“Esta ley es una forma de saldar
la deuda que con el sector tiene la Ley de Servicios Audiovisuales, instrumento
que ha significado la democratización de los espacios televisivos y radiales,
pero ha olvidado a las publicaciones culturales gráficas y de Internet,
independientes y autogestivas, sin las cuales esa misma ley no hubiese contado
con canales de debate y difusión entre los diferentes actores sociales que la
hicieron posible. Este no es más que un ejemplo –importante, pero no aislado-
de la tarea social que cumple el sector: la batalla que allí se libra cotidiana
y sostenidamente contra la monopolización no sólo de productos, sino de
contenidos. No sólo de voces, sino de estéticas. No sólo de ideas, sino de
futuros posibles”. Este es uno de los fundamentos del proyecto de Ley de
Fomento para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural
por medios gráficos y de Internet que la Asociación de Revistas
Culturales Independientes (AReCIA) impulsa para garantizar la libre
circulación de publicaciones; entre ellas las que hoy se ven amenazadas por la
política de expulsión que quiere implementar el sector que controla la
corporación Clarín en el circuito de distribución de kioscos de la Capital.
La batalla contra la
expulsión
El Ministerio de Trabajo
intervino, a través de la creación de la Comisión Fiscalizadora de Ventas de
Diarios y Revistas, para impedir que se concreten las maniobras de expulsión de
las revistas culturales independientes. En ese marco, canillitas, editores y
recorridos están negociando las nuevas condiciones de comercialización, donde
un sector intenta imponer un costo fijo de 2.30 pesos por ejemplar vendido, que
se suma al 50% del precio de tapa que históricamente consume toda la cadena de
distribución. Por primera vez la propuesta del sector controlado por Clarín
discrimina a las revistas culturales independientes de las comerciales,
pretendiendo imponerles un costo fijo mayor.
Por su parte, la Dirección de
Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, convocó a una
reunión entre la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas y AReCIA
donde se planteó el rechazo a estas maniobras. También reunió a
representantes de universidades nacionales y de AReCIA. Allí las revistas
culturales independientes solicitaron, entre otras cosas, el apoyo al proyecto de
ley y la inclusión de las experiencias de autogestión editorial en la formación
de comunicadores sociales. Participaron de esa reunión Rodolfo Hamawi y María
Iribarren, de la Dirección de Industrias Culturales, Sergio Barberis, de la
Universidad Nacional de La Matanza, Carlos Zelarayan, de la Universidad
Nacional de Avellaneda; Darío Stukalsky, de la Universidad Nacional de General
Sarmiento; Natalia Giglietti, de la Universidad Nacional de La Plata; Natalia
Romé, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ; Matías Cordo, de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Daniel Campione, de la Biblioteca
Nacional .
