El Tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la sentencia tras más de 3 años de audiencias. Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci recibieron 25 años de prisión, y Reynaldo Bignone y Rodolfo Emilio Feroglio 20. El resto de los imputados fue condenado a penas de entre 18 y 8 años y hubo 2 absoluciones. En las horas previas a conocerse el veredicto, Fernando Tebele, María Eugenia Otero y Víctor Basterra dialogaron con el fiscal Pablo Ouviña, durante el programa Oral y Público, que se emite por Radio La Retaguardia. Ouviña quien destacó el desarrollo de este proceso y la cantidad de hechos que se pudieron probar. Por La Retaguardia
En la tarde del viernes 27 de mayo, el
Tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por
los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo
Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), dictó
sentencia en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el
marco de la Operación Cóndor, es decir el accionar criminal coordinado
entre las dictaduras y los gobiernos de derecha de Argentina, Brasil,
Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Santiago Omar Riveros, Miguel Ángel Furci, Manuel Cordero Piacentini
(único militar de otro país, Uruguay, juzgado en este proceso)
recibieron 25 años de prisión; Reynaldo Benito Bignone y Rodolfo Emilio
Feroglio 20; Humberto José Román Lobaiza 18; Enrique Braulio Olea,
Antonio Vañek y Eugenio Guañabens Perelló 13 años; Eduardo Samuel De
Lío, Luis Sadi Pepa, Carlos Caggiano Tedesco y Néstor Horacio Falcón 12;
y Federico Antonio Minicucci 8 años. En tanto, Juan Avelino Rodríguez y
Carlos Tragant fueron absueltos.
Horas antes de conocerse el veredicto, el representante del
Ministerio Público Fiscal, Pablo Ouviña, afirmó en diálogo con Oral y
Público que desde el punto de vista del organismo durante los más de 3
años de audiencias se pudieron probar prácticamente todos los objetos de
la imputación original: “esto es la comisión de hechos aberrantes,
específicamente estamos hablando - por lo menos en la imputación que
hace a Cóndor - de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos,
además de la conformación de una conjunción de personas tendientes a
concretar lo que se denomina una asociación ilícita. En este caso, una
asociación ilícita regional de la que formaron parte diversas
personalidades y buena parte de las fuerzas armadas de los países de la
región. Desde mi punto de vista, todo esto se ha podido probar”.
En este proceso, además del valor de los testimonios, tuvo un lugar preponderante la documentación:
“en otros juicios denominados de lesa humanidad lo más importante y
relevante, lo único que nos da conocimiento de qué fue lo que pasó, son
los testimonios de sobrevivientes, familiares y los pocos testigos que
han quedado. En el caso de la Operación Cóndor, o por lo menos en el
caso de este juicio, es impresionante la cantidad de documentación que
pudo ser revelada e incorporada proveniente de diversos servos
documentales, sobre eso se formó un universo realmente muy amplio,
estamos hablando de miles y miles de documentos que pudimos integrar al
juicio, pudimos procesarlos, clasificarlos, y testimonios como el de
Stella Calloni o John Dinges fueron muy importantes para nosotros porque
nos permitió adentrarnos cada vez más en esa documentación y poder ir
dando forma a los rompecabezas que armamos en el juicio”.
Ouviña también destacó otros juicios y sentencias previas, como el
primer tramo de Automotores Orletti (considerado uno de los principales
centros clandestinos de secuestro de víctimas de la Operación Cóndor) o
el del Circuito Atlético-Banco-Olimpo: “todos los delitos que fueron
probados nos sirvieron a nosotros como prueba para otros delitos. No
solo privaciones ilegítimas de la libertad, no solo tormentos,
participación de determinadas personas, sino también la conformación o
el retrato del universo que fue y la dimensión que tuvo la Operación
Cóndor en el Cono Sur”.
En cuanto a lo que implicó justamente la coordinación entre las
dictaduras de varios países de la región, el fiscal enumeró algunos
delitos puntuales que dieron cuenta de este accionar conjunto: “en la
causa vimos todo lo que fue la primera y segunda caída del PVP (Partido
por la Victoria del Pueblo de Uruguay). Ahí se ve, por ejemplo, cómo se
coordinaron especialmente las fuerzas argentinas y uruguayas primero
para intercambiar información, perseguir a determinadas personas,
secuestrarlas, torturarloa y después en muchos casos trasladarlas a
Uruguay. Allí se ve la primera fase de coordinación e intercambio de
información, una segunda parte que es la concreta integración de fuerzas
argentinas y uruguayas en los secuestros y las torturas, y la tercera
que es la coordinación en el traslado ilegal de las personas que habían
sido secuestradas de Argentina a Uruguay. Prácticamente todos los casos
del PVP, como así también otros casos que pertenecían al GAU (Grupos de
Acción Unificadora) y que tuvimos nosotros que investigar, nos dan esta
evidencia. Otro caso que podemos citar como paradigmático es el de
Alexei Vladimir Jaccard Siegler, un ciudadano suizo argentino que fue
secuestrado en Buenos Aires, trasladado ilegalmente y asesinado en
Chile. Allí se ve no solo cómo fue seguido en su ingreso a la Argentina,
cómo fue secuestrado en forma coordinada por Argentina y la DINA
(Dirección de Inteligencia Nacional de Chile), cómo se lo traslada
ilegalmente a Chile donde en definitiva lo matan junto a otras personas
que fueron ilegalmente secuestradas y trasladadas, pero además vimos
cómo luego Argentina, Chile, y quizás también Uruguay, cubrieron por la
presión que en ese momento estaba ejerciendo sobre Argentina y Chile el
gobierno suizo; ahí se ve el momento de intercambio de información para
lograr el secuestro, el secuestro en sí mismo, el trasladado y después
cómo tratan de ocultar todo lo que había pasado, y todo esto se dio en
forma coordinada”.
“Espero poder dormir a partir del viernes a la noche”, afirmó Ouviña al ser consultado sobre si la noche previa a conocerse la sentencia iba a poder descansar. “Esto
genera expectativas, por supuesto, –continuó– pero no tanto por lo
personal sino por las respuestas que nosotros tratamos de lograr que no
son para nosotros sino para las víctimas, los sobrevivientes y los
familiares, gente que estuvo durante décadas buscando una respuesta y
esperemos que en este caso demos una respuesta judicial”.
Finalmente en la tarde del viernes se conoció la sentencia, las penas
fueron muy similares a las pedidas en su alegato por la fiscalía, por
lo que es probable que Pablo Ouviña pueda conciliar el sueño por la
noche, con la tranquilidad de haber alcanzado justicia luego de tantos
años y – tal como le dijo Víctor Basterra – “con el corazón puesto en la verdad y la justicia”.
El tribunal dará a conocer los fundamentos de su veredicto el próximo 9
de agosto, a las 17; eso sí: Ouviña, seguramente, hoy dormirá
tranquilo.
