José Schulman
A la memoria de
Toto Zimerman
cuando más lo necesitamos
En la Argentina se ha vuelto a
reprimir luchas sociales, asesinar compañeros y hasta desaparecer militantes
políticos[1]. El gatillo fácil y la tortura en sede policial y en las
cárceles es tan sistemático que forma parte del escenario cotidiano de
manera casi natural. ¿Hace falta nombrar a Julio López, a Mariano Ferreyra, a
Luciano Arruga, a Carlos Fuentealba, a los López de la etnia Qom de Formosa, a
las víctimas del Parque Indoamericano, de los terrenos del Ingenio Ledesma en
Jujuy o a los chicos de la
Villa Moreno de Rosario?[2]
Diez
años atrás, un gobierno elegido para clausurar la etapa de neoliberalismo
fundamentalista que encabezó el Partido Justicialista en épocas de Carlos
Menem, terminaba sus días multiplicando por quince el modo que lo había
comenzado. Había inaugurado su etapa de “transformaciones democráticas”
matando dos compañeros en el Puente de Corrientes y lo finalizaba con –al
menos- treinta muertos en el Diciembre de 2001 desparramando cadáveres por la Plaza de Mayo, Rosario y
otros lugares. El interinato de Eduardo Duhalde no solo trajo el retorno del
Partido Justicialista al gobierno sino que inauguró una etapa de de la
crisis de dominación que se arrastraba desde finales del 2001[3] donde el gobierno nacional, y sus delegaciones provinciales no
podían sacar al pueblo de la calle ni reprimir los cortes, las marchas, las
asambleas hasta que al inefable Duhalde, con el asesoramiento del recientemente
fallecido Soria pero también del electo senador nacional Aníbal Fernández y
algunos otros que ahora visten la chaqueta progresista y hasta se ponen el
pañuelo de las Madres antes de votar la terrorista ley antiterrorista, organizó
la masacre del Puente Pueyrredón –Kostecky y Santillán- pensando que una buena
dosis de plomo y sangre volvería todo a la “normalidad” de la dominación
burguesa estatal que sufrimos desde fines del siglo XIX (tomamos la presidencia
Roca como inicio formal del Estado burgués, no porque antes fuera jauja, sino
porque con Roca se completan los elementos fundantes) mantenida con medios
civiles o militares. Pero se equivocaron, con la masacre del Puente Pueyrredón
perdieron toda legitimidad social y tuvieron que dejar el gobierno a quien
pudiera asumirlo desde el Partido Justicialista. Había terminado una larga
etapa, acaso iniciada con la masacre de Ezeiza en junio de 1973. Al menos en el
terreno simbólico, la sublevación del 2001 terminó con la dictadura militar de
1976, prolongada de manera limpia por los timoratos radicales del 83 y los más
osados peronistas de Menem. Sin embargo, por ausencia de alternativa política
propia, las luchas que echaron a De la
Rúa no pudieron conquistar un gobierno propio, que cumpliera
la consigna de “que se vayan todos” y abriera paso a un nuevo modo de
democracia, con protagonismo popular que asegure el acceso real a todos los
derechos inscriptos en la Constitución Nacional y las leyes conquistadas
por décadas de luchas populares.
La
reacción popular al descalabro del gobierno de la Alianza entre la Unión Cívica Radical
y el Frente Grande/Frepaso generó una crisis política de proporciones casi
inéditas y condicionó/obligó un proceso de cambios, que todavía vivimos,
encabezado de nuevo por el Partido Justicialista pero ahora con otra hegemonía
conocida como kirchnerismo, que hizo de la promesa de “no reprimir” y de
“respetar los derechos humanos” su promesa política central y fuente de la
fortaleza de su mito fundacional: “este es el gobierno que asume las banderas
de aquel otro “que no fue”, el de Cámpora/Solano Lima de la breve primavera del
73. “Este es el gobierno de los que sufrieron la dictadura y/o desaparecieron”.
Y el pañuelo blanco en sus manos, daba razón al mito.
¿Era
así?. ¿Es así?.
El
gobierno de los Kirchner tenía como misión histórica terminar con el menemismo,
como expresión del neoliberalismo fundamentalista y garantía de la impunidad
para los genocidas del Terrorismo de Estado. Y de verdad, el gobierno de Néstor
Kirchner dio pasos importantes en ambos terrenos, sobre todo (o al menos) en el
terreno simbólico, espacio fundamental de las disputas en el siglo XXI, cierto,
pero no el único ni el decisivo, como lo estamos aprendiendo dolorosamente los
luchadores contra la impunidad y los derechos humanos. Ordenó a sus
legisladores -que por años habían rechazado las propuestas de anular las leyes
de impunidad presentadas testarudamente por los legisladores de izquierda
Floreal Gorini, Alfredo Bravo, Luis Zamora y Patricia Walsh- de bajar al
recinto y aportar sus votos para sancionar la anulación de las leyes de
la infamia concretando un sueño sostenido por más de quince años: quebrar la
impunidad impuesta por Alfonsín y Menem abriendo un vertiginoso proceso: la
reapertura de los Juicios contra el Terrorismo de Estado y la impactante
sucesión de gestos reparatorios por el Genocidio que el Estado argentino había
perpetrado: entrar a la Esma
de la mano de los sobrevivientes, bajar el cuadro de Videla, modificar la Corte Suprema en un
sentido positivo, sostener una política de memoria que hoy se expresa de
múltiples maneras: la transformación de Centros Clandestinos de Represión,
Tortura y Extermino como la Esma,
Orletti, Olimpo, Atlético y otros en todo el país en Espacios de Memoria, la
incorporación de contenidos alusivos en la curricula escolar de todos los
niveles, la labor del Canal Encuentro, etc. También, por aquellos días
tormentosos del 2002/2003 (la sombra del Puente Pueyrredón todavía era muy
fuerte) prometió solemnemente que el Estado dejaría de reprimir las luchas
sociales y que jamás volverían a atacar militantes populares.
Sin
embargo no alcanzó. El fiscal Alejandro Alagia quien se ganó el respeto de
muchos por su labor en el Juicio ABO (centros clandestinos Atlético, Banco y
Olimpo) donde acusó por genocidio a los represores, criticando la aprobación de
la terrorista Ley Antiterrorista escribió[4]: “Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos
que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca.
Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la
última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga
terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas
absolutas”. Ya en el 2007, la Comisión Provincial
de la Memoria,
donde militan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex fiscal Dr. Hugo
Cañón y el Pastor Aldo Echegoyen, entre otros, afirmó: “La desaparición de
Julio López pone en entredicho el Nunca Más como principio fundante de nuestra
democracia. El paso del tiempo y el silencio nos enfrentan como sociedad
a la peor de las consecuencias: naturalizar la ausencia de López, que es como
consentir que el horror de ayer continúe hoy”.
En la
profusa producción de papeles de fin de año y principios del 2012, la cuestión
ha estado más que presente. Desde la lógica oficialismo/oposición se construyen
dos diagnósticos opuestos que podríamos sintetizar/esquematizar del siguiente
modo: a) desde la perspectiva oficialista: “el gobierno nacional no
reprime y los crímenes cometidos en Formosa, Rosario y el interior son
responsabilidad de los gobiernos provinciales; los crímenes de la Capital Federal y
el gran Buenos Aires, la desaparición de Julio López y otras situaciones
similares, efecto residual de fuerzas en retirada, derrotadas políticamente y
que no tienen capacidad de afectar seriamente la gobernabilidad”[5] y b) desde la perspectiva de oposición sistemática se sostiene
la idea de “la “tercerización”, es decir que detrás de los crímenes de la Bonaerense, las
Policías de Formosa, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y otras, de las bandas bravas y
las patotas sindicales, de los secuestradores de Julio López, etc. hay una
decisión política del gobierno nacional que –como el tero- afirma que no
reprime ni reprimirá mientras manda asesinar a otros”.[6] Cierto es que, como ocurre en estos debates, cada uno tiene un
pedacito de la verdad, aunque estimamos que ambos ocultan un personaje
indispensable para entender este nuevo ciclo represivo: al Poder Económico; uno
de esos poderes permanentes que no se someten al voto de nadie, que viene del
fondo de la historia del capitalismo argentino (ya dijimos, por lo menos desde
finales del siglo XIX) y que se reforzó, concentró y multiplicó con el
Terrorismo de Estado de los 70. Justamente en los cambios habidos en el
entramado de relaciones de poder y dominación que denominamos Estado, es que
hay que buscar la clave de la solución de esta aparente incógnita: ¿quién está
matando a los militantes populares en la Argentina?. Y nosotros contestamos: el
Poder Económico que actúa, por medio de su propia gente, socios o aliados desde
los espacios gubernamentales provinciales y nacionales (la Federal y la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura, las otras
policías provinciales y el Servicio Penitenciario, por lo menos), desde las
patotas sindicales –a las que siempre estuvo fuertemente vinculado-, desde las
barras bravas de los clubes de futbol, desde las agencias privadas de seguridad
comandadas por militares o policías de alta graduación en retiro, desde las gerencias
de seguridad de las grandes empresas a cargo –generalmente- de represores
impunes y por supuesto de los servicios de inteligencia estatales y militares
que no han dejando un minuto de responderles.
Un
nuevo modo de reprimir está surgiendo en la Argentina[7]: un cierto modo de articulación de las fuerzas estatales
directas y otras fuerzas (todas con capacidades militares aunque no estén
encuadradas en las Fuerzas Armadas) que sirven al mismo objetivo aunque
aparenten ser privadas o sindicales. Un nuevo modo de reprimir que tiene un
estilo, un modo de ser que lo diferencia del Terrorismo de Estado de los 70, de
la Triple A
o los años del Plan Conintes de Frondizi aunque no deja de tener vínculos y
parecidos con todos ellos. Un nuevo modo de reprimir que parece
difuso, a veces casi anónimo (como en el último suceso de Rosario contra los
militantes del Frente Darío Santillán), otras se presenta como exceso de las
policías provinciales (en Formosa, Santa Cruz o Neuquén), etc. pero tan
efectivo y mortal como las formas anteriores de existencia de la represión, esa
función estatal que nació con Roca asesinando pueblos originarios y nunca cesó.
Ni en gobiernos militares, ni civiles; ni en democracia formal ni en dictaduras
terroristas; y que siempre contó con un discurso de justificación y un
instrumento judicial que lo legitimaba. Por si alguno lo olvida, y a pesar de
las “gárgaras” de fidelidad al pensamiento crítico, parece que algunos escribas
lo olvidan, la Argentina
es un país capitalista, fuertemente amarrado a los centros de poder mundial del
Capitalismo como el G20, la ONU,
el FMI y el GAFI.
Antes
de seguir con lo nuestro, repasemos un minuto los cambios que ha habido en el
modo de dominación mundial desde el setiembre yankee del 2001. Por un largo
periodo, más o menos desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial (1945) hasta el fin de la llamada Guerra Fría (1990) el capitalismo
mundial, el Imperialismo Yankee que conquistó con la guerra el lugar hegemónico
que aún detenta, tuvo que aceptar una serie de limitaciones a su accionar,
impuestas por la presencia de ese otro poder mundial que era el llamado Campo
Socialista, hegemonizado por la Unión Soviética. No era de la naturaleza
“humana” y “seria” del capitalismo que nació el Estado de Bienestar y el
sistema de Derecho Internacional que preservaba la soberanía nacional y
proclamaba los derechos de los pueblos (no solo los “humanos” sino también los
“económico sociales” proclamados ambos por la ONU en 1948, junto con la Convención de
Genocidio). Pero caído el “socialismo real” (burocratizado, debilitada la
democracia socialista, afectada la cultura revolucionaria y con serios
problemas en asegurar el autoabastecimiento alimentario y el cuidado del medio
ambiente, cierto, pero limitando el poder del capitalismo sobre la mitad del
planeta), el sistema capitalista se puso el modelo neoliberal para festejar y
fue destruyendo, paso a paso, cada uno de los limitantes que había tenido que
aceptar en el periodo de relativo empate militar con la Unión Soviética.
Ya en 1999, en la declaración por el 50º aniversario de la OTAN, se proclamó el derecho
a intervenir donde quieran sin intervención de las Naciones Unidas. Y de allí
hasta acá, pasando por el Acta Patriota de Setiembre de 2001, se ha ido
instalando un concepto salvaje del derecho internacional que habilita
bombardear poblaciones enteras para asesinar a enemigos reales o imaginados
como Bin Laden, Kadaffi y los compañeros Comandantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Raúl Reyes y Alfonso Cano. Sin declaración de
guerra ni respeto alguno a lo que queda de la legislación internacional, el
Imperio se asigna el derecho de matar a quien quiera, donde quiera y del modo
que quiera.[8] Como viene denunciando Fidel Castro, el mundo está muy
cerca de la guerra mundial, que por ser nuclear, sería realmente la
última. La crisis desatada en el corazón mismo del capitalismo confirma
que la civilización capitalista, nacida justamente con el genocidio español sobre
los pueblos originarios de Nuestra América, ha entrado en un proceso
indetenible de decadencia y crisis terminal; pero no por eso –o justamente por
eso mismo- ha perdido peligrosidad o capacidad de violar derechos humanos,
matar a millones de personas o destruir el planeta. Y el centro ideológico y
político de esta desesperada batalla por la supervivencia del capitalismo a
costa de la humanidad es el mismo Poder Económico que domina en Argentina.
Y desde
el golpe de Estado del 76 y el gobierno de Carlos Menem, domina de un modo más
totalizador y no solo domina, también ha producido cambios estructurales en las
clases propietarias de modo tal que mutó fuertemente la burguesía local.
Durante años se sostuvo el mito de la existencia de una supuesta “burguesía
nacional” (emparentada con el mercado interno y con relativa autonomía de los
grandes grupos trasnacionales), ya en los 30 José Carlos Mariátegui demostraba
que la burguesía local latinoamericana nació y creció subordinada al
imperialismo (inglés primero y yanqui después) pero para finales de los ochenta
ni rastros había de aquel supuesto; en su lugar había aparecido una nueva
burguesía local, mafiosa, corrupta, enlazada y subordinada por mil caminos con
el Imperio, al que algunos prefieren llamar lumpen burguesía[9]. Una burguesía que ha colocado el negocio ilegal ya no en los
márgenes del modo de producción, como fue en los periodos del llamado
“capitalismo distributivo” (que de distributivo tenía poco y que –conviene no
olvidar- era contra el que luchaban los treinta mil desaparecidos y la
generación del Cordobazo), sino en el centro mismo de su modelo de valorización
del capital, de su ciclo de negocios. En los noventa esta lumpen burguesía se
apoderó del patrimonio histórico de los argentinos por medio de la deuda
externa y las privatizaciones; y cuándo ese mecanismo se fue agotando, luego de
robarse los ahorros de millones de argentinos en el 2001 (transformó los
dólares depositados en un tercio a pagar en cómodas cuotas) viró a la
producción de la soja transgénica y la minería a cielo abierto, haciendo de la
comercialización de los comodotties, producidos a bajo precio por los bajos
salarios pagados en pesos argentinos que se exportan y cobran en divisas
fuertes, el modo de enriquecimiento. Es esta lumpen burguesía la que mata en
Ledesma. Y mata de un modo directo puesto que el Jefe de Seguridad de la
empresa encabezó el accionar de las fuerzas policiales jujeñas en el campito en
disputa. Cuatro muertos.
Es esta
lumpen burguesía la que mató a Mariano Ferreyra, cierto que con la complicidad
de la Policía Federal,
puesto que una parte de la burocracia sindical hace tiempo que es parte del
poder, es una especie de burocracia gerencial asociada a todos los negocios de
la burguesía dominante. Es esta lumpen burguesía la que incita a la Policía de Formosa, Santa
Cruz, Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires y otras a reprimir, torturar y asesinar.
Y lo puede hacer porque el modo de construir hegemonía al interior del Partido
Justicialista y del bloque de poder que ha desarrollado el kirchnerismo,
incluye acuerdos de convivencia con los caciques y punteros peronistas del gran
Buenos Aires, como el fascista Otahece, y los gobernadores del interior, como
el no menos fascista Infran de Formosa o el socio de las mineras Gioja de San
Juan. El gobierno pasó en su relación con las Fuerzas de represión por
diversas etapas, casi todas ellas caracterizadas por la negociación con las
cúpulas de preservar privilegios y espacios de “autonomía” a cambio de “favores
políticos” como la promesa de la
Federal de “no matar” en publico que sostuvo Aníbal Fernández
por años. No subestimamos los cambios introducidos por la Ministra Nilda
Garré primero en las Fuerzas Armadas y ahora en algunos, pocos, ámbitos de las
fuerzas de seguridad. Pero el problema es de tal dimensión, la fuerza de la
inercia de una cultura represora cultivada por más de un siglo, el complejo
entramado de relaciones entre todas las fuerzas de seguridad con el Poder
Económico, los punteros políticos, las mafias de la prostitución y el narco
tráfico, etc. es tan grande que en este caso más que en ningún otro, o se cambia
todo o no se cambia nada. Y por ahora, los cambios son parciales, tardíos
(siempre llegan luego que la
Federal o las Policías Provinciales matan compañeros) y por
ello, el proceso de constitución de un nuevo modo de reprimir sigue adelante,
no sabemos si avalado o consentido por el gobierno nacional; lo que si podemos
afirmar que el gobierno nacional no lo enfrenta vigorosamente, y esa es –al
menos por hoy- su responsabilidad puntual en la muerte de los compañeros o la
desaparición de Julio López al que, como temíamos, lo han desaparecido por
tercera vez: la primera vez fueron los grupos de Tareas de Etchecolatz, la
segunda en el 2006 no sabemos quién y la tercera es que ni la Presidenta ni los
medios oficialistas lo nombran como debieran. Todos los días debieran decir:
hoy falta Julio López, desaparecido por luchar contra la dictadura primero y
por luchar contra la impunidad después.
Sin
embargo, a pesar de todo lo que pasó y todo lo que analizamos, todavía hay
tiempo de impedir que este nuevo modo de reprimir madure y se transforme en un
nuevo modo de Terrorismo de Estado, ahora en “democracia” (como ocurre en
Colombia o en Honduras). Como efecto de las luchas históricas del movimiento de
derechos humanos y de la decisión política del kirchnerismo, un inédito proceso
de memoria se ha desplegado en el país y un espacio social mucho más amplio
conoce y comprende las consecuencias de desatar el Terrorismo de Estado. Hasta
ahora, muchos de los partidarios del kirchnerismo que son parte de este
fenómeno de memoria, han aceptado “la razón de Estado”, versión moderna del
viejo adagio de que el fin justifica los medios, pero la sanción de la Ley Antiterrorista
los ha puesto ante una situación limite. Seguir por ese camino no solo es
criminal, también es suicida. Como muestra de que la historia se abre paso por
caminos insospechados, la celebración del Bicentenario y la muerte de Néstor
Kirchner atrajo a la política a millones de jóvenes. Ellos no han venido
para avalar la muerte de nadie, y mucho menos a consentir el regreso de las
momias del Terrorismo de Estado. Se trata, simplemente, de comprender ¿quién
está matando a los militantes populares en la Argentina? y aplastar el
monstruo del fascismo antes que reviva y nos aplaste a todos. El gran director
de cine Ingmar Bergman filmó en 1977 (nada menos que en 1977!) una de sus obras
maestras: “El huevo de la serpiente”, mostraba como en medio de la
democracia alemana crecía el fascismo, y cuántas oportunidades se perdieron de
derrotarlo. Como un enorme y multifacético documental, millones de argentinos
han conocido en estos años lo que significan las palabras “traslados”
“desaparecidos” “centros clandestinos”; a su conciencia apelaremos en esta
batalla contra el nuevo modo de represión, para abrir paso a una democracia
verdadera, sin torturados ni desaparecidos, donde la vigencia plena de todos
los derechos para todos sea el otro nombre de la Independencia Nacional.
[1] En rigor, la función represora no cesó nunca, pero entre el
2003 y el 2006 prevaleció una suerte de tregua o pausa, al menos en el discurso
oficial y el obrar de las fuerzas de seguridad nacionales. La derecha en
su conjunto, estaba como inhibida por el desastre que había ocasionado y por la
reacción popular del 2001/2002. La desaparición forzada de Julio López en
setiembre de 2006 marcó el final de aquella inhibición y de la pausa.
[2] Un repaso rápido nos da la siguiente lista: Represión en la
legislatura porteña (16/07/2004); Detenciones en Caleta Olivia (19/08/2004);
Violenta represión a desocupados en Las Heras, provincia de Santa Cruz. El caso
Carina Sauco (30/11/2004); Nuevamente represión en Las Heras ( 07/02/2006);
Desaparición de Julio López, (18 de septiembre de 2006); Golpiza a los
trabajadores del Hospital Francés, (10/10/2006); Represión en Cañadón Seco (
12/09/2007); Trabajadores del Casino de Buenos Aires, que hacia varias jornadas
que estaban en huelga, fueron atacados por la patota sindical del SOMU. Una
compañera perdió un embarazo de 4 meses (30/01/2008); Represión en
Kraft-Terrabusi. (25/09/2009); Ataque a los trabajadores del subte, que estaban
en asamblea; Represión a Choferes de larga distancia; Atilra Rosario: Ataque e
intento de tomar la sede sindical, por parte de una patota de 300 barras bravas
y burócratas sindicales; Ataques y persecución de los Trabajadores del INDEC;
Brutal golpiza a delegados portuarios por parte del sindicato. Patota dirigida
por directivos del sindicato de guincheros, propinaron a los delegados Víctor
Astorga (apuntadores terminal 5) y Alberto Berti (marina mercante, terminal
trp), el viernes 23 de julio de 2010; Asesinato de Carlos Fuentealba en
Neuquén; Asesinato de Mariano Ferreyra (20-10-10); Asesinato de los López,
miembros de la Comunidad
qom en Formosa; Agresión a los Docentes de Santa Cruz por la patota de la UOCRA; Represión y muertes
en el Parque Indoamericano; Represión y asesinatos en Jujuy, en tierras del
Ingenió Ledesma; Duro desalojo y represión, por parte de la policía federal a
los Docentes de Santa Cruz, en Bs.As. Habían instalado una carpa frente al
Ministerio de Trabajo, y fueron reprimidos con carros hidrantes; Detención del
Pollo Sobrero y otros compañeros; Brutal ataque al Delegado Daniel Farella de la Línea 60.; Patota de la UOCRA agrede a sus propios
afiliados en El Calafate. Valgan también otros ejemplos de lo sucedido en
Indiel, IKA-Renault, Thompson Ramco, Rigolleau, Grafa, FATE, Ford, Wobron,
Silvania, Atlántida, Alba y Codex, Astarsa, Tandanor, FATE electrónica, Eveready,
Fitam, Cormasa, DANA, etc. fuente: “Represión, disciplinamiento, patotas y
el gobierno nacional” de Leónidas Cerruti.
[3] Resalto la dificultad que tenía el poder real de
asegurar la reproducción ampliada del capital (la valorización del capital, la
ganancia media que todo burgués pretende) sin que la explotación sea
severamente cuestionada y hasta dificultada por la resistencia obrera y
popular. Desde distintas tradiciones se puede considerar el
fenómeno como “crisis orgánica” (Gramsci), “de gobernabilidad” (sociología
burguesa) o “situación revolucionaria desde el punto de vista objetivo” (Lenin)
[4]Pagina 12 del 22/12/2012
[5] En el documento de algunos intelectuales del Centro
Cultural de la Cooperación,
encabezados por el legislador Juan Carlos Junio, ”votante positivo” de la
terrorista Ley antiterrorista se afirma: ”Se han logrado avances notables en
materia de políticas de integración regional, de memoria, verdad y justicia, de
no represión de la protesta social, de medidas de redistribución progresiva
de la riqueza, de democratización de la palabra, de reconocimiento de derechos
a minorías….Los cambios en curso en las fuerzas de seguridad que el Ejecutivo
Nacional viene encarando con decisión, exigirán renovados esfuerzos en las
provincias para terminar con el gatillo fácil o la policía brava, que sigue
actuando y cuyo trágico accionar se revela en el saldo de muertos civiles cuyos
crímenes han sido defender sus derechos, o simplemente fueron fusilados bajo el
delito de portación de cara…..Los derechos humanos que este gobierno nacional
defendió como ningún otro reconocen el valor de la vida y el derecho a
peticionar como un principio refundacional de una democracia que demanda
avanzar hacia formas cada vez más plenas y participativas.”
[6] dos ejemplos: “Vemos crecer la lista de los
asesinados. Muertes que en su repetición no dejan de asombrarnos. Muertes que
van cubriendo toda nuestra geografía. Muertes que, lejos de ser inocentes,
marcan un encarnizamiento represivo que no puede ser negado ni atribuido a
lejanas decisiones para des responsabilizar al gobierno central. Ahora
descubrimos que desde 1994 somos un país federal, y que por lo tanto las
muertes dependen de las policías provinciales, o de los caciques locales”
Documento Plataforma 2012 y otro de Diego Rojas, autor de “Quien mató
a Mariano Ferreyra” “En el caso del Indoamericano y el de Mariano Ferreyra se
usó un método que ha estado teniendo una repetición inusual en estos últimos
años que es el caso del uso de patotas para reprimir a la protesta social, que
es lo que podría llamarse la tercerización de la represión (…) el gobierno dice
que no se reprime la protesta social, sin embargo la demanda de grupos sociales
fue reprimida por patotas”. Y más: “este gobierno dice que no reprime la
protesta social aunque de hecho si lo hace”.. “Se organizan patotas desde
diversos sindicatos para acallar a opositores, donde en conjunto los
empresarios y los sindicalistas usan este método que a ambos les conviene, por
un lado a los empresarios les conviene que no haya protesta social, por otro a
las direcciones sindicales burocratizadas que en una cantidad de casos hace
décadas están en sus puestos, les conviene que no haya voces opositoras a sus
mandatos.
[7] el concepto lo inspiró Jorge Beinstein con un comentario
sobre el borrador de este texto. Jorge es, autor de numerosos textos sobre la
crisis del capitalismo. Su último libro es “El comunismo del siglo
XXI”, Ed. Barricada, Caracas.
[8] consultar la investigación del Washington Post: http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/a-hidden-world-growing-beyond-control/1/,
hay otras versiones en castellano, pero esta es la oficial
[9] el concepto “lumpen burguesía” fue desarrollado en los 50 por
Ernest Mandel y retomado en los 60/70 por Andre Gunder Frank. Por entonces
suponía diferencias entre “nuestras” burguesías periféricas y las centrales;
con el desarrollo de la crisis, las diferencias se han borrado pero como todo
aditamento al concepto de burguesía es una calificación política que intenta
resaltar la centralidad que lo mafioso tiene en el ciclo de negocios y la
ausencia completa de límites en su relación de subordinación a la burguesía
hegemónica. Desde Marx en adelante, para el pensamiento crítico la burguesía es
un sujeto universal y único, solamente se admiten conceptos como “burguesía
brasilera” o “lumpen burguesía” o “nacional” por razones políticas y/o
pedagógicas.
