La investigación que
presentamos se refiere al programa de relevamiento territorial de comunidades
indígenas, establecido por la ley nacional 26.160, sancionada a fines del año
2006 y prorrogada a los tres años por la ley 26.554. El relevamiento consiste
en los estudios de determinación de las tierras que ocupan tradicionalmente las
comunidades indígenas con el fin de que se reconozca su propiedad,
independientemente de quienes aparezcan con los títulos en los registros
estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los desalojos mientras se
realice el relevamiento y una asignación presupuestaria de $ 60.000.000 para
que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la
colaboración de los gobiernos provinciales.
El estudio presentado
da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta
utilización de los recursos. Ya en el año 2011 el Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo
que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un
informe presentado al año siguiente.
La actual investigación
comienza señalando la falta de transparencia en la información, ya que desde el
año 2009 el INAI no presenta ningún informe detallado del estado del programa y
de la utilización de los fondos y en lugar de ello ha brindado afirmaciones
genéricas falsas en donde sostiene que el programa de relevamiento se ejecutó
en un 40 por ciento. Sin embargo, en base a las respuestas dadas por el propio
INAI a requerimientos formulados en base al decreto de acceso a la información,
el informe exhibe el estado de ejecución en cada provincia determinando que a
seis años de la sanción de la ley 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido
en una octava parte (12,48 por ciento). “A este paso” –sostiene el documento-
“harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”. Un análisis
cualitativo muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias
de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy,
Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65 por ciento del total de
comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha
cumplido en un 4,11 por ciento”. Ello permite concluir que “en las provincias
en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en
riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción
del I.N.A.I.”
Contrasta este bajísimo
nivel de ejecución del programa con la elevada utilización de los recursos
asignados. Los fragmentarios e incompletos informes del INAI dan cuenta de la
utilización de por lo menos el 76 por ciento del presupuesto asignado ($
45.847.327 sobre $ 60.000.000), con el agravante de que casi la mitad de esa
cantidad ($ 22.329.339) fue transferida por asesoramiento a la Universidad de
Lanús “sin que pueda haberse logrado determinar el carácter y las
circunstancias de contraprestación ya que esta suma ha sido gastada por fuera de
las normas y controles de la administración pública”, hecho que motivó
objeciones de la Auditoría General de la Nación.
En resumen, dada la
gravedad que asume la indefinición en materia de tierras indígenas como origen
de desalojos, represión e incluso muertes de miembros de pueblos originarios,
el bajísimo nivel de ejecución del programa de relevamiento, la alta
utilización de los fondos y la ausencia de transparencia, constituyen un severo
cuadro que urge revertir mediante decisiones políticas adecuadas, adoptadas con
la plena participación de los pueblos indígenas víctimas de esta situación.
Contacto: Kiki Ramírez,
3755-670767
ENDEPA
(Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
Centro
de Capacitación Integral Juan Pablo II - Ruta Nac. 11 - km. 1180.
(3600)
FORMOSA – ARGENTINA Tel: 3704-448-015
