DERECHOS HUMANOS - RESUMEN DE MEDIOS - 4/12/2012

- La Perla: A sólo un día de que comenzara el juicio oral en el marco de la megacausa La Perla en Córdoba, uno de los imputados, el mayor retirado Aldo Carlos Checchi, se suicidó en Buenos Aires. El militar de 67 años cumplía prisión a la espera de ser trasladado para someterse al proceso de enjuiciamiento, pero se disparó un balazo en el hospital donde estaba internado.

-Los organismos de Derechos Humanos de la provincia reclamaron a la justicia que tome medidas para evitar que se repitan situaciones similares con los 45 acusados restantes. “Resulta inconcebible que quienes están acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos se encuentren en condiciones que les permitan seguir atentando contra la vida, sea la propia o la de los demás”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

- En tanto esta mañana comenzó el proceso por  las aberraciones cometidas en el principal centro de detención ilegal y torturas del interior del país, La Perla, ubicada sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz, a escasos 20 kilómetros de esta ciudad. La causa esperó más de tres décadas para ser juzgada y por momentos navegó en el fango de la impunidad. Con sus cuatro centenares de víctimas y sus 46 victimarios sentados en el banquillo de los acusados, es el quinto juicio por delitos de lesa humanidad bajo el imperio de Luciano Benjamín Menéndez que se realiza en la provincia, y uno de los más trascendentes del país.

- Además, se trata del primer juicio en Córdoba que va a juzgar el robo de bebés durante la dictadura. Uno de los casos emblemáticos será el de la sustracción del nieto de Sonia Torres, la titular local de Abuelas de Plaza de Mayo, quien busca a su hija Silvina, a su yerno, y al nieto que nació en cautiverio y fue apropiado por la represión

(CIJ – Telam – La Mañana de Córdoba- Página/12 – Tiempo Argentino – Clarín – La Nación)

- La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por las defensas de Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz, contra la pena de prisión perpetua impuesta por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

  (CIJ)

- Esma III: El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó ayer con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención. La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada. (Página/12 - Telam)

- Santiago del Estero: El Tribunal Oral Federal leerá mañana la sentencia en el juicio de la megacausa por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas en la provincia antes y durante la última dictadura cívico-militar. La fiscalía reclamó prisión perpetua para cinco de los diez acusados por delitos de lesa humanidad entre los que se encuentra Musa Azar.   (Tiempo Argentino)

- Salta: "Todos los casetes y comunicaciones que recibíamos de España del general Perón entraban por esa vía, por Tartagal y toda esa zona”, aseguró ayer la testigo Emma Renée Ahualli en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta. Ahualli estimó que por esto ya desde los comienzos de la década del 70 la frontera norte de esta provincia era vigilada con especial ahínco por las fuerzas represivas.  (Telam)

- La Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se revoque la prisión domiciliaria de la que goza el imputado José Javier De la Torre, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, debido a que ha sido denunciado por el abuso de una niña de 9 años el 8 de octubre pasado, en un complejo de cabañas en Capilla del Señor, donde se encuentra cumpliendo arresto domiciliario. De la Torre está acusado de haber cometido delitos de privación de libertad, tormentos y homicidios cuando era capitán del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, en Rosario.  (Página/12)

- Repudio a proyecto basado en la teoría de los dos demonios. A  través de un comunicado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre repudió ayer la media sanción del proyecto de ley que propone indemnizar a familiares de los diez soldados que murieron el 5 de octubre de 1975 durante el ataque de Montoneros a un regimiento de Formosa.  (Tiempo Argentino)

- Papel Prensa:La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó esta mañana al juez Julián Ercolini que se indague de forma inmediata y se diligencien una serie de medidas probatorias por la apropiación de la empresa Papel Prensa, que tuvo lugar durante la última dictadura cívico-militar.  De esta manera, el Estado pide que se tome declaración indagatoria a los acusados Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos, Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Reinaldo Gregorio Bandini y Raimundo Podestá. La presentación requiere también que la Justicia prohíba la salida del país a los denunciados en la querella de Papel Prensa.  (InfoNews- Telam)

- Rosario: La Escuela de Enseñanza Media Nº 514 carecía de nombre, hasta ahora. Su comunidad educativa dio a conocer ayer que la mayoría decidió, por voto, nombrar al establecimiento como "Madres de Plaza 25 de Mayo", en homenaje a las mujeres que sostienen en Rosario el mayor símbolo de lucha popular del país. (Rosario/12)

- La 32ª Marcha de la Resistencia que Madres, Abuelas y otras organizaciones de familiares de desaparecidos realizarán este jueves en Plaza de Mayo, además del tradicional recordatorio a los “30.000 compañeros-detenidos-desaparecidos”, será en respaldo a la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia e HIJOS se reunirán el jueves desde las 15.30 en Avenida de Mayo y Bolívar.   (Página/12)

- Un documental recordará la figura de quien terminó con la vida del jefe de Policía Ramón Falcón. "El anarquista Simón Radowitzky fue un verdadero héroe del pueblo". Con guión de Osvaldo Bayer y coautoría de Rolando Goldman, y el guionista y realizador Julián Troskberg, se estrena en mayo. El film, según Bayer, rescata la figura de "alguien que mató para terminar con la violencia de arriba”. (Tiempo Argentino)

- La Presidenta recibirá este mediodía a su par de Ecuador, Rafael Correa, quien llegó al país para recibir el premio "Rodolfo Walsh", que otorga la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).   (Página/12 - InfoNews)

- Marita Verón:  La Sala II de la Cámara en lo Penal de la provincia de Tucumán dará a conocer el 11 de diciembre próximo, en horas de la tarde, la sentencia en el juicio oral y público por la desaparición de Marita Verón. (CIJ)

- Paraguay: Los campesinos de la Liga Nacional de Carperos de Paraguay se sumaron al reclamo de otras organizaciones sociales y pidieron ayer a las autoridades una investigación exhaustiva del asesinato del dirigente campesino Vidal Vega. Según la Plataforma de Estudios e Investigación del Conflicto Campesino (Peicc), Vega era un testigo fundamental en el caso conocido como la masacre de Curuguaty. (Página/12)

Desarrollo de la información:

DECLARACION DEL EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN

              El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), reunido en Buenos Aires del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2012, con la presencia de los Delegados de las Diócesis de distintas regiones del país,  junto a los Obispos de la Comisión de Pastoral Aborigen (CEPA) y la Asesoría Jurídica, hemos reflexionado y compartido la situación de los Pueblos Indígenas y otros temas que inciden en ellos.

Uno de los temas centrales que nos ocupa en estos días, es el tratamiento que se le ha dado a la Reforma, Actualización y Unificación del Código Civil y Comercial. Proceso en el que no se ha respetado el derecho de Consulta previo, libre e informado que ordena el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y jurisprudencia internacional. Asimismo, el hecho de que se considere la propiedad comunitaria indígena como un derecho real, se otorgue el carácter  privado a la personería jurídica de las comunidades, obviando la cláusula constitucional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas,  junto a otros temas que este Equipo  ha manifestado en distintas audiencias públicas desarrolladas.

Tenemos el firme compromiso de continuar sosteniendo junto a los Pueblos y Organizaciones Indígenas el reclamo, para que sean reconsiderado estos puntos, antes de ser aprobado el Proyecto de Reforma, buscando la efectiva aplicación de los derechos adquiridos, sin que sufran menoscabo alguno, y se adapte dicha regulación a la normativa positiva nacional e internacional vigente.

También nos ocupa y preocupa, la lenta implementación del relevamiento territorial ordenado por la Ley 26.160 y su prórroga Ley 26.554. Urgimos a su inmediata aplicación, dada la necesidad de los Pueblos en regularizar sus territorios, los cuales se ven amenazados por el modelo extractivo (minero, ganadero y agroforestal). Denunciamos la política de fragmentación  hacia las comunidades indígenas que lleva adelante el organismo de aplicación de la ley –INAI- como así también de los Gobiernos Provinciales y Nacional.

Asimismo, repudiamos el accionar violento hacia los vecinos de las Asambleas Valle y Costa del NO a la mina, acontecidos en la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, por parte del gremio de la UOCRA,  en ocasión de querer acercarse a la sesión legislativa. También repudiamos todos los actos de violencia y agresión que sufren Comunidades, Pueblos Indígenas y Asambleas Ciudadanas, cuando defienden sus territorios y los bienes naturales.

Como creyentes en el Dios de la Vida y la Justicia, en este tiempo en que nos preparamos  a la Navidad, --en la que celebramos la presencia de Dios, hecho uno de nosotros entre los más pobres-, deseamos una sociedad más justa, solidaria, igualitaria, donde la Paz sea fruto de la Justicia.

Buenos Aires,  03 de diciembre de 2012

ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)

Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II - Ruta Nac. 11 - km. 1180.

(3600) FORMOSA – ARGENTINA Tel: 3704-448-015 

coordinacion@endepa.org.ar – www.endepa.org.ar

Voces para la democratización

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En representación de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tebele y Silvana Iovanna plantean su visión acerca del proceso de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Por Fernando Tebele y Silvana Iovanna *

A tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y mientras todas las luces están puestas en el 7-D y en la desinversión de los monopolios, desde la Red Nacional de Medios Alternativos seguimos construyendo comunicación comunitaria, alternativa y popular, sabiendo que, en esa fecha, no se define nuestro futuro.

La nueva ley generó expectativas entre los movimientos populares. Durante el proceso de debate previo a la sanción aportamos nuestro análisis y reflexión que se tradujo en propuestas concretas. Paralelamente, e incluso desde antes del debate por la ley, hemos impulsado la creación de un centenar de radios y televisoras con organizaciones de todo el país. También acompañamos su proceso de construcción, capacitación y sustentabilidad político-comunicacional.

Los medios nucleados en la RNMA analizamos nuestra situación ante la nueva ley en un comunicado recientemente publicado (www.rnma.org.ar). Allí expresamos nuestra preocupación por algunos pasos que se fueron dando en la implementación de la norma, sin respetar lo que el texto exige ni nuestra especificidad como sector.

Por ejemplo. La ley establece, como requisito previo a la entrega de licencias, la obligación de armar y hacer público un Plan Técnico de Frecuencias: un mapa de todo el país que muestre cómo está el espectro (qué porción está ocupada, por quiénes y cuánto queda libre). Recién cuando sea elaborado, la Afsca debería, también según la ley, reservar el 33 por ciento para los medios sin fines de lucro. El Estado no ha realizado este plan técnico y, en consecuencia, no ha hecho la reserva del 33 por ciento. Sin embargo, continúa con la entrega de licencias y la apertura de concursos. Este incumplimiento, además de no respetar lo que la ley exige, deja la puerta abierta a la entrega discrecional de las mismas.

Por otro lado, en los concursos convocados por la Afsca, los medios comunitarios, alternativos y populares tenemos que cumplir con bases y condiciones de pliegos que poco contemplan la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Tampoco diferencian y especifican a nuestros medios dentro de los prestadores sin fines de lucro, equiparando a cualquier medio comunitario con fundaciones o asociaciones ligadas a estructuras sindicales, eclesiásticas u otras, cuyo poder político y económico está muy lejos del que pudiera tener una asamblea de vecinos autoconvocados o los familiares y amigos de Luciano Arruga.

En el debate previo a la ley quedó en claro que la necesidad de modificar el decreto de la última dictadura cívico-militar (empeorado en sus mecanismos concentradores por todos los gobiernos democráticos que la sucedieron, sin excepción), tenía como objetivo principal la democratización del espectro radioeléctrico, dando lugar a la multiplicación de voces y discursos.

Aunque el 7 de diciembre se iniciara la desinversión de los grandes grupos, por la que hemos luchado durante años desde nuestros medios, no se solucionarían los problemas actuales. Las licencias de las que deban desprenderse los monopolios no necesariamente volverán al Estado para ser sumadas a un espectro que colabore en garantizarnos el 33 por ciento. Sino, más bien, serán transferidas entre privados, pasando quizá de grupos poderosos a otros que también lo son.

La identidad de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares se define desde las prácticas colectivas, las relaciones con la comunidad y la existencia de un proyecto comunicacional por y para la organización popular.

Nuestra problemática es particular y exige ser tratada de tal modo. Según la ley, nuestros medios deben tener operadores técnicos y locutores profesionales, ¿cómo le explicamos a un integrante de la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca (por citar sólo un ejemplo conocido por las interferencias que sufrió su señal en febrero de este año), que no puede operar la consola de sonido y debe generar una relación de dependencia laboral con otra persona? No entender que nuestros medios tienen lógicas diferentes a las de los medios comerciales y aún a las de otros sin fines de lucro es no comprender nuestra singularidad.

Sin las voces que se hacen oír desde sus propios medios porque los medios tradicionales no les dan un lugar, la democratización será parcial. Y, según creemos, no existe la democracia a medias: la pluralidad de voces y discursos es la única herramienta para alcanzar ese objetivo. Sin la posibilidad de legalizar lo que ya es legítimo, será imposible.

* Por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

La RNMA ante el 7D

http://www.rnma.org.ar

Por medio de un documento público la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) fijó su posición ante la inminencia del denominado "7D". En este sentido, la RNMA participará durante esta semana y la que viene de una serie de charlas-debate en universidades nacionales y frente al Congreso Nacional para difundir su posición. "La adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. Además, si las corporaciones actuales fueran sustituidas por otros grupos que concentraran discursos, sean privados o estatales, el objetivo no se habrá cumplido", indica el documento. Por RNMA.

DOCUMENTO DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS

Cuando las agendas mediáticas ponen sus miradas en el 7 de diciembre, desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) consideramos que no hay que centrar el debate de la democratización de la comunicación, de la diversidad y la pluralidad, en torno a un solo artículo de la ley. Porque si hiciéramos eso clausuraríamos la reflexión, reduciéndola a la actual puja polarizada y binaria entre empresarios de medios con la misma lógica. Estaríamos desconociendo que democratizar es mucho más que desinvertir. En este sentido reafirmamos nuestra histórica posición antimonopólica y desconcentradora.

Desde la RNMA entendemos que la desconcentración no es el único paso para multiplicar las voces. La adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. Además, si las corporaciones actuales fueran sustituidas por otros grupos que concentraran discursos, sean privados o estatales, el objetivo no se habrá cumplido. La desconcentración es solo un paso, pero no el único.

Creemos que es NECESARIO garantizar la MULTIPLICIDAD DE VOCES pero también la MULTIPLICIDAD DE DISCURSOS. Y esto sólo se puede lograr con el reconocimiento de la identidad de los medios populares, alternativos y comunitarios y su legalización. Consideramos que la aplicación solamente del artículo 161, no traerá la democratización de la comunicación porque:

• La transferencia de licencias que excedan del tope que marca la ley será entre privados que las mismas corporaciones definan a través de un plan de adecuación aprobado por la AFSCA.
• No liberará espectro que pueda llegar a engrosar el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, dentro de las cuales se encuentran nuestros medios.
• EL 7D se iniciará el proceso de desconcentración de los grandes grupos. Sin embargo, no se solucionarán muchas de las exigencias que le impone la ley a nuestros medios y que se han transformado en trabas para la legalización de los mismos.
• Solamente estamos hablando de un proceso que afectará a 500 licencias de las 5000 que, según el presidente de la AFSCA, existen en todo el país.
• El 7D no democratizará la distribución de la pauta publicitaria, que hoy es entregada en forma discrecional y con alta concentración, a los grupos de medios que suscriben el actual proyecto de gobierno.

  

“Estés o no de acuerdo, la ley hay que cumplirla”

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El titular de la AFSCA, Martín Sabatella, especificó en una conferencia de prensa las implicancias de la adecuación de los grupos mediáticos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e instó al grupo Clarín a presentar su plan de desinversión voluntariamente antes del 7D.

Los anuncios del titular del organismo responsable de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consistieron principalmente en un desglose de los grupos mediáticos cuya cantidad de licencias o cuota de mercado superan lo establecido por la norma. A su vez, hizo hincapié en que “la ley es para todos, no hay sociedad democrática en la que alguien elija cuál ley cumplir y cuál no”, e hizo referencia a que existe un solo grupo que “se niega a presentar un plan de desinversión antes del 7 de diciembre, después o nunca”, en clara alusión al grupo Clarín.

Según los datos presentados, los grupos cuya situación es más irregular son el Grupo Uno de Daniel Vila y el ya mencionado Clarín en primer lugar y los siguen Cadena 3, el Grupo Prisa y Telefé. El informe completo se encuentra subido a la web y puede consultarse allí cuáles son las exigencias de la ley que se incumplen en cada caso.

"El 8 de diciembre, absolutamente todos los plazos estarán vencidos y entonces el Estado, a través del AFSCA, iniciará el proceso de transferencia de oficio", explicó Sabatella. Hasta el día 7 de diciembre los grupos tienen la capacidad de plantearle a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual su plan de desinversión. Luego de esa fecha, será la entidad estatal la que determine qué licencias quedarán a disposición. El organismo seleccionará cuáles de las licencias que les sobren a los titulares infructuosos quedarán disponibles para licitar; iniciará un proceso de tasación a través del Tribunal Nacional de Tasación, abrirá el registro de oferentes y dará comienzo al proceso licitatorio. “El criterio de selección será licitar lo de menos valor, para ocasionar el menor perjuicio económico al titular”, aclaró el ex intendente de Morón. A su vez, agregó que al actuar de oficio “el Estado garantizará el cumplimiento de la ley, el servicio televisivo o radiofónico y absolutamente todos los puestos de trabajo en la condición que tuvieron hasta entonces”.

"La amenaza del titular de AFSCA de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales del Grupo Clarín, implica un desafío al estado de derecho y constituye un desconocimiento de la propia ley y del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el artículo 161 de la ley de medios está totalmente suspendido para el Grupo Clarín por su presunción de inconstitucionalidad", aseguró un comunicado emitido por Clarín en respuesta a lo anunciado hoy. Aseguraron también que ese grupo ha sido “el primero en cumplir la ley en todos sus puntos vigentes”, pero que el artículo 161 se encuentra “suspendido judicialmente”.

Los artículos 41 y 161 de la ley a los que hace referencia Clarín en su comunicado, refieren a, por un lado, la cantidad de licencias permitidas para un mismo emisor, es decir, 24 licencias de televisión por cable y 10 licencias abiertas de radio y televisión, y, por otro, la obligación que tiene quien sobrepasa ese número de desinvertir, lo que significa devolver esos permisos de emisión al Estado, según el art. 161, “en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”. Rige para ambos artículos una medida cautelar desde 2009, y en mayo de este año la Corte Suprema determinó que el 7 de diciembre es el plazo límite para el vencimiento de esa medida.

El comunicado de los dueños de TN y Canal 13 agrega que la amenaza de Sabbatella "confirma lo que el Grupo Clarín viene manifestando desde hace meses. Se trata de una ley dictada con nombre y apellido, que quiere avanzar sobre las pocas voces independientes que quedan en el mundo audiovisual, y que busca seguir colonizando las radios y los canales de TV de la Argentina".

Por su parte, desde el AFSCA, Sabatella aseguró: “La ley es para todos. Permite garantizar pluralidad, diversidad, la democratización de la palabra y de las voces y para poder hacer esto se necesitan aplicar estos artículos que hablan de enfrentar la tendencia monopólica y la concentración mediática, las posiciones dominantes que generan la competencia desleal”. Añadió: “Esta es una ley antimonopólica que busca que no haya un gigante tomatodo que destruya al resto; permite que haya pequeños, medianos y grandes, pero no gigantes tomatodos”.

Las TVs comunitarias atacan

Por otro lado, hoy se movilizará y realizará un festival en la puerta de la AFSCA el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Comunitarias y Populares para exigir que los medios de estas características sean incluidos en la política de aplicación de la Ley. Con el eje puesto en que la democratización del sistema de medios en la Argentina incluye necesariamente que se garantice el 33% del espacio audiovisual para los medios sin fines de lucro, afirman que es necesaria una política específica para los medios comunitarios, alternativos y populares y que el Estado debe garantizar ese derecho y fomentar y promocionar su creación y sostenimiento, generando concursos específicos. 

A 3 años de la sanción de la nueva Ley de Medios DOCUMENTO DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS

DOCUMENTO DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS

A 3 años de la sanción de la nueva Ley de Medios manifestamos que:

• La lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional lleva años sin soluciones concretas.
• La falta de elaboración de un Plan Técnico (ordenamiento del espectro ocupado y del libre), que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma previa a los llamados a concursos, provoca discrecionalidad en la entrega de las licencias.
• Se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 % del espectro que, por la nueva ley, debería ser destinada a las entidades sin fines de lucro.
• Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Además no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares.
• La desinversión que se iniciará el 7 de diciembre no garantiza la democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro.
• La vigencia del decreto 527/2005 que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad de espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión.

Las voces que quedan afuera el 7D

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El viernes pasado, en el marco del Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social, distintos medios alternativos expresaron sus visiones respecto al 7D y la situación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Durante los días 26 y 27 de octubre se llevó a cabo el segundo Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social (Encocaso) en la ciudad de La Plata. El día 26 por la tarde se realizó un panel de debate titulado: “¿Qué está en juego el 7D? La visión de la comunicación popular”. Allí expusieron su mirada Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); Marcelo, miembro de Barricada TV que a su vez forma parte del Espacio de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias; Fabiana Arencibia de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y Adrián Pulleiro, profesor de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y miembro de Radio Sur FM 88.3.

La otra pata de la Ley de Medios

www.lavaca.org

“Esta ley es una forma de saldar la deuda que con el sector tiene la Ley de Servicios Audiovisuales, instrumento que ha significado la democratización de los espacios televisivos y radiales, pero ha olvidado a las publicaciones culturales gráficas y de Internet, independientes y autogestivas, sin las cuales esa misma ley no hubiese contado con canales de debate y difusión entre los diferentes actores sociales que la hicieron posible. Este no es más que un ejemplo –importante, pero no aislado- de la tarea social que cumple el sector: la batalla que allí se libra cotidiana y sostenidamente contra la monopolización no sólo de productos, sino de contenidos. No sólo de voces, sino de estéticas. No sólo de ideas, sino de futuros posibles”. Este es uno de los fundamentos del proyecto de Ley de Fomento para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por medios gráficos y de Internet que la Asociación de Revistas Culturales Independientes (AReCIA) impulsa para garantizar la libre circulación de publicaciones; entre ellas las que hoy se ven amenazadas por la política de expulsión que quiere implementar el sector que controla la corporación Clarín en el circuito de distribución de kioscos de la Capital.

La batalla contra la expulsión

El Ministerio de Trabajo intervino, a través de la creación de la Comisión Fiscalizadora de Ventas de Diarios y Revistas, para impedir que se concreten las maniobras de expulsión de las revistas culturales independientes. En ese marco, canillitas, editores y recorridos están negociando las nuevas condiciones de comercialización, donde un sector intenta imponer un costo fijo de 2.30 pesos por ejemplar vendido, que se suma al 50% del precio de tapa que históricamente consume toda la cadena de distribución. Por primera vez la propuesta del sector controlado por Clarín discrimina a las revistas culturales independientes de las comerciales, pretendiendo imponerles un costo fijo mayor.

Por su parte, la Dirección de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, convocó a una reunión entre la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas y AReCIA donde se planteó el rechazo  a estas maniobras. También reunió a representantes de universidades nacionales y de AReCIA. Allí las revistas culturales independientes solicitaron, entre otras cosas, el apoyo al proyecto de ley y la inclusión de las experiencias de autogestión editorial en la formación de comunicadores sociales. Participaron de esa reunión Rodolfo Hamawi y María Iribarren, de la Dirección de Industrias Culturales, Sergio Barberis, de la Universidad Nacional de La Matanza, Carlos Zelarayan, de la Universidad Nacional de Avellaneda; Darío Stukalsky, de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Natalia Giglietti, de la Universidad Nacional de La Plata; Natalia Romé, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ; Matías Cordo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Daniel Campione, de la Biblioteca Nacional .

Más información en la web de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA)

Comunicado por represión en Rawson Provincia de Chubut

Buenos Aires, 28 de noviembre del 2012

Ante los terribles hechos ocurridos en Provincia de Chubut el martes 27 de noviembre en horas de la tarde, donde asambleístas no a la mina fueron gravemente heridos por patoteros que actuaron ante la inacción de la policía que permitió la brutal paliza.

Hemos recibido la siguiente información por parte de quienes han sufrido esta terrible agresión:

Los hechos ocurridos se desarrollaron cuando militantes de las organizaciones socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) se autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera pacífica como habitualmente hacen, para defender la ley 5001 que prohíbe la mega minería.

El Gobierno provincial mediante un marco regulatorio que debe emitir la Legislatura de Chubut quiere anular esta prohibición.

En ese momento fueron violentamente reprimidos por un  contingente, contratado en la ocasión, que se desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de emplazamientos de doble vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo represor con carteles pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad de Paso del Sapo.

Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme a explicaciones de los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la provincia del Chubut semejante represión.

Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio.  

Ante estos hechos que, una vez mas pretenden reprimir la legitima protesta social, expresamos nuestra preocupación y repudio. Esta forma de “disuasión” viene dándose a lo largo y ancho del territorio de nuestro país y no debemos permitirla.

Exigimos a las autoridades, que se respete la voluntad popular expresada en la ley 5001 que prohíbe la mega minería en el Chubut, que identifique de los agresores y que se aplique sobre ellos las leyes correspondientes a estos graves hechos de violencia.

Adolfo Pérez Esquivel

Presidente

Fundación Servicio Paz y Justicia

LA VIOLENCIA NOS INDIGNA - Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia

Ante los violentos  acontecimientos sucedidos en la tarde del día de ayer, 27 de noviembre del 2012, en la propia Legislatura provincial de la ciudad de Rawson, el Equipo Diocesano de Pastoral Social de Comodoro Rivadavia,  repudia  enérgicamente la represión que con toda  impunidad ha sido ejercida hacia un grupo de pacíficos integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas que viene manifestándose desde hace tres meses  rechazando el Marco Regulatorio que se quiere imponer en la provincia para favorecer  la actividad megaminera.

            Una vez más, nuestra vida social está siendo fracturada por actitudes de este tipo; una vez más, se apela a la violencia como único lenguaje y metodología coercitiva para  imponer decisiones  tomadas de antemano y hacerlas pasar como consecuencias  de una democracia delegativa.

            Acciones como éstas, deliberadas y planificadas, constituyen un signo de intolerancia inadmisible como método de solución de conflictos sociales; el gobierno debe garantizar y respetar a toda la comunidad y a cada uno de sus integrantes el derecho a manifestarse. Rechazamos la pasividad y la inercia de quienes miraban como ajenos,  las escenas  de represión que concluyeron con heridos, algunos de gravedad. A ellos enviamos  nuestra total solidaridad.

La violencia no constituye jamás un modo de abordar las diferencias. Y no la podemos justificar, mucho menos cuando se utiliza para disuadir opiniones distintas.

Nosotros, como Iglesia, proclamamos con  convicción de cristianos que la construcción de una sociedad democrática solo se dará si hay participación y protagonismo en paz y que esta debe ser estimulada y protegida desde un estado obligado a resguardar la democracia, rechazando cualquier modalidad violenta de ejercer el disenso.

La violencia es una mentira, como dijo Juan Pablo II, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestras tradiciones, la verdad de nuestra humanidad. “La violencia destruye lo que pretende defender: destruye la dignidad, destruye la vida, destruye la libertad del ser humano.” [Juan Pablo II, Discurso en Drogheda, Irlanda, 29 de septiembre de 1979].

Es obligación del Gobierno restituir la escucha, sin negar, dilatar ni desoír los reclamos que traen numerosos pobladores y vecinos a fin de que en el ámbito legislativo se tomen las decisiones más apropiadas al bien común y no al interés sectorial del momento.

            Apelamos a que las Instituciones asuman su protagonismo e independencia, contribuyan a la resolución de todo conflicto y se comprometan a sostener y cuidar el frágil  tejido social, decididos a obrar como dirigentes y ciudadanos responsables y que nunca más nadie padezca ni sea testigo de violencia alguna.

Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia

Contactos:

Liliana Murgas (154-354591)

Pbro. Daniel Lanz (154-606272)

CUANDO LA VIOLENCIA ES LA RESPUESTA, SIEMPRE PIERDE LA VERDAD

Desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-Regional Trelew, repudiamos los hechos ocurridos en la tarde del martes 27 de Noviembre, frente a la legislatura de la provincia de Chubut, donde grupos identificados con el SI a la MINERIA, agredieron a manifestantes de las asambleas que vienen militando en nuestra provincia en contra de ella.

 

Ante la ausencia total del Estado, que debía garantizar las expresiones de cada uno de los sectores, la violencia ganó la calle, hiriendo y lastimando, no sólo a los manifestantes, sino a la DEMOCRACIA 

 

Y esto se genera por un gobierno provincial que busca imponer sin el adecuado tratamiento e información a la población, un marco regulatorio para una actividad que genera muchas dudas sobre sus potenciales beneficios al conjunto de la sociedad, e impactando sobre el principal recurso de la provincia, que es el AGUA.

 

Desde el MEDH-Reg. Trelew, lamentamos que quienes tienen que velar por el bien común pongan en peligro la paz social de la comunidad y exigimos el esclarecimiento y  castigo institucional a los responsables.

 

A su vez, solicitamos a los representantes del pueblo en la legislatura, que garanticen un adecuado tratamiento del tema, clarificando la información y legislando para todos los chubutenses, los de hoy y los de mañana.

 

Que el Dios de la Vida nos ayude a encontrar la verdad, a construir la justicia y a garantizar la paz, que es VIDA en abundancia para todos.

 

 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-Regional Trelew

Trelew, 28 de Noviembre de 2012

Córdoba: Con represión y patotas, el municipio de Malvinas rechazó el proyecto de ordenanza contra Monsanto

http://anred.org

 

Con una metodología que viene repitiéndose en distintos lugares del país cuando las comunidades se organizan contra los emprendimientos extractivistas, una patota que responde al intendente Arsani agredió con piedras fuera del edificio del Concejo Deliberante a lxs vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida que se manifestaban frente al municipio. La policía intervino, separando a ambos grupos. Una joven de la Asamblea resultó herida en la cabeza por una pedrada, y ha sido llevada a un centro asistencial para su atención. Por ECOS Córdoba

La Municipalidad de Malvinas no dejó pasar a lxs vecinxs a la sesión pública del Concejo, custodió la entrada con policías, reprimió con infantería, y envió una patota para que agrediera a lxs miembrxs de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.

Anoche (21:·30) lxs manifestantes se encontraban esperando la salida de lxs concejalxs, que estaban labrando el acta de la sesión donde desestimaron de manera unánime la ordenanza de resguardo ambiental. 

Luego de un escueto debate durante el cual lxs concejales dieron sus razones para el rechazo del proyecto de ordenanza en distintos items, votaoron de manera negativa. Según lxs funcionarixs, las nortmativas ambientales existentes están a la altura de las necesidades actuales. 

En relacion a la consulta, dijeron que no acuerdan, pero que si la justicia se expide en ese sentido, lo analizarán. Su principal argumento es que no van a debatir por medio de una consulta popular la instalación de una empresa en la localidad. 

De esta manera, con un nimio debate y con la presencia en el recinto de solo dos personas de la Asamblea de Malvinas Lucha por la vida, se rechazó totalmente la iniciativa impulsada por lxs vecinxs de la localidad. 

Lxs manifestantes sostienen que lxs funcionarios son títeres del intendente Arsani, y que dieron la espalda al pueblo.

Video: La Represión Transgénica 

Policía e infantería repelieron a los convocadxs de Malvinas Argentinas, en su intento por entrar en el Consejo Deliberante. No hubo heridos, ni detenidxs. Luego, se realizó una represión tercerizada, a partir de cruces y piedrazos por parte de vecinxs que responden al intendente Arzani.

 

De esta manera, el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas rechazó por unanimidad el proyecto presentado por iniciativa popular, en el que lxs ciudadanxs pedían crear una zona de resguardo ambiental para limitar las fumigaciones, e impulsar una consulta popular vinculante para decidir con el voto si querían o no la instalación de una planta acondicionadora de granos de la multinacional Monsanto. 

Personal policial evitando el ingreso al Concejo Deliberante.

A partir de las 19, un grupo de vecinxs de la ciudad y de barrios aledaños, se hizo presente frente al edificio del Ejecutivo para solicitar el ingreso a la sesión pública del Concejo que trataría el proyecto presentado por la Asamblea. Sin embargo, el Gobierno dispuso personal policial e infantería para evitar el derecho que tenían lxs manifestantes de ingresar al acto público.

Frente a esto, aproximadamente 100 vecinos intentaron ingresar para cerciorarse el correcto tratamiento de la propuesta pero chocaron con el personal de seguridad en la entrada del edificio, lo que provocó la rotura de una de las puertas de vidrio y un par de disparos de bala de goma hacia el cielo.

“No les importa ni nuestra salud, ni la salud de nadie. Sólo les importa el dinero (…) Ellos, que no discuten sobre la salud, son lo que generan la violencia, no el pueblo que reclama (…) Ellos no quieren someter a consulta popular porque tienen miedo”, indicó Matías Marizza, integrante de la Asamblea Malvinas lucha por la vida.

Represión tercerizada

Posteriormente, lxs manifestantes se dispusieron a esperar la salida de lxs concejalxs, que aún se encontraban labrando el acta de la sesión para escuchar las argumentaciones correspondientes.

Sin embargo, al parecer, el intendente Daniel Arzani tenía planeada otra situación.

A medida de que se fue oscureciendo, comenzaron a llegar vecinos con evidentes intenciones de provocar a los integrantes de la Asamblea.

Entonando cánticos a favor de la instalación de Monsanto y de Arzani, un grupo de alrededor de 30 personas – jóvenes en su mayoría – comenzó a increpar a los manifestantes con insultos y empujones.

 Aproximadamente 15 agentes de infantería se hicieron presentes en el lugar.

Con una metodología que viene repitiéndose en distintos lugares del país cuando las comunidades se organizan contra los emprendimientos extractivistas, la patota agredió gravemente con piedras de considerable tamaño a las personas que se manifestaban fuera del edificio del Concejo Deliberante.

Una joven militante del MST e integrante de la Asamblea de Malvinas sufrió el golpe de un cascote en su cabeza, y tuvo que ser llevada a un centro asistencial para su atención, donde le realizaron cinco puntos de sutura.

La policía, luego de permitir el libre accionar de los agresores, intervino con un vallado improvisado, separando a ambos grupos.

Cadena de favores

Según manifestaron los propios agresores, la patota atacó a los vecinos porque “no iban a soportar que insulten a su concejala”.

Uno de los cabecillas del grupo, autoreferenciado como Gonzalo Martínez, explicó que pertenecen a la Agrupación Evita y responden a la concejala Rosa Estela Castañares, integrante del Partido de Unión por Córdoba.

“Si mi concejal dice: ‘Monsanto no va en Malvinas’, Monsanto no va en Malvinas. Y si mi concejal duda, yo dudo. Porque la elegí convencido, somos militantes del día a día”, argumentó el puntero barrial.

Según trascendió entre los vecinos, al dispersarse la manifestación, una funcionaria de la Municipalidad repartió cajones de cervezas a los agresores, y posteriormente, algunos de ellos fueron invitados a comer y tomar al Salón Palmeras, ubicado en la 1era Sección de la localidad.

  Un grupo de treinta supuestos vecinos, agredieron con piedras a los manifestantes.

Gonzalo Martínez: La voy a apoyar hasta el día que me muera.

ECOS: ¿Por más de que sea ilegal? Porque la Ley Nacional de Ambiente prevé los estudios ambientales previos y la consulta popular como herramienta necesaria.

– Si mi concejal está al margen de la ley, no la voy a poder seguir apoyando porque soy un tipo de derecha, de derecha. Peronista hasta el último pelo de mi cuerpo. No pasa por delasotista o kirchnerista, yo soy peronista.

– ¿Sabés cuándo se termina la obra?

– Desconozco

– ¿Y cuándo se decide el permiso definitorio?

– Por lo que tengo entendido, Daniel (Arzani) iba a firmar el permiso una vez comprobado que no se contaminaba. Desconozco cuándo es.

– Yo sé que mucha gente que está acá y responde a vos, ¿No te pareció una actitud patoteril?

– De acá yo manejo el 30% de la gente. El resto lo maneja la Agrupación, nuestra agrupación, yo soy un referente. Somos de Agrupación Evita.

Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de Monsanto, lo único que hacemos es estar a favor de nuestra concejal, porque nosotros la pusimos. Desconozco por qué estaríamos a favor de la instalación de Monsanto.

Esto fue totalmente espontáneo. Una revuelta, reaccionó la gente. Hubo una golpiza, un par de piedras y todo se calmó ahí. Tranquilo.

Fuente: ECOS

Información relacionada:
MONSANTO implica riesgos y sus residuos químicos se quemarían en Malagueño

Violenta represión en Chubut a manifestantes que se oponen a la megaminería

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En la tarde del martes 27 de noviembre en la Legislatura de Rawson, Provincia de Chubut, decenas de asambleístas del movimiento "No a la Mina" fueron gravemente heridos por integrantes de la UOCRA, contratados por funcionarios del gobernador Martín Buzzi. Hoy, miércoles 28 a las 11 en la sede de ATECH (Urquiza 345, Comodoro Rivadavia), se realizará una conferencia de prensa en repudio a los hechos ocurridos.

Reproducimos comunicado de UAP, Unión de Asambleas Patagónicas:

El gobierno provincial intenta por todos los medios habilitar la mega minería prohibida por la ley 5001 mediante un marco regulatorio, con el que venía amenazando una eventual reforma.

Militantes de las organizaciones socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) se autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera pacífica como habitualmente hacen, pero fueron violentamente reprimidos por obreros de la UOCRA (sindicato de la construcción), ocupados en la construcción de una “doble trocha” que comunica Trelew con Puerto Madryn. El contingente prominero, contratado en la ocasión, se desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de emplazamientos de doble vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo represor con carteles pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad de Paso del Sapo.

Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme a explicaciones de los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la provincia del Chubut semejante represión.

Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, "después de todo..." –dicen para negar la consulta- “...el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio.

UAP, Unión de Asambleas Patagónicas.

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Chubut: represión tercerizada contra ambientalistas

27/11/2012 Por Diego Rojas

Graves incidentes en Rawson: manifestantes contra la megaminería a cielo abierto fueron atacados salvajemente por patotas de la UOCRA.

Heridos, contusos, mujeres golpeadas. Tal es el saldo de la represión desatada esta tarde en Rawson (Chubut) contra manifestantes ambientalistas a manos de patotas de la UOCRA, gremio de la construcción liderado por el ex servicio de inteligencia Gerardo Martínez. Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del congreso provincial ya que el oficialismo kirchnerista intentaba votar el Marco Regulatorio Minero chubutense que posibilitaría el ingreso de la minería a cielo abierto en la provincia, actividad actualmente prohibida. El intento de modificar la prohibición es resistido desde hace dos meses por los ambientalistas de la región. Esta tarde la legislatura apareció rodeado de hombres cuyas banderas y vestimenta los identificaban como miembros de la UOCRA. Esos hombres desataron la represión.

“En estos momentos vamos a intentar ingresar al Congreso para presenciar la sesión desde las gradas, como hacemos siempre –contaba a plazademayo.com Pablo, miembro de la Asamblea Antiminera de Rawson, minutos antes de que empezara la agresión–. Esperemos que no pase nada”. La descripción del asambleísta daba cuenta de cuarenta colectivos estacionados en los alrededores del parlamento provincial, que se encontraba rodeado por alrededor de 800 miembros de la UOCRA. Los acompañaba el grupo Sí a la mina, que en Chubut describen como una agrupación armada y solventada por empresarios mineros. Plazademayo.com se comunicó con los manifestantes luego del ataque.

Video: Así comenzó el ataque de la patota.

–¿Cómo sucedieron los incidentes?

–Apenas empezamos a cruzar la calle para intentar entrar al Congreso, una patota armada con palos y cadenas nos empezó a golpear. Le pegaban con las cadenas a todo el mundo, incluso a mujeres. Hay un chico con la cabeza rota, le pegaron un palazo en la cabeza a un ex diputado, una chica de 17 años fue corrida a cadenazos. Fue todo muy violento. Atinamos a correr dos cuadras para resguardarnos en casa de gobierno. En ese momento nosotros éramos cien, y empezábamos a concentrarnos. No había policía, la zona había sido liberada. Diez personas debieron ser atendidas en el hospital.

“A mí pegaron un palazo en la cabeza, pero me llamaba la atención lo violentos que eran con las mujeres –cuenta a plazademayo.com el ex diputado del ARI Fernando Urbano–. Muchos estaban alcoholizados. La patota nos persiguió y siguió golpeando, aunque nos retirábamos del lugar. Este grupo de la Uocra es conocido acá porque sus hombres están armados. A un obrero que no se quería afiliar al sindicato lo molieron a golpes a tal punto de dejarlo discapacitado. Son un grupo de choque que, localmente, responde a Mateo Suárez”.

“Hacemos responsables por los sucedido y por lo que pueda suceder al diputado Carlos Eliceche y al gobernador Martín Buzzi, responsables de haber liberado la zona. Y al gobierno nacional, que es el principal impulsor de la megaminería a cielo abierto”, agrega Pablo, representante de la Asamblea Antiminera de Rawson, víctima de la represión tercerizada por las patotas sindicales.

Días atrás, el diputado kirchnerista y ex intendente de Puerto Madryn Carlos Eliceche, junto a funcionarios de la provincia, se habían reunido con Gerardo Martínez, el servicio de inteligencia devenido jefe gremial (y preferido de la presidenta Cristina Fernández), con el fin de buscar apoyos al Marco Regulatorio, según reflejaron los medios chubutenses. (Actualización: El gobernador Martín Buzzi también había participado del encuentro con Gerardo “Batallón 601″ Martínez) Es posible afirmar que en esa reunión se definieron las violentas acciones que clausuraron esta jornada.

Los manifestantes permanecían al cierre de esta nota realizando una asamblea frente a la casa de Gobierno, hoy habitada por Martín Buzzi, quien subió mediante los votos de Mario Das Neves pero que dio un brusco giro al kirchnerismo y lo anunció antes de asumir. Las patotas de la UOCRA continuaban rodeando el parlamento y manifestaron que permanecerán en el lugar hasta que el Marco Regulatorio sea aprobado. Un objetivo central del gobierno kirchnerista, que se juega por todo en su posición favorable a esta industria altamente destructora del medio ambiente. Tanto que no duda en tercerizar la represión a manos de patotas sindicales para lograr un deseo manifiesto del empresariado minero extranjero que, en esta oportunidad, pasó del lobby en los medios a palos y cadenas contra los cuerpos de hombres y mujeres que se oponen a su accionar.