Bs As. 18 de Noviembre de 2012
Al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Al Estado Argentino
Al gobierno Federal y los gobiernos provinciales
A la sociedad argentina
A los hermanos y hermanas de los Pueblos Originarios en Argentina:
Representantes de Pueblos y
Comunidades Indígenas del país, nos reunimos convocados por el Consejo
Plurinacional Indígena en la ciudad de Buenos Aires, los días 18 y 19 de noviembre
de 2012 y elaboramos la presente posición:
Asumimos
que nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e
instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una
alarmante etapa de negación y exclusión. “Memoria,
Justicia y Reparación” son las banderas que caracterizan a nuestras
organizaciones indígenas. Nuestra realidad es un tema de Derechos Humanos. Sin
embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos Indígenas es solo
desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o
de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y
territoriales. Evita debatir sobre derechos y profundiza su política económica
basada en la industria extractiva. Como consecuencia directa de esto, en los
últimos 3 años, casi una decena de hermanos indígenas fueron asesinados por
fuerzas policiales por oponerse al avance de la soja y la industria extractiva,
sobre territorios ancestrales de esos pueblos.
Más
de mil líderes indígenas y campesinos en todo el país están siendo judicializados
y procesados por defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias
extractivas y el agro negocio de la soja, y es extremadamente preocupante la
continua represión en contra de líderes indígenas y del campo popular en casi
todo el país.
Si bien el argumento que utiliza
el gobierno es la responsabilidad de los Estados provinciales en estos
conflictos, la alianza de Cristina con lo peor de los gobiernos represores: Gildo
Insfran, Gioja, Sapag, Insfran, Beder Herrera, es indiscutible.
¡Sí al Agua, No a la industria extractiva!
El saqueo y la
contaminación que producen la Megaminería y la explotación hidrocarburífera
destruyen nuestros territorios. Las explosiones de toneladas de roca y la
diseminación del polvo por medio de los vientos, produce lo que se llama
“lluvia ácida”. A su vez, se manifiesta la contaminación de los cursos de agua
cercanos y las enfermedades, como cáncer, de nuestros hermanos. El
aumento de la explotación minera aumentó de más un de un mil por ciento en los
últimos años. La presidenta misma se reunió con una de las más grandes y
cuestionadas compañías mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold,
responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama, ubicada en los límites de
Chile y Argentina. Planea entrar en producción en el 2013. Trabajará a cielo
abierto y para ello según los estudios de impacto ambiental, provocará
deshielos de los glaciares existentes en el área, contaminará ríos y napas
acuáticas subterráneas.
De
la misma manera, la explotación hidrocarburifera y su carga mortal, tiene un
nuevo nombre hoy: Frabcking. Una nueva técnica de agujerar nuestro
territorio y descargar explosiones en
busca del gas no-convencional. En todos estos casos la opinión ciudadana no es
tenida en cuenta, actuando el Estado con toda impunidad. En los lugares donde
se encuentran estas empresas, los pueblos y vecinos se movilizan contra el
enorme daño a la madre tierra, a la
salud de la población, el agua y el nulo beneficio que las minas nos dejan. A
modo de ejemplo, el relator de las ONU visitó la comunidad de Salinas Grandes
en Jujuy, por la explotación del Litio que afecta a comunidades del pueblo
Kolla y denunciaron la inconsulta explotación en sus territorios.
Nosotros, entonces, decimos ¡NO
a este modelo! No al “progreso” que se basa en destrucción y muerte. No al
modelo que nos despoja de nuestros territorios y no permiten desarrollar Planes de Vida, Kvme Felen o el Sumaj Kawsay, Sumaj Kamaña o ShotoTayte Anen, Inanbi
Atey (Warpe), Jeiko Pora (Mbya), Nkalaxa, Onai Dakatoiak (Qom), (Pilaga),
N’otamsek (wichi), Buen Vivir de
nuestras comunidades.
El Congreso Nacional va aprobar este
año un nuevo Código Civil. Más allá de la propaganda sobre
la inclusión de nuestros derechos y del respeto a la diversidad cultural en el
nuevo CC, lo concreto es que atenta contra la base de nuestro desarrollo
cultural que son nuestros territorios y derechos fundamentales que no fueron
tomados en cuenta al momento de pretender incluirnos. Por esa razón los Pueblos
Originarios del país estamos en alerta y movilización porque los siguientes
derechos NO serán incluidos en el
texto a aprobar:
Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los
Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se
legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos
y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley,
se realizó sin ningún tipo de consulta.
Personería de Derecho Público: No hay señales de que el
congreso haya escuchado la voz casi unánime de las comunidades y pueblos
originarios que en todas las audiencias rechazaron este nuevo código, porque
manipula nuestros derechos. Aun las mismas organizaciones aliadas de la
política gubernamental han apoyado la demanda de personería de derecho
público para las comunidades y los pueblos como única garantía de vivir en
libertad en relación a nuestra cultura y territorios. A pesar de este clamor,
hay evidencia de que no se incorporara este derecho en el nuevo código civil.
Consentimiento previo e
informado: Se han realizado decenas de audiencias públicas en el
país, convocadas por la bicameral a cargo de la discusión del anteproyecto de
reforma del CC. Estas audiencias no tienen efecto vinculante. Se eludió la
obligación estatal de aplicar la consulta como mecanismo para obtener el Libre
Consentimiento Fundamentado Previo de las comunidades de los Pueblos Originario.
El estado nacional a través del INAI y de su presidente ha reafirmado que está
dispuesto a reconocer la consulta, pero no a reconocer el consentimiento como
derecho, porque “… interfiere o condiciona el diseño o modelo económico del
país…”
La posición de las
organizaciones y comunidades indígenas en todo el país ha sido casi unánime
sobre la inconstitucionalidad de la inclusión de la propiedad Comunitaria en
esta reforma. Y también hemos sido claro sobre la necesidad de suprimir el
titulo sobre Propiedad Comunitaria en el actual Código a aprobarse y que dicho
tema sea fruto de una Ley Especial, que se debe debatir con participación y
consulta previa a los Pueblos Indígenas.
Hasta que se debata
y se dicte esa Ley especial, se aplicaran las normas constitucionales y de los
tratados internacionales, en las condiciones de su vigencia, de conformidad con
los art. 31 y 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional.
El Plan Estratégico Agro-alimentario:
La presidenta Cristina Fernández
presentó en octubre del 2011 un Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario por
diez años. Producirá hacia el año 2020 un aumento del 50 % de la producción que
actualmente está sobre 100 millones de toneladas de granos. En su informe no
mencionó específicamente cómo se va a llegar a ese espectacular aumento de
producción. Sí afirma que se avanzara sobre 9 millones de tierras más para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria –vital para los Pueblos Originarios y campesinos y también para la población en general–. En estos momentos son las empresas las que deciden que tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción (sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos).
producción. Sí afirma que se avanzara sobre 9 millones de tierras más para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria –vital para los Pueblos Originarios y campesinos y también para la población en general–. En estos momentos son las empresas las que deciden que tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción (sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos).
Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, desmonte, contaminación y desplazamiento de población.
Ataque a nuestra soberanía alimentaria:
La nueva ley de semillas
impulsada desde el gobierno nacional viene a profundizar el actual modelo
productivo basado en el agronegocio, la biotecnología y el monocultivo . Es
decir, el Estado está más preocupado por complacer a las corporaciones
internacionales, como Monsanto, y al modelo productivo envenenador y de
desposesión de territorios y bienes comunes. En Argentina, por ejemplo, se
utilizan, aproximadamente, 200 millones de litros de glifosato por año, un
potente agrotóxico que puede llegar a matar directamente a una persona.
El desarrollo del modelo, a su
vez, lleva a producir 18.000.000 de hectáreas de soja forrajera destinada en
más del 90% de ella a la exportación para alimentar los animales de Europa y
Asia. En este contexto de destrucción de los ambientes naturales y de los
territorios, las empresas y el Estado, mediante la patentización de las
semillas, lejos de proteger los conocimientos populares y ancestrales fomentan
la privatización de los saberes y originan una “agricultura sin agricultores”. De
esta manera, para las organizaciones originarias y campesinas, el modelo es un
ataque a nuestra soberanía alimentaria porque afecta la producción de alimentos
en armonía y respeto con el ambiente y la salud.
Muertos de la democracia:
Este modelo que nos exigen
defender, ha dejado casi una decena de muertos en nuestros territorios.
Mártires de nuestra causa sin nombre ni apellidos, sin culpables, sin condenas.
Porque así somos de invisibles. Néstor Kirchner quedo consternado, por lo
que se considera la muerte del primer militante social en su etapa de gobierno,
perteneciente a un partido de izquierda tradicional. ¿Quien demuestra dolor,
indignación, consternación o al menos la curiosidad de quienes son nuestros
muertos? Y son muertos de esta gestión. De estos últimos 3 años… ¿Como
decirle a nuestras familias que somos parte de este país y de esta democracia?
Queremos decirle a:
Javier Chocobar, comunero
diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de
2009.
Sandra Ely Juárez murió
frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje
campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.
Esperanza Nieva: Abuela
Diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán). Muerta a golpes de manera violenta en
su propia casa, en proceso de luchas y reclamos territoriales y luego de
participar de la histórica Marcha Indígena del Bicentenario.
Roberto López, Qom de la
comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión
policial del 23 de noviembre de 2011. La comunidad apuntó al gobernador
Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete
años en el poder.
Mario López, dirigente del
pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de
policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para
solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue
un accidente sino un atentado.
Mártires López, histórico
y activo dirigente Qom de la
Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista
y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente
cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la
organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian
“homicidio”.
Cristian Ferreyra, 23
años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de
la provincia.
Miguel Galván. 10 de
octubre de 2012. … que la muerte de Uds. no ha sido en vano, sino que los tenemos
presentes en nuestras luchas de cada día y lograremos que se haga justicia con
sus asesinos. Y reivindicaremos también los derechos humanos colectivos de los
pueblos originarios que hasta ahora han sido negados.
Ley Antiterrorista
Para terminar el año 2011, el gobierno
de Cristina Fernandez estrenó un nuevo congreso con mayoría absoluta, los legisladores
oficialistas votaron a la medianoche, casi sin discusión y con una verticalidad
sorprendente, una ley muy controvertida y contradictoria enviadas por el Poder
Ejecutivo; la ley Antiterrorista
Un proyecto que casi nadie conocía, causó mucha sorpresa pues en Argentina no existe el terrorismo. A pesar del discurso anti hegemónico, el gobierno cedió ante la presión del GAFI, Grupo de Acción Financiero Internacional, (GAFI) como condición “para considerar a Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas”. Sin definir lo que es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley, el Congreso aceleró el tratamiento por la madrugada e inclusive distorsionó el eje central de la ley al mencionarla como “Ley en contra del lavado de dinero”. Para tal efecto se modificó el Código Penal y en algunos de sus párrafos menciona al “derecho del estado a reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes lo financien”. Así, incorpora una nueva agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno de abstenerse de tomar determinada decisión” (…).
Algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicará a las protestas sociales. Para los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que rechazaron esta ley, implica agravar la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por sus derechos y aquellos que apoyan, generando las condiciones para la criminalización de la protesta.” Para el reconocido juez de la Corte Suprema de Justicia Dr. Raul Zaffaroni, esta ley “…es un disparate, una extorsión “ (…) El GAFI se toma atribuciones que no le corresponden”, expresó.
Las Leyes que sólo quedan en el papel
La
ley de Protección de los Bosques, una ley defendida por las luchas y las
asambleas ambientales y las comunidades indígenas, no se aplica con rigor. En
ese sentido, denunciamos los sistemáticos desmontes avalados por los gobiernos
provinciales para “preparar el terreno” a la producción de soja transgénica y
tiene su correlato en el despojamiento de territorios de las familias indígenas
y campesinas.
A pesar de que se aprobó una ley
demandada por los Pueblos Indígenas (Ley 26.160 de Emergencia Territorial –prorrogada-
que suspende el desalojo de sus territorios ancestrales y decreta hacer un relevamiento
de los mismos) esto en la práctica no se respeta y decenas de comunidades son
desalojadas y otras se encuentran en permanente amenaza.
Por
otra parte, el nivel de desnutrición en las comunidades, sobre todo en las provincias
de Formosa, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy es crítico: niños y ancianos mueren
por falta de alimentación. A su vez, se detectan enfermedades que se consideran
erradicadas como ejemplo como tuberculosis, chagas y dengue.
Intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones
El
gobierno de Cristina Fernández se ha negado sistemáticamente a discutir
políticas públicas con los pueblos originarios. Es irritante e inaceptable la
intromisión en la política interna de las organizaciones de los Pueblos Originarios
por parte del estado
a través del Instituto de Asuntos Indígenas, INAI y la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente Nacional.
a través del Instituto de Asuntos Indígenas, INAI y la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente Nacional.
La creación y participación
indígena en la ejecución de políticas indígenas en el Estado, que debería ser
un avance político, ha conseguido la
dispersión y fragmentación de las organizaciones que tradicionalmente estaban
unidas, en pro de mantener acallada la voz indígena a cambio de favores
económicos.
Otro
tema muy importante es la polarización de los medios de comunicación entre la
derecha tradicional y los medios afines al gobierno. En definitiva, los pueblos
originarios, los campesinos o trabajadores que mantienen otra posición se les
niega el espacio de participación para visibilizar sus denuncias y propuestas.
En
conclusión, sostenemos que en una verdadera democracia se trabajaría para
reconocer y solucionar todas estas problemáticas. La agenda presentada con
motivo de la Marcha Indígena por el Bicentenario aún espera una respuesta a
favor del reconocimiento y justicia para los pueblos originarios y no políticas
que favorezcan al modelo agro-minero y a la explotación irresponsable de los
mal llamados “recursos naturales”.|
Por
estas razones, los Pueblos Originarios necesitamos encontrar una respuesta a
nuestras propuestas y estamos dispuestos a recomenzar un diálogo que tenga significado
e impacto positivo en la vida de nuestros pueblos. No vamos a renunciar a
derechos ganados en décadas de lucha que han costado la vida de nuestros
ancestros y no vamos a permitir que haya
un sólo muerto más por este modelo.
Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe –
Muranta!!!
