
Por Martín Sereno @martinsereno961
Carlos
Alvez Amaral tiene 54 años, diez hijos y pesa apenas 45 kilos. Su porte es
típico de los hombres desgastados por la dura vida del agricultor expuesto al
inclemente sol misionero: la espalda encorvada, la piel curtida y la delgadez
extrema hacen que a simple vista parezca mucho mayor. El pasado lunes 8 de
abril don Carlos terminó con dos costillas rotas y el tabique nasal desecho por
las certeras trompadas y patadas que recibió en una comisaría de la localidad
misionera de San Pedro. Amaral es uno de los trece detenidos tras un violento
desalojo de campesinos que habitaban dos parajes conocidos como Virgencita yla
Colorada, ambos de la localidad de Pozo Azul, en una zona rural, fronteriza y
poco accesible ubicada a 234 kilómetrosde la capital misionera.
El desalojo compulsivo de más de cien
familias fue ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en el
marco de una causa iniciada por la empresa Colonizadora Misionera SA,
propietaria de más de 29 mil hectáreas en la zona donde se ubican los dos
parajes mencionados.
Fue
el primer operativo de estas características desde el avenimiento de la
democracia en la provincia de las cataratas y el turismo internacional, marcada
también por los dramas sociales producto de la pobreza y por los conflictos por
la propiedad de la tierra que enfrenta a miles de familias dedicadas a la
agricultura de subsistencia, y a grandes terratenientes interesados en el
creciente negocio de la forestación.
Mas
de doscientas personas (entre ellos decenas de niños) ya llevan una semana
varadas en precarias carpas al costado de la ruta provincial 17 sin asistencia
de ningún tipo, pese a que cortan la ruta intermitentemente en reclamo de una
respuesta oficial. Quedaron literalmente sin nada, porque el operativo policial
no sólo incluyó la expulsión de las tierras, sino también la quema de sus
viviendas. Las familias tuvieron que rescatar algunas pocas pertenencias que
encontraron tiradas a los costados de las “picadas”, tal el nombre de los
serpenteantes caminos de tierra colorada que no alcanzan la categoría de
calles. Además, los efectivos soltaron a sus animales y destruyeron
herramientas de labranza.
Esta
historia comenzó hace meses, cuando el poderoso equipo de abogados de
Colonizadora Misionera SA aceleró judicialmente su reclamo ante el juez
Demetrio Antonio Cuenca. La empresa tiene dos frentes de conflicto: por un lado
le discute a la provincia el valor de las 19 mil hectáreas expropiadas por el
gobierno mediantela Leyde Arraigo y Colonización, por lo que las familias que
viven en estos predios todavía no accedieron a sus títulos de propiedad pese a
que la expropiación data del año 2004.
Por
el otro, inició la demanda de desalojo de las diez mil hectáreas restantes que
el gobierno provincial no incluyó en los planes de regularización de la
tenencia.
Hace
un mes, y ante los trascendidos del inminente desalojo, la lógica desesperación
de las familias -que habitan los lotes desde hace diez años en promedio- se
tradujo en una mesa de negociación en la que tomó intervención directa el
gobierno provincial para mediar entre la empresa y los damnificados con el fin
de aplazar la ejecución hasta tanto se reubicara a todos “en forma ordenada” en
otras tierras aptas para el cultivo y la crianza de animales.
Pero
este acuerdo no se cumplió, el gobierno no buscó tales alternativas y la orden
de desalojo llegó sorpresivamente, tanto como el operativo policial que incluyó
a más de doscientos efectivos dela Infantería, el Grupo de Operaciones
Especiales y agentes de todas las Unidades Regionales de la zona, fuertemente
armados y dotados de cascos y escudos.
Tristeza no tem fin
Las
familias asentadas en las tierras deLa Coloraday Virgencita son argentinas,
pese a que el cerco informativo del gobierno provincial pretendió hacerlas
aparecer como “usurpadores brasileños” en una obvia referencia despectiva al
movimiento de los sin tierra de Brasil. Nada más alejado de la realidad.
“Somos
argentinos, queremos trabajar la tierra y teníamos todo lo que necesitábamos.
No le pedimos nada al gobierno, solo que respeten nuestro derecho a la
propiedad del lugar que habitamos hace tanto tiempo”, refiere en perfecto
portuñol una de las agricultoras apostadas junto a sus hijos a la vera de la
ruta bajo una carpa de hule negro. Es que en la zona fronteriza de Misiones, el
portuñol es el idioma oficial, mezcla lógica de español y portugués sustentada
en la cercanía con el Brasil que invade culturalmente con sus radios y canales
de televisión, en contraste con los inexistentes servicios argentinos, al punto
que ni siquiera hay señal de celulares en estos parajes.
Los
despojados se asentaron pacíficamente en las tierras que reclama Colonizadora
Misionera SA en la última década, la mayoría provenientes de otros municipios
como Bernardo de Irigoyen, El Soberbio y otros puntos de San Pedro. En la
provincia que se ubica novena en el ranking nacional de densidad poblacional y
que duplicó la cantidad de habitantes en los últimos treinta años, el fenómeno
es casi natural, particularmente porque las empresas terratenientes abandonaron
durante décadas estas tierras después de haber explotado el monte cuando las
regulaciones todavía eran inexistentes, y la gente hizo el proceso inverso,
ocupando las hectáreas improductivas para criar allí a sus hijos. En los
últimos años estas mismas tierras se revalorizaron por el auge de la promoción
forestal.
Uno
de los abogados de la firma con asiento en Capital Federal se sinceró respecto
de los planes de sus clientes en las 10 mil hectáreas en conflicto.
“Colonizadora Misionera es una empresa que se dedica a la actividad forestal y
estamos con un plan de desarrollo para plantar yerba mate, para incluir ganado
en las forestaciones y reforestar, pero no se puede hacer nada donde hay
intrusos, porque te roban, te rompen, te hacen daño todo el tiempo. No se puede
hacer un plan sustentable donde hay intrusos, eso todo el mundo sabe”.
Justicia rápida, el sueño argentino
Un
párrafo aparte merece la actuación del juez Cuenca, quien ordenó el desalojo
compulsivo de los colonos en tiempo récord. Como la medida ordenada era extrema
e inédita, en principio hubo resistencia de las autoridades policiales a
llevarla a cabo por fuera de la mesa de diálogo entablada para evitar
consecuencias sociales negativas. “El juez nos amenazó con iniciar acciones por
incumplimiento, la presión fue terrible”, confesó un jefe policial.
La
orden de Cuenca también sobrepasó los alcances de una Ley provincial aprobada a
fines de 2012 que suspendió, hasta el 31 de agosto de 2013, las ejecuciones de
sentencias que ordenaran el desalojo de inmuebles. La suspensión beneficia a
ocupantes y propietarios de vivienda única y familiar, y a los de producción
agropecuaria, tanto de predios urbanos como rurales, sean fiscales o privados
que acrediten ocho años de posesión, pero como no se realizó un relevamiento en
las tierras reclamadas, la orden se ejecutó sin miramientos. El diputado Héctor
Bárbaro, representante del Partido Agrario y Social de Misiones, adelantó que
estudiarán la posibilidad de entablarle un jury al magistrado por esta causa.
El
silencio oficial en relación al desalojo compulsivo fue acompañado por un
certero operativo de prensa que hizo foco en los “policías heridos en
enfrentamiento con piqueteros” en lugar de reflejar el drama social que
atraviesan las familias.
Solo
unos pocos medios independientes de la provincia mostraron la saña del
operativo y siguen apuntando a las responsabilidades políticas de un Estado
ausente. Las redes sociales hicieron el resto: gracias a la cobertura de
algunos pocos periodistas apostados en el corte de ruta y de la denuncia
pública de organizaciones relacionadas a los campesinos como el Partido Agrario
y Social, el repudio de la gente comenzó a generalizarse. Pese a esto, las
respuestas no llegan y los despojados siguen a la intemperie.
Apremios, tortura y vejaciones
A
nueve días del violento operativo de desalojo, ingresó ala Fiscalíadel Juzgado
de Instrucción 3 una denuncia penal por “apremios, tortura y vejaciones” contra
la policía dela Comisaríade San Pedro. Los denunciantes son diez de los trece
detenidos en el despeje del corte de ruta, que refirieron los tremendos
tormentos a los que fueron sometidos en la comisaría.
“Tanto
los dos menores como los once adultos que fuimos alojados en la comisaría de
San Pedro padecimos de manos de los policías las más aberrantes torturas,
humillaciones, golpes de puños, patadas, nos tiraban gaseosa por la cara, nos
negaron agua y comida, nos mantuvieron hacinados teniendo que hacer nuestras
necesidades fisiológicas en el mismo lugar (orinábamos en el piso y defecábamos
en bolsitas de plástico)” refieren en el escrito que derivará en una
investigación judicial seguida atentamente porla Secretaríade Derechos Humanos
dela Nación, que está al tanto de lo ocurrido y comprometió su intervención.
Entre
los métodos de tortura padecidos, los denunciantes contaron que “a algunos de
nosotros nos obligaban a contar hasta diez, pero al decir el número uno nos
propinaban un golpe. Como nos quedábamos sin aire, nos daban otro golpe hasta
que decíamos el número dos, y así sucesivamente, todo en medio de la sorna de
los uniformados y sin que nadie nos auxiliara. También fuimos obligados a
desnudarnos en plena noche, momento en el cual los uniformados nos propinaron
golpes de puño”.
Las
lesiones que presentaron los detenidos fueron constatadas por médicos del
Hospital de San Vicente. El caso más drástico es, a la vez, el más
paradigmático, ya que el más débil de los detenidos, Carlos Alvez Amaral, fue a
la vez el más lastimado, con dos costillas rotas y el tabique nasal destrozado.
