Ante las declaraciones de importantes representantes
del oficialismo respecto a una nueva embestida del Gobierno nacional para
lograr remover a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de
su cargo por decreto, los organismos de derechos humanos manifestamos nuestro
firme compromiso con las instituciones democráticas y con los mecanismos
establecidos para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal, en
línea con lo establecido por el constituyente en la reforma del año 1994.
No habiendo el Poder Ejecutivo encontrado las causales
para un juicio político, ni los votos para imponerlo, sigue adelante en su
carrera por el disciplinamiento judicial, presionando y hostigando a los
distintos actores judiciales para que se sometan a intereses ajenos a lo que
exige su función.
Los organismos de Derechos Humanos hemos encontrado en
la actual gestión del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de líneas de
trabajo e intervención que ha permitido jerarquizar la investigación de
distintos tipos de criminalidad así como promover la defensa de derechos, junto
a las víctimas.
La Dra. Gils Carbó ha
promovido un Ministerio Público Fiscal orientado a la defensa de derechos, con
un compromiso ineludible con el proceso de justicia por los crímenes del
terrorismo de Estado, las investigaciones para la búsqueda de las más de 300
nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar que aún
falta encontrar, la investigación de las redes de trata, la violencia
policial y contra las mujeres.