Despidos en estatales. Continúa el conflicto en el Grupo23. Levantan programas de Rock Nacional. Despiden periodistas de Fútbol para Todos y Radio Nacional. Despidos en empresas privadas. Cresta Roja. Por Mario Hernández}
www.anred.org
En lo que fuera el segundo hecho represivo de
envergadura en menos de un mes de gestión macrista (recordemos Cresta
Roja), durante la mañana del viernes, 200
policías reprimieron brutalmente a manifestantes que exigían por la
continuidad de sus trabajos en la puerta de la Municipalidad de La
Plata.
La situación desesperada por la que están pasando 4.500 trabajadores a
los que no se les renovó el contrato de trabajo recibió por única
contestación las balas y gases policiales. Hubo más de 20 heridos y seis
detenidos que fueron alojados en la comisaría 1ª de la capital
bonaerense.
Según un manifestante, la represión comenzó al querer entregar un petitorio al Intendente, "ahí empezaron a tirar con gases lacrimógenos y pimienta".
También informaron los trabajadores que no fueron notificados de los despidos y que solo se enteraron cuando les informaron desde obra social IOMA que estaban dados de baja.
Por otra parte, el Intendente desde su cuenta de twitter, declaró: "Los platenses pidieron un cambio, están cansados de los aprietes de la vieja política. De estos tipos que hace 25 años gobiernan la ciudad", intentando justificar la represión en lugar del diálogo.
El Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, afirmó que “no existió instrucción alguna desde la esfera política ni policial que ordenara la actuación de la Infantería en el lugar” y agregó que se investigará el desempeño de los responsables del operativo.
Según un manifestante, la represión comenzó al querer entregar un petitorio al Intendente, "ahí empezaron a tirar con gases lacrimógenos y pimienta".
También informaron los trabajadores que no fueron notificados de los despidos y que solo se enteraron cuando les informaron desde obra social IOMA que estaban dados de baja.
Por otra parte, el Intendente desde su cuenta de twitter, declaró: "Los platenses pidieron un cambio, están cansados de los aprietes de la vieja política. De estos tipos que hace 25 años gobiernan la ciudad", intentando justificar la represión en lugar del diálogo.
El Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, afirmó que “no existió instrucción alguna desde la esfera política ni policial que ordenara la actuación de la Infantería en el lugar” y agregó que se investigará el desempeño de los responsables del operativo.
Ana María, una de las heridas, declaró: “Me tiraron por la espalda, las mujeres fuimos las primeras reprimidas. Sentí un estallido en la espalda y empecé a sentir ardor y dolor. La policía ni se acercó cuando estaba en el piso”, contó desde el hospital, con nueve balas de goma en el cuerpo. “No soy ñoqui, nunca lo fui. Trabajo para darle de comer a mis hijos y este hijo de puta del intendente lo único que hace es jugar con el plato de comida de todos nuestros hijos”.
Diputados bonaerenses del FPV solicitaron la interpelación al Ministro de Seguridad. Por su parte, el diputado del FIT-PO, Guillermo Kane, presentó un pedido a la Legislatura para interpelar a la gobernadora Vidal y sus ministros Ritondo, Carlos Mohiques (Justicia) y Federico Salvai (Gobierno).
A los miles de despidos y la represión, María Eugenia Vidal, sumó la anulación por 180 días, vía DNU, de la paritaria de los empleados municipales de la provincia, lo que permitirá a los intendentes fijar los salarios de este año en forma unilateral.
Más de 15.000 cesantías de estatales a nivel nacional
Hasta el viernes sumaban unos 15.200 despidos, tanto del Estado
nacional, provinciales y municipios, de acuerdo con la información
provista por Ana Laura Lastra, integrante de la Junta Interna de
ATE-Indec.
En ese organismo Carlos Todesca echó a 70 trabajadores. “Su gestión fue excelente, pero no se pueden quedar por cómo piensan”, fue la explicación que recibió Luciano Ciotti, Director de Informática de la Dirección Técnica del Indec. A fines del año pasado ya habían despedido a otros 60 trabajadores.
“Los trabajadores estatales porteños conocemos las políticas que desarrolló el PRO desde su gestión, y que ahora se proyectan a nivel nacional. Las hemos padecido: la creación de “gerencias operativas”, la proliferación de funcionarios con un enorme desconocimiento en la materia que deberían supervisar y a la vez una formación empresarial y perfil tecnocrático, la creación de un Ministerio de Modernización, cuya finalidad es la persecución a los delegados que no se encolumnen con la gestión e incrementar el recorte público. También hemos visto el manejo arbitrario de contratos, que dejan sin empleo a trabajadores precarios y, en paralelo, apuntalan los negociados, como en el caso Niembro; hemos sufrido y enfrentado la persecución e intentos de disciplinamiento, como con las docentes Elsa y Alejandra, entre otras medidas. Es imprescindible señalar que los actuales despidos y desvinculaciones se asientan sobre una base de precarización y contratos basura que durante 12 años fue desplegada por el gobierno kirchnerista, que sustentó buena parte del crecimiento del empleo con contratos temporarios o haciendo facturar como monotributistas a miles de trabajadores”, advirtió en un comunicado el gremio docente capitalino Ademys.
Mientras el discurso de Andrés Ibarra (Ministro de Modernización) habla de profesionalización, mérito, eficacia; sus acciones van en otro sentido. En la misma semana que ponen en vilo a todos los trabajadores del Estado por un Decreto que cuestiona su continuidad laboral y los derechos adquiridos (Decreto Nº 254), con otro Decreto ingresan directamente a militantes del PRO a la planta permanente, sin mediar concurso alguno que acredite sus méritos (Decreto Nº 250), denunció mediante un comunicado el Consejo Directivo de ATE Capital.
Cabe señalar que esta política de despidos masivos puede darse no sólo por la impunidad gerencial del PRO y su ejército de CEO´s, sino también por la connivencia de muchos sindicalistas cómplices, pero fundamentalmente por años de precarización laboral, pasantías y contratos basura compartidos con las gestiones salientes a nivel municipal y nacional.
Estos ataques merecen la mayor unidad posible entre los trabajadores para frenar el ajuste. La necesidad de medidas concretas de acción por parte de las centrales sindicales no puede ni debe demorarse. Los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos.
En ese organismo Carlos Todesca echó a 70 trabajadores. “Su gestión fue excelente, pero no se pueden quedar por cómo piensan”, fue la explicación que recibió Luciano Ciotti, Director de Informática de la Dirección Técnica del Indec. A fines del año pasado ya habían despedido a otros 60 trabajadores.
“Los trabajadores estatales porteños conocemos las políticas que desarrolló el PRO desde su gestión, y que ahora se proyectan a nivel nacional. Las hemos padecido: la creación de “gerencias operativas”, la proliferación de funcionarios con un enorme desconocimiento en la materia que deberían supervisar y a la vez una formación empresarial y perfil tecnocrático, la creación de un Ministerio de Modernización, cuya finalidad es la persecución a los delegados que no se encolumnen con la gestión e incrementar el recorte público. También hemos visto el manejo arbitrario de contratos, que dejan sin empleo a trabajadores precarios y, en paralelo, apuntalan los negociados, como en el caso Niembro; hemos sufrido y enfrentado la persecución e intentos de disciplinamiento, como con las docentes Elsa y Alejandra, entre otras medidas. Es imprescindible señalar que los actuales despidos y desvinculaciones se asientan sobre una base de precarización y contratos basura que durante 12 años fue desplegada por el gobierno kirchnerista, que sustentó buena parte del crecimiento del empleo con contratos temporarios o haciendo facturar como monotributistas a miles de trabajadores”, advirtió en un comunicado el gremio docente capitalino Ademys.
Mientras el discurso de Andrés Ibarra (Ministro de Modernización) habla de profesionalización, mérito, eficacia; sus acciones van en otro sentido. En la misma semana que ponen en vilo a todos los trabajadores del Estado por un Decreto que cuestiona su continuidad laboral y los derechos adquiridos (Decreto Nº 254), con otro Decreto ingresan directamente a militantes del PRO a la planta permanente, sin mediar concurso alguno que acredite sus méritos (Decreto Nº 250), denunció mediante un comunicado el Consejo Directivo de ATE Capital.
Cabe señalar que esta política de despidos masivos puede darse no sólo por la impunidad gerencial del PRO y su ejército de CEO´s, sino también por la connivencia de muchos sindicalistas cómplices, pero fundamentalmente por años de precarización laboral, pasantías y contratos basura compartidos con las gestiones salientes a nivel municipal y nacional.
Estos ataques merecen la mayor unidad posible entre los trabajadores para frenar el ajuste. La necesidad de medidas concretas de acción por parte de las centrales sindicales no puede ni debe demorarse. Los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos.
Racconto
El 7 de enero compañeros y compañeras del Ministerio de Trabajo,
contratados bajo la modalidad de Asistencia Técnica, en el marco de un
convenio suscripto con la Universidad de La Matanza , fueron informados
de la rescisión de sus contratos (unas 100 contrataciones
aproximadamente).
El lunes 4, a los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, sin ninguna razón ni previo aviso, se les prohibió el ingreso al edificio para cumplir con la jornada de trabajo. Desde la oficina de Recursos Humanos explicaron que los contratos de más de 600 trabajadores “habían caído”.
Paralelamente, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, confirmó que al 85% de los 700 trabajadores no se les renovarán los contratos, mientras que al resto se los volverá a emplear por un plazo de “entre uno y tres meses, como corresponde a la normativa” de su área.
Lombardi justificó los despidos en el CCK al sostener que los contratos eran “convenios de asistencia técnica” con las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza que “vencieron el 31 de diciembre”. Sin embargo, los trabajadores, que durante las últimas semanas realizan movilizaciones y se mantienen en asamblea permanente, aseguran que tienen vigencia durante todo 2016.
“En la última semana el Ministro Avelluto (Cultura) desmanteló el Dorrego y CePIA, los trabajadores tienen incertidumbre acerca de sus contratos, de sus puestos de trabajo y de sus funciones. Esto se suma al mismo decreto que manda a revisar desde los monotributistas hasta la planta permanente sin tener en cuenta que la condición de precariedad de los contratos fue una política ajena a la voluntad de los que cumplimos tareas habituales y permanentes”, publicó la Junta Interna del Ministerio de Cultura en un comunicado donde llamaba a una concentración en apoyo a los trabajadores despedidos del CCK.
Más de 2.000 empleados del Senado quedaron sin trabajo por un decreto que anunció la vicepresidenta Gabriela Michetti. Se trata de empleados que ingresaron a la Cámara entre enero y noviembre de 2015. A su vez, la presidenta del Senado dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Amado Boudou antes de dejar su cargo.
Al defender los despidos en el Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que había tomado “una resolución con criterio lógico”. Sin embargo, pronto se supo que entre las 2.035 personas que dejó sin trabajo por decreto hay más de 50 discapacitados, que entraron a trabajar como parte del Programa de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Son discapacitados motrices, jóvenes con síndrome de Down o con sordera que -como han documentado numerosas notas periodísticas- han demostrado altísimos niveles de responsabilidad y competencia en sus funciones. Fueron empleados, además, porque la legislación argentina establece que el Estado debe tener un cupo de por lo menos el 4% de su personal con discapacidad, como una forma de promover la integración.
Alertada de su torpeza, la titular del Senado firmó un decreto complementario para dar marcha atrás con ese grupo de cesantías, así como con las de los padres con hijos discapacitados. El documento fue firmado por la vicepresidenta y Helio Rebot, el responsable administrativo del Senado. También resolvió rever los despidos de mujeres embarazadas.
Por otra parte, abrió un espacio de negociación con los gremios APL, ATE y UPCN. El titular de APL, Norberto Di Próspero, dijo a Página/12 que en la negociación plantearon básicamente “que se respete a la persona que viene a trabajar todos los días”. “Si hay alguna que no trabaja, que lo comprueben y la despidan, pero no pueden dejar sin trabajo a la gente sin fundamento, o por las dudas de que sea ñoqui.”
Di Próspero contó, por ejemplo, que los discapacitados son ordenanzas o estafetas (los que llevan y traen documentos entre los despachos), es decir que se presentan a trabajar todos los días. Y agregó que en la volteada, Michetti echó incluso a un empleado con síndrome de Down que se desempeña en la seguridad de la titular del Senado. “Esto demuestra que los despidos no sólo fueron arbitrarios, sino que no fueron estudiados”, remarcó.
En la medida, la titular del Senado, fue secundada por el Jefe de la bancada del FPV, Miguel Angel Pichetto, a pesar del repudio hecho público por 15 senadores justicialistas.
También empezaron los recortes en Vialidad Nacional donde hay 20 despidos y en la ex AFSCA, donde hay 9 delegados gremiales echados. Según estimaciones, el organismo posee cerca de 1.200 empleados en todo el país, de los cuales alrededor de 40 ya fueron cesanteados, aunque el número podría incrementarse.
Tiempo Argentino revela que un instructivo denominado “Hoja de Ruta Empleo Público”, enviado a los ministerios por la flamante cartera de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, detalla un plan para relevar la totalidad de cargos estatales, como paso previo a la concreción de despidos, rescisión de contratos temporarios e impugnación de concursos.
El instructivo contempla un plan de relevamiento y control de todos los empleados estatales, con el fin de identificarlos, conocer sus funciones y su desempeño pero, sobre todo, aportar tres datos centrales: cuántos son, cómo fueron contratados y a qué gremios y partidos pertenecen.
El lunes 4, a los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, sin ninguna razón ni previo aviso, se les prohibió el ingreso al edificio para cumplir con la jornada de trabajo. Desde la oficina de Recursos Humanos explicaron que los contratos de más de 600 trabajadores “habían caído”.
Paralelamente, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, confirmó que al 85% de los 700 trabajadores no se les renovarán los contratos, mientras que al resto se los volverá a emplear por un plazo de “entre uno y tres meses, como corresponde a la normativa” de su área.
Lombardi justificó los despidos en el CCK al sostener que los contratos eran “convenios de asistencia técnica” con las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza que “vencieron el 31 de diciembre”. Sin embargo, los trabajadores, que durante las últimas semanas realizan movilizaciones y se mantienen en asamblea permanente, aseguran que tienen vigencia durante todo 2016.
“En la última semana el Ministro Avelluto (Cultura) desmanteló el Dorrego y CePIA, los trabajadores tienen incertidumbre acerca de sus contratos, de sus puestos de trabajo y de sus funciones. Esto se suma al mismo decreto que manda a revisar desde los monotributistas hasta la planta permanente sin tener en cuenta que la condición de precariedad de los contratos fue una política ajena a la voluntad de los que cumplimos tareas habituales y permanentes”, publicó la Junta Interna del Ministerio de Cultura en un comunicado donde llamaba a una concentración en apoyo a los trabajadores despedidos del CCK.
Más de 2.000 empleados del Senado quedaron sin trabajo por un decreto que anunció la vicepresidenta Gabriela Michetti. Se trata de empleados que ingresaron a la Cámara entre enero y noviembre de 2015. A su vez, la presidenta del Senado dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Amado Boudou antes de dejar su cargo.
Al defender los despidos en el Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que había tomado “una resolución con criterio lógico”. Sin embargo, pronto se supo que entre las 2.035 personas que dejó sin trabajo por decreto hay más de 50 discapacitados, que entraron a trabajar como parte del Programa de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Son discapacitados motrices, jóvenes con síndrome de Down o con sordera que -como han documentado numerosas notas periodísticas- han demostrado altísimos niveles de responsabilidad y competencia en sus funciones. Fueron empleados, además, porque la legislación argentina establece que el Estado debe tener un cupo de por lo menos el 4% de su personal con discapacidad, como una forma de promover la integración.
Alertada de su torpeza, la titular del Senado firmó un decreto complementario para dar marcha atrás con ese grupo de cesantías, así como con las de los padres con hijos discapacitados. El documento fue firmado por la vicepresidenta y Helio Rebot, el responsable administrativo del Senado. También resolvió rever los despidos de mujeres embarazadas.
Por otra parte, abrió un espacio de negociación con los gremios APL, ATE y UPCN. El titular de APL, Norberto Di Próspero, dijo a Página/12 que en la negociación plantearon básicamente “que se respete a la persona que viene a trabajar todos los días”. “Si hay alguna que no trabaja, que lo comprueben y la despidan, pero no pueden dejar sin trabajo a la gente sin fundamento, o por las dudas de que sea ñoqui.”
Di Próspero contó, por ejemplo, que los discapacitados son ordenanzas o estafetas (los que llevan y traen documentos entre los despachos), es decir que se presentan a trabajar todos los días. Y agregó que en la volteada, Michetti echó incluso a un empleado con síndrome de Down que se desempeña en la seguridad de la titular del Senado. “Esto demuestra que los despidos no sólo fueron arbitrarios, sino que no fueron estudiados”, remarcó.
En la medida, la titular del Senado, fue secundada por el Jefe de la bancada del FPV, Miguel Angel Pichetto, a pesar del repudio hecho público por 15 senadores justicialistas.
También empezaron los recortes en Vialidad Nacional donde hay 20 despidos y en la ex AFSCA, donde hay 9 delegados gremiales echados. Según estimaciones, el organismo posee cerca de 1.200 empleados en todo el país, de los cuales alrededor de 40 ya fueron cesanteados, aunque el número podría incrementarse.
Tiempo Argentino revela que un instructivo denominado “Hoja de Ruta Empleo Público”, enviado a los ministerios por la flamante cartera de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, detalla un plan para relevar la totalidad de cargos estatales, como paso previo a la concreción de despidos, rescisión de contratos temporarios e impugnación de concursos.
El instructivo contempla un plan de relevamiento y control de todos los empleados estatales, con el fin de identificarlos, conocer sus funciones y su desempeño pero, sobre todo, aportar tres datos centrales: cuántos son, cómo fueron contratados y a qué gremios y partidos pertenecen.
Despidos para todos los gustos
El gobierno kirchnerista de Santa Cruz no tiene nada que envidiarle
al gobierno nacional de Macri. A menos de tres semanas de haber asumido
como gobernadora, Alicia Kirchner, planea ajustar despidiendo a más de
1.000 empleados provinciales.
Casi terminando el 2015 firmó el Decreto de “Emergencia” 0157 del Poder Ejecutivo provincial. Una verdadera declaración de guerra a los gremios más combativos, como ATE y ADOSAC, a los que les quita las herramientas que les permiten exigir titulaciones, contratos, incorporaciones de contratados o transitorios y, en definitiva, los inhibe de promover reclamos en orden del personal en cualquier área de la administración pública provincial.
Trabajadores de la UOCRA están en las rutas exigiendo que el empresario kirchnerista Lázaro Báez (Austral Construcciones) pague salarios y vacaciones adeudadas. Están en los accesos a Río Gallegos, Caleta Olivia y Comandante Luis Piedra Buena. La gobernadora intimó a Vialidad Nacional a que pague las certificaciones de obra por unos $ 400 millones, pero el organismo nacional comunicó que no enviará los fondos exigidos.
También intentaron cerrar la ex Fundación Olivia, que emplea a 250 trabajadores. En Caleta Olivia cortaron la ruta en defensa de la fundación y después de varios días de duras negociaciones, lograron el compromiso de su continuidad laboral.
Otro tanto vale para los estibadores de Puerto Deseado, quienes también debieron cortar la ruta para lograr el pago de un subsidio comprometido por el Estado.
La pelea por la renovación de contratos a los precarizados del Ministerio de Desarrollo, encabezada por ATE, con el apoyo del Centro de estudiantes de la UNPA, la CTA y el Partido Obrero, derivó en la permanencia de una semana en el edificio, un acampe posterior en Casa de Gobierno y un arbitraje judicial que ha planteado un compromiso provisorio de continuidad, mientras se analizan los diversos tipos de contratación precaria de unos 600 trabajadores.
La usina de Río Turbio está tomada por los obreros de la construcción que tampoco han cobrado sus haberes.
Las y los trabajadores del municipio de Quilmes se encuentran en movilización permanente.
A menos de un mes de su asunción, el ex chef Martiniano Molina, decidió despedir a profesionales de la Psicología, la Abogacía y el Trabajo Social de la Subsecretaría de Infancia del municipio, hecho que se dio en el marco de la cesantía de más de 1.000 contratos laborales.
Es por esto que desde el lunes pasado se inició una medida de fuerza de parte de las y los trabajadores de la Subsecretaría, que tuvo el miércoles su pico de máxima agitación cuando cortaron algunas calles en horas de la mañana en el centro de Quilmes para arribar marchando a la Subsecretaría de Infancia y luego dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social. Están siendo acompañados/as por varias organizaciones gremiales, sociales y políticas. Exigen la reincorporación de todas las personas despedidas, pero fundamentalmente las del área de Desarrollo Social desde donde reclaman desde hace tiempo mejoras laborales para garantizar el ejercicio de sus funciones, en pos de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante aprobó en el presupuesto 2016 un incremento del 30 % para el sueldo de Martiniano Molina que asciende a $ 112.000 más 50 % adicional en "gastos de representación". La reducción de gastos que el Intendente lleva adelante en el municipio recae, una vez más, sobre las espaldas de los trabajadores.
Además, los gremios municipales denuncian despidos en Lanús (290), Malvinas Argentinas (900), Esteban Echeverría (30), Coronel Vidal (300), Coronel Suárez (60), Chascomús (32) y Adolfo Alsina (60).
El 24 de diciembre de 2015 el Gobierno Nacional y Provincial mendocino, decidieron dar de baja a más de 1.000 contratos de planes educativos nacionales socioculturales de CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y CAI (Centro de Actividades Infantiles), los cuales existían desde 2006 y 2012, respectivamente. Los despidos se hicieron efectivos el 31 de diciembre del año pasado. Para el lunes 11 de enero se decidió una medida de fuerza que consiste en una concentración en la Legislatura y una protesta cultural a partir de las 11:00.
En la gran mayoría de los pueblos y ciudades de Córdoba, el año nuevo arrancó con subas en distintas tasas municipales. El promedio es de un 30%, pero supera el 300% en Cosquín. También hubo despidos de empleados municipales en varias localidades. El caso más grave se da en Unquillo, donde el intendente Jorge Fabrissin (Unión por Córdoba) despidió a 180 empleados, entre planta permanente, monotributistas y contratados. El edificio municipal permanece con custodia policial y los trabajadores han realizado varias manifestaciones acompañados por vecinos de la localidad, siendo reprimidos por la Guardia de Infantería el pasado 6 de enero.
Sobre el cierre del 2015, el reelecto intendente del PRO de la capital neuquina, Horacio “Pechi” Quiroga, no le renovó el contrato a seis trabajadoras que se desempeñaban como operadoras telefónicas en el servicio de asesoramiento por violencia hacia las mujeres “0800 Mujer”.
En La Pampa, el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre (Cambiemos), confirmó el pasado lunes la no renovación de contratos en distintos sectores de la Municipalidad. Hay más de 100 trabajadores despedidos. Muchos de los afectados, que llevan tres años como precarizados, se enteraron sin aviso previo.
Los despedidos realizaron una asamblea junto a distintos dirigentes de los gremios como el SOEM (municipales), ATE y UPCN y exigieron el listado de los trabajadores a los que no se les renovó contrato. Planean continuar con las acciones hasta revertir la actual situación.
Entre tanto desasosiego, el Ministro de Justicia y DD. HH., Germán Garavano, se comprometió a garantizar la continuidad laboral de los trabajadores del Grupo Gerard, que desclasificaban los archivos del atentado a la AMIA.
El Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA nace del compromiso asumido por el Estado Nacional ante la CIDH, para garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares, así como el conjunto de la sociedad argentina y había sido disuelto al no renovarse los contratos de sus trabajadores.
Casi terminando el 2015 firmó el Decreto de “Emergencia” 0157 del Poder Ejecutivo provincial. Una verdadera declaración de guerra a los gremios más combativos, como ATE y ADOSAC, a los que les quita las herramientas que les permiten exigir titulaciones, contratos, incorporaciones de contratados o transitorios y, en definitiva, los inhibe de promover reclamos en orden del personal en cualquier área de la administración pública provincial.
Trabajadores de la UOCRA están en las rutas exigiendo que el empresario kirchnerista Lázaro Báez (Austral Construcciones) pague salarios y vacaciones adeudadas. Están en los accesos a Río Gallegos, Caleta Olivia y Comandante Luis Piedra Buena. La gobernadora intimó a Vialidad Nacional a que pague las certificaciones de obra por unos $ 400 millones, pero el organismo nacional comunicó que no enviará los fondos exigidos.
También intentaron cerrar la ex Fundación Olivia, que emplea a 250 trabajadores. En Caleta Olivia cortaron la ruta en defensa de la fundación y después de varios días de duras negociaciones, lograron el compromiso de su continuidad laboral.
Otro tanto vale para los estibadores de Puerto Deseado, quienes también debieron cortar la ruta para lograr el pago de un subsidio comprometido por el Estado.
La pelea por la renovación de contratos a los precarizados del Ministerio de Desarrollo, encabezada por ATE, con el apoyo del Centro de estudiantes de la UNPA, la CTA y el Partido Obrero, derivó en la permanencia de una semana en el edificio, un acampe posterior en Casa de Gobierno y un arbitraje judicial que ha planteado un compromiso provisorio de continuidad, mientras se analizan los diversos tipos de contratación precaria de unos 600 trabajadores.
La usina de Río Turbio está tomada por los obreros de la construcción que tampoco han cobrado sus haberes.
Las y los trabajadores del municipio de Quilmes se encuentran en movilización permanente.
A menos de un mes de su asunción, el ex chef Martiniano Molina, decidió despedir a profesionales de la Psicología, la Abogacía y el Trabajo Social de la Subsecretaría de Infancia del municipio, hecho que se dio en el marco de la cesantía de más de 1.000 contratos laborales.
Es por esto que desde el lunes pasado se inició una medida de fuerza de parte de las y los trabajadores de la Subsecretaría, que tuvo el miércoles su pico de máxima agitación cuando cortaron algunas calles en horas de la mañana en el centro de Quilmes para arribar marchando a la Subsecretaría de Infancia y luego dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social. Están siendo acompañados/as por varias organizaciones gremiales, sociales y políticas. Exigen la reincorporación de todas las personas despedidas, pero fundamentalmente las del área de Desarrollo Social desde donde reclaman desde hace tiempo mejoras laborales para garantizar el ejercicio de sus funciones, en pos de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante aprobó en el presupuesto 2016 un incremento del 30 % para el sueldo de Martiniano Molina que asciende a $ 112.000 más 50 % adicional en "gastos de representación". La reducción de gastos que el Intendente lleva adelante en el municipio recae, una vez más, sobre las espaldas de los trabajadores.
Además, los gremios municipales denuncian despidos en Lanús (290), Malvinas Argentinas (900), Esteban Echeverría (30), Coronel Vidal (300), Coronel Suárez (60), Chascomús (32) y Adolfo Alsina (60).
El 24 de diciembre de 2015 el Gobierno Nacional y Provincial mendocino, decidieron dar de baja a más de 1.000 contratos de planes educativos nacionales socioculturales de CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y CAI (Centro de Actividades Infantiles), los cuales existían desde 2006 y 2012, respectivamente. Los despidos se hicieron efectivos el 31 de diciembre del año pasado. Para el lunes 11 de enero se decidió una medida de fuerza que consiste en una concentración en la Legislatura y una protesta cultural a partir de las 11:00.
En la gran mayoría de los pueblos y ciudades de Córdoba, el año nuevo arrancó con subas en distintas tasas municipales. El promedio es de un 30%, pero supera el 300% en Cosquín. También hubo despidos de empleados municipales en varias localidades. El caso más grave se da en Unquillo, donde el intendente Jorge Fabrissin (Unión por Córdoba) despidió a 180 empleados, entre planta permanente, monotributistas y contratados. El edificio municipal permanece con custodia policial y los trabajadores han realizado varias manifestaciones acompañados por vecinos de la localidad, siendo reprimidos por la Guardia de Infantería el pasado 6 de enero.
Sobre el cierre del 2015, el reelecto intendente del PRO de la capital neuquina, Horacio “Pechi” Quiroga, no le renovó el contrato a seis trabajadoras que se desempeñaban como operadoras telefónicas en el servicio de asesoramiento por violencia hacia las mujeres “0800 Mujer”.
En La Pampa, el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre (Cambiemos), confirmó el pasado lunes la no renovación de contratos en distintos sectores de la Municipalidad. Hay más de 100 trabajadores despedidos. Muchos de los afectados, que llevan tres años como precarizados, se enteraron sin aviso previo.
Los despedidos realizaron una asamblea junto a distintos dirigentes de los gremios como el SOEM (municipales), ATE y UPCN y exigieron el listado de los trabajadores a los que no se les renovó contrato. Planean continuar con las acciones hasta revertir la actual situación.
Entre tanto desasosiego, el Ministro de Justicia y DD. HH., Germán Garavano, se comprometió a garantizar la continuidad laboral de los trabajadores del Grupo Gerard, que desclasificaban los archivos del atentado a la AMIA.
El Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA nace del compromiso asumido por el Estado Nacional ante la CIDH, para garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares, así como el conjunto de la sociedad argentina y había sido disuelto al no renovarse los contratos de sus trabajadores.
Los “Ciriglianos” de los medios
Después de la impresionante marcha del martes a las oficinas de
Szpolski en Puerto Madero, y luego de una semana que incluyó paros,
quite de firmas, asambleas diarias, movilizaciones y diversas acciones
de difusión del conflicto, los trabajadores de Tiempo Argentino
informaron que la patronal se comprometió a dar el viernes una fecha
exacta para el pago de los haberes adeudados.
En la asamblea del miércoles los trabajadores se pronunciaron por no tolerar una nueva evasiva de la empresa al cumplimiento de su palabra (como ya ha sucedido en anteriores oportunidades), para no hablar de sus responsabilidades legales.
El jueves tuvieron una asamblea general del Grupo 23. Los trabajadores de El Argentino Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Zona Sur y las revistas Siete Días y Cielos Argentinos siguen sin cobrar los sueldos de noviembre. El vaciamiento que denuncian incluye la no impresión de esas publicaciones. El miércoles 13 harán un acto en la redacción de 7 Días y Cielos Argentinos, desde las 15:00 en Malabia y Paraguay.
En el marco del conflicto que recorre a los medios del Grupo 23, los trabajadores de Radio América AM 1190, realizan un paro por tiempo indeterminado ante el incumplimiento en el pago de sueldos y aguinaldos.
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) se solidarizó con los trabajadores de La Mañana de Córdoba "ya que en la presente jornada (7.1) el diario no salió a la calle por una deuda que mantiene dicha empresa periodística con la imprenta.
Entendemos que este lock out no es más que un intento de la empresa para justificarse, entre otras causas, por la deuda que aún mantiene con los trabajadores: $4.200 de la escala salarial 2015”, indica el comunicado gremial.
En la asamblea del miércoles los trabajadores se pronunciaron por no tolerar una nueva evasiva de la empresa al cumplimiento de su palabra (como ya ha sucedido en anteriores oportunidades), para no hablar de sus responsabilidades legales.
El jueves tuvieron una asamblea general del Grupo 23. Los trabajadores de El Argentino Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Zona Sur y las revistas Siete Días y Cielos Argentinos siguen sin cobrar los sueldos de noviembre. El vaciamiento que denuncian incluye la no impresión de esas publicaciones. El miércoles 13 harán un acto en la redacción de 7 Días y Cielos Argentinos, desde las 15:00 en Malabia y Paraguay.
En el marco del conflicto que recorre a los medios del Grupo 23, los trabajadores de Radio América AM 1190, realizan un paro por tiempo indeterminado ante el incumplimiento en el pago de sueldos y aguinaldos.
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) se solidarizó con los trabajadores de La Mañana de Córdoba "ya que en la presente jornada (7.1) el diario no salió a la calle por una deuda que mantiene dicha empresa periodística con la imprenta.
Entendemos que este lock out no es más que un intento de la empresa para justificarse, entre otras causas, por la deuda que aún mantiene con los trabajadores: $4.200 de la escala salarial 2015”, indica el comunicado gremial.
Caza de brujas
En una muestra más de intolerancia y autoritarismo, el ministro Lombardi levantó la programación completa de “Nacional Rock”.
Tal como se había anunciado con el cambio de gobierno nacional, Fútbol para Todos ya comenzó una renovación para este 2016 que no incluirá a una larga grilla de periodistas por decisión del gobierno de Macri. Por el momento trascendió que hay 10 despedidos aunque solo se supo el nombre de tres profesionales: Mariano Hamilton, Adrián Di Blasi y Javier Vicente.
En Radio Nacional, entre tanto, los periodistas Jorge Halperín y Mariana Moyano (panelistas también del programa televisivo "6,7,8") fueron separados de la emisora.
El grupo Olmos ha emprendido por su parte una nueva embestida contra la libertad sindical en BAE desconociendo la elección de delegados del SiPreBA, negando el reconocimiento otorgado por parte del Ministerio de Trabajo.
Del otro lado de “la grieta”, en el grupo Clarín, el vaciamiento con una política de retiros voluntarios y flexibilización laboral siguen siendo la regla, a pesar de los beneficios que ya empezó a ofrecerle el nuevo oficialismo macrista.
Al respecto, señala un comunicado de la Lista Naranja: “Los decretazos de Macri contra la Ley de Medios, y los organismos creados por ella, que tienen como principales beneficiarios al grupo Clarín, pero también a Cristóbal López, al grupo Vila-Manzano y a Telefónica, apuntan de conjunto a profundizar esa misma reorganización mediática bajo la tutela de las telefónicas y habilitando la circulación de capital sin restricciones a lo largo del llamado "cuádruple play" -internet, tv por cable, telefonía y telefonía móvil-; es decir, los monopolios tendrán vía libre para una mayor expansión.
El kirchnerismo, sin embargo, ya había comenzado el trabajo sucio contra la "democratización de las voces". Fue la ahora trinchera sabbatellista, la AFSCA, la que permitió durante los años en los que la Ley de Servicios de Comunicación estuvo en vigencia la violación flagrante de la misma por parte de Telefónica y, más tarde, fue el gobierno de Cristina Kirchner el que derogó los artículos que impedían al monopolio español brindar contenidos audiovisuales”.
Tal como se había anunciado con el cambio de gobierno nacional, Fútbol para Todos ya comenzó una renovación para este 2016 que no incluirá a una larga grilla de periodistas por decisión del gobierno de Macri. Por el momento trascendió que hay 10 despedidos aunque solo se supo el nombre de tres profesionales: Mariano Hamilton, Adrián Di Blasi y Javier Vicente.
En Radio Nacional, entre tanto, los periodistas Jorge Halperín y Mariana Moyano (panelistas también del programa televisivo "6,7,8") fueron separados de la emisora.
El grupo Olmos ha emprendido por su parte una nueva embestida contra la libertad sindical en BAE desconociendo la elección de delegados del SiPreBA, negando el reconocimiento otorgado por parte del Ministerio de Trabajo.
Del otro lado de “la grieta”, en el grupo Clarín, el vaciamiento con una política de retiros voluntarios y flexibilización laboral siguen siendo la regla, a pesar de los beneficios que ya empezó a ofrecerle el nuevo oficialismo macrista.
Al respecto, señala un comunicado de la Lista Naranja: “Los decretazos de Macri contra la Ley de Medios, y los organismos creados por ella, que tienen como principales beneficiarios al grupo Clarín, pero también a Cristóbal López, al grupo Vila-Manzano y a Telefónica, apuntan de conjunto a profundizar esa misma reorganización mediática bajo la tutela de las telefónicas y habilitando la circulación de capital sin restricciones a lo largo del llamado "cuádruple play" -internet, tv por cable, telefonía y telefonía móvil-; es decir, los monopolios tendrán vía libre para una mayor expansión.
El kirchnerismo, sin embargo, ya había comenzado el trabajo sucio contra la "democratización de las voces". Fue la ahora trinchera sabbatellista, la AFSCA, la que permitió durante los años en los que la Ley de Servicios de Comunicación estuvo en vigencia la violación flagrante de la misma por parte de Telefónica y, más tarde, fue el gobierno de Cristina Kirchner el que derogó los artículos que impedían al monopolio español brindar contenidos audiovisuales”.
Despidos privados
El martes, un centenar de jóvenes trabajadores del supermercado
Tunuyán (Jujuy) realizaron un corte en el puente Lavalle denunciando la
falta de pago de 6 meses de salarios de 140 trabajadores, como también
los despidos llevados adelante durante el 2015, suspensiones de
trabajadores y el vaciamiento de los establecimientos.
Además, de no garantizarles la obra social, ni los aportes jubilatorios hace un año. Se trata de los que quedaron trabajando en el supermercado luego de que se llevasen adelante más de 300 despidos.
Mientras tanto, afirma una trabajadora, "... en estos 6 meses como no nos pagaban, los gerentes hacían sorteos semanales entre los trabajadores de cada sucursal donde si salías beneficiado recibías 500 pesos. Por ejemplo, nosotros somos 36 y por semana el sorteo era para dos beneficiados. Un cinismo total de parte de la patronal...".
También Carlos Ibarra, intendente de Monterrico, y hermano del empresario mercantil lber Ibarra, ha despedido a 140 municipales que trabajan en los sectores de biblioteca, servicios, obras y tránsito.
La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, y el Sindicato Obrero de la Cerámica de Azul, comenzaron un paro total en la planta de Azul de la empresa Cerámica San Lorenzo, medida que es acompañada solidariamente con un paro de cuatro horas por turno en las plantas del mismo grupo empresario ubicadas en Puerto Madryn, San Juan y Villa Mercedes, San Luis.
La medida se origina en la decisión patronal de cerrar dos sectores de su planta de Azul, pretendiendo desvincular más de un centenar de obreros ceramistas. Se trata de una poderosa multinacional, el grupo Etex con sede en Bélgica, que posee 118 plantas en 43 países.
El Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado la conciliación obligatoria, pero no ha sido acatada por la patronal.
Los 60 empleados de Cerámica Jas (Rosario) siguen sin ver sus sueldos. La situación se vio complicada con el cierre imprevisto de la fábrica, que lleva más de 2 meses sin funcionar y sin dar respuestas sobre lo ocurrido.
Trabajadores del frigorífico Frideco (Totoras-Santa Fe) se reunieron en el Ministerio de Trabajo rosarino con representantes de la cartera laboral, de la empresa y del Sindicato de la Carne. La empresa, que cerró sus puertas el pasado lunes, dejó en la calle a más de 100 trabajadores.
Durante la audiencia el titular del frigorífico Omar Depetris aclaró que la producción del establecimiento se encuentra suspendida y que en los próximos días la empresa presentará un procedimiento preventivo de crisis, donde expondrá el estado de situación actual, como así también las medidas que propondrá dentro del mismo.
Los trabajadores mantendrán el vínculo y la relación laboral con la firma. Por esa razón, y mientras duren las tratativas, se aplicará el régimen de garantía horaria conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo que establece el pago de un porcentaje mínimo del salario. Además, las partes acordaron el pago de la quincena adeudada de 2015 y el saldo de la segunda cuota del aguinaldo, para la semana próxima, con un plazo máximo al día viernes 15 de enero.
Finalmente, se estableció el paso a un cuarto intermedio para el día lunes 18 de enero, a las 10 horas, en la sede de la regional Rosario ubicada en Ovidio Lagos 599.
El personal del Centro Gallego, hospital de colectividad de alta complejidad se encuentra de paro por falta de pago de sueldos y aguinaldos. La intervención a cargo del Inaes, ha declarado que no hay dinero y no informa a los trabajadores cuál es el futuro de la administración del hospital. Los trabajadores han decidido retener tareas por la falta de pago y se han dirigido a los medios y autoridades reclamando una solución a la situación desesperante de más de 1.000 familias del gremio de la sanidad.
Ante el cambio de gobierno, los trabajadores, en la mayor incertidumbre, no obtienen respuesta alguna de la dirección del hospital. Da la impresión de que han abandonado el barco a la deriva, sin que se sepa quién se va a hacer cargo de su continuidad. Los trabajadores están golpeando la puerta de organizaciones de gobierno e incluso han pedido una audiencia a la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, quien es vecina del hospital, para que intervengan en salvaguarda de este centro fundamental de la salud pública y fuente de trabajo de centenares de familias.
Además, de no garantizarles la obra social, ni los aportes jubilatorios hace un año. Se trata de los que quedaron trabajando en el supermercado luego de que se llevasen adelante más de 300 despidos.
Mientras tanto, afirma una trabajadora, "... en estos 6 meses como no nos pagaban, los gerentes hacían sorteos semanales entre los trabajadores de cada sucursal donde si salías beneficiado recibías 500 pesos. Por ejemplo, nosotros somos 36 y por semana el sorteo era para dos beneficiados. Un cinismo total de parte de la patronal...".
También Carlos Ibarra, intendente de Monterrico, y hermano del empresario mercantil lber Ibarra, ha despedido a 140 municipales que trabajan en los sectores de biblioteca, servicios, obras y tránsito.
La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, y el Sindicato Obrero de la Cerámica de Azul, comenzaron un paro total en la planta de Azul de la empresa Cerámica San Lorenzo, medida que es acompañada solidariamente con un paro de cuatro horas por turno en las plantas del mismo grupo empresario ubicadas en Puerto Madryn, San Juan y Villa Mercedes, San Luis.
La medida se origina en la decisión patronal de cerrar dos sectores de su planta de Azul, pretendiendo desvincular más de un centenar de obreros ceramistas. Se trata de una poderosa multinacional, el grupo Etex con sede en Bélgica, que posee 118 plantas en 43 países.
El Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado la conciliación obligatoria, pero no ha sido acatada por la patronal.
Los 60 empleados de Cerámica Jas (Rosario) siguen sin ver sus sueldos. La situación se vio complicada con el cierre imprevisto de la fábrica, que lleva más de 2 meses sin funcionar y sin dar respuestas sobre lo ocurrido.
Trabajadores del frigorífico Frideco (Totoras-Santa Fe) se reunieron en el Ministerio de Trabajo rosarino con representantes de la cartera laboral, de la empresa y del Sindicato de la Carne. La empresa, que cerró sus puertas el pasado lunes, dejó en la calle a más de 100 trabajadores.
Durante la audiencia el titular del frigorífico Omar Depetris aclaró que la producción del establecimiento se encuentra suspendida y que en los próximos días la empresa presentará un procedimiento preventivo de crisis, donde expondrá el estado de situación actual, como así también las medidas que propondrá dentro del mismo.
Los trabajadores mantendrán el vínculo y la relación laboral con la firma. Por esa razón, y mientras duren las tratativas, se aplicará el régimen de garantía horaria conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo que establece el pago de un porcentaje mínimo del salario. Además, las partes acordaron el pago de la quincena adeudada de 2015 y el saldo de la segunda cuota del aguinaldo, para la semana próxima, con un plazo máximo al día viernes 15 de enero.
Finalmente, se estableció el paso a un cuarto intermedio para el día lunes 18 de enero, a las 10 horas, en la sede de la regional Rosario ubicada en Ovidio Lagos 599.
El personal del Centro Gallego, hospital de colectividad de alta complejidad se encuentra de paro por falta de pago de sueldos y aguinaldos. La intervención a cargo del Inaes, ha declarado que no hay dinero y no informa a los trabajadores cuál es el futuro de la administración del hospital. Los trabajadores han decidido retener tareas por la falta de pago y se han dirigido a los medios y autoridades reclamando una solución a la situación desesperante de más de 1.000 familias del gremio de la sanidad.
Ante el cambio de gobierno, los trabajadores, en la mayor incertidumbre, no obtienen respuesta alguna de la dirección del hospital. Da la impresión de que han abandonado el barco a la deriva, sin que se sepa quién se va a hacer cargo de su continuidad. Los trabajadores están golpeando la puerta de organizaciones de gobierno e incluso han pedido una audiencia a la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, quien es vecina del hospital, para que intervengan en salvaguarda de este centro fundamental de la salud pública y fuente de trabajo de centenares de familias.
Cresta Roja: peor el remedio que la enfermedad
Luego de que el consorcio conformado por Ovoprot, Tanacorsa y el
grupo Lacua se hicieran cargo de la empresa tomando posesión de la
misma, en principio por un mes, se realizó una nueva asamblea este
jueves, donde participó un representante de la nueva patronal que había
sido “invitado” por los propios delegados.
El representante de Ovoprot confirmó que no reconocerían la antigüedad de los trabajadores, pagarían un sueldo de convenio, esto significaría un 30% de rebaja salarial (el plan que en julio pasado quiso imponer Rasic y que los trabajadores detuvieron con los bloqueos y cortes) y que su intención era tomar una primera tanda de trabajadores en las plantas de faena en el mes de marzo, con un supuesto plan de importación de huevos propios, siempre y cuando la Aduana permita su ingreso al país y si no se manejarían con la escasa producción en base a las gallinas que alcanzaron a sobrevivir en las granjas de Cresta Roja.
Además, el representante de Ovoprot, explicó cómo sería el ingreso de “todos los trabajadores” dejando atada la incorporación de empleados a la evolución de la producción, es decir, ni siquiera consiguieron pactar un plan determinado en etapas, que brinde una mínima certeza a los trabajadores. No hubo ni una sola buena noticia a favor de los trabajadores, apenas la promesa de pedir un aumento de las Repro y que se sostengan los meses que sean necesarios.
Además, para cobrar lo adeudado en sueldos y aguinaldo lo tenían que reclamar en el Juzgado Comercial como un acreedor más, cuando a los trabajadores de Cresta Roja hoy se le adeuda un promedio de $ 45.000 y que de esa deuda, al igual que del salario, se tendría que hacer cargo el Estado.
En síntesis, la patronal ha comenzado a avanzar en su plan donde a los trabajadores sólo les quedaría esperar una futura "reincorporación” que en el mejor de los casos ocurriría en los próximos meses y en tandas y mientras tanto conformarse con los Repro que sean del monto que sean, están muy por debajo del salario que le corresponde a cada trabajador.
La posición de los delegados de presentar este plan como “única alternativa” le termina dando aire a la patronal, que se aprovecha de que la bronca inicial termine en dispersión, tal como se demostró en las asambleas, particularmente en la del jueves donde casi la mitad de los trabajadores se retiraron antes de que termine, expresando su bronca y su decepción por la posición de los delegados. La falta de un plan verdaderamente alternativo que comience por exigir que el Estado se haga cargo de los salarios y de todas las deudas y que imponga el ingreso de todos los trabajadores para ir poniendo en marcha las granjas y las plantas, termina poniendo a los trabajadores a la defensiva.
El representante de Ovoprot confirmó que no reconocerían la antigüedad de los trabajadores, pagarían un sueldo de convenio, esto significaría un 30% de rebaja salarial (el plan que en julio pasado quiso imponer Rasic y que los trabajadores detuvieron con los bloqueos y cortes) y que su intención era tomar una primera tanda de trabajadores en las plantas de faena en el mes de marzo, con un supuesto plan de importación de huevos propios, siempre y cuando la Aduana permita su ingreso al país y si no se manejarían con la escasa producción en base a las gallinas que alcanzaron a sobrevivir en las granjas de Cresta Roja.
Además, el representante de Ovoprot, explicó cómo sería el ingreso de “todos los trabajadores” dejando atada la incorporación de empleados a la evolución de la producción, es decir, ni siquiera consiguieron pactar un plan determinado en etapas, que brinde una mínima certeza a los trabajadores. No hubo ni una sola buena noticia a favor de los trabajadores, apenas la promesa de pedir un aumento de las Repro y que se sostengan los meses que sean necesarios.
Además, para cobrar lo adeudado en sueldos y aguinaldo lo tenían que reclamar en el Juzgado Comercial como un acreedor más, cuando a los trabajadores de Cresta Roja hoy se le adeuda un promedio de $ 45.000 y que de esa deuda, al igual que del salario, se tendría que hacer cargo el Estado.
En síntesis, la patronal ha comenzado a avanzar en su plan donde a los trabajadores sólo les quedaría esperar una futura "reincorporación” que en el mejor de los casos ocurriría en los próximos meses y en tandas y mientras tanto conformarse con los Repro que sean del monto que sean, están muy por debajo del salario que le corresponde a cada trabajador.
La posición de los delegados de presentar este plan como “única alternativa” le termina dando aire a la patronal, que se aprovecha de que la bronca inicial termine en dispersión, tal como se demostró en las asambleas, particularmente en la del jueves donde casi la mitad de los trabajadores se retiraron antes de que termine, expresando su bronca y su decepción por la posición de los delegados. La falta de un plan verdaderamente alternativo que comience por exigir que el Estado se haga cargo de los salarios y de todas las deudas y que imponga el ingreso de todos los trabajadores para ir poniendo en marcha las granjas y las plantas, termina poniendo a los trabajadores a la defensiva.
Fuentes: Indymedia Argentina, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Página 12, Clarín, Prensa Obrera, ANRed, OPI Santa Cruz, www.agenciacta.org, marcha.org.ar, www.infogremiales.com.ar, infobaires24.com.ar, Equipo de Comunicación CTA-Córdoba, www.sipreba.org, lainterradial.wordpress.com, sincensura.com.ar, www.rionegro.com.ar, La Retaguardia y Red Eco Alternativo.
