1. Los juicios por delitos de lesa
humanidad, en los que somos querellantes, que se sustancian ante la Justicia
Federal de Mendoza. Tuvo su inicio el juzgamiento de ex jueces federales que
cumplieron funciones durante la dictadura, y como se ha demostrado con la
numerosa prueba aportada fueron verdaderos cómplices del aparato represivo por sus acciones y sus omisiones. Nuestros
abogados se enfrentan a la renuencia con que actúa el aparato judicial, y su
tarea se ve multiplicada por la necesidad de afrontar jurídicamente los
planteos de los defensores en favor de los represores.
2. El equipo del MEDH, profundizó
durante 2015 el trabajo pericial en el ex CCD campo Las Lajas, en la búsqueda
de enterramientos clandestinos. Con la participación de la Fiscalía, se obtuvo
el aporte de maquinaria vial, con lo que
abrimos un gran cráter causado por impacto de bomba aérea que se encontraba
tapado, y retiramos de su interior a una
considerable profundidad, restos de vehículos cuyas partes se están
peritando con muy interesantes resultados. Los geólogos, peritos de parte por
el MEDH, han realizado un gran trabajo
de reconstrucción gráfica de caminos y
alteraciones antrópicas del sector peritado.
A
los geólogos de la Universidad Nacional de San Luis, sumamos dos
arqueólogos del CRICYT. Iniciamos conversaciones con la Universidad Nacional de
Cuyo con la perspectiva de suscribir un convenio que permitiría dar un salto
cualitativo en las tareas científicas. El Consejo de la Magistratura, a solicitud
del Juzgado Federal, nos aportó una
pequeña suma que nos permitió afrontar los gastos de movilidad hasta el lugar.
3. Como integrantes de la Red por la
Identidad, de la que el MEDH es referente en Mendoza, continuamos durante todo
el año la atención de entrevistas con personas que dudan de su identidad y con
la apertura de legajos en CONADI. El equipo
nacional visitó Mendoza en dos oportunidades a los fines de extraer
muestras para el BNDG, como es habitual desde hace muchos años atiende en la
sede del MEDH.
EL CONTEXTO POLITICO.
Durante el año 2015 Mendoza vivió la
situación general que imperó en la mayor parte del país: conflictividad social
limitada a trabajadores estatales y
productores, impulsada ante todo por el reclamo de eliminación del impuesto a
las ganancias, fogoneado por los medios de comunicación concentrados. La
mediocridad del gobierno justicialista
en Gobernación y Municipios contribuyó a su derrota electoral.
No podemos obviar una referencia a la
situación actual de la provincia:
Desde el 10 de diciembre gobierna el
“Frente Cambia Mendoza”, liderado por Alfredo Cornejo, quien aglutinó a la
totalidad de la oposición al FPV en Mendoza.
Con un sólido control político,
rápidamente implantó en la administración del gobierno su impronta centralista.
A la fragmentación y dispersión
opositora, Cornejo suma además mayoría propia en ambas cámaras de la
Legislatura de Mendoza, por lo que maneja completamente la agenda política de
la provincia.
Bajo el discurso de la crisis
económica y el mal manejo del Estado, en sus primeros meses realizó una
lamentable persecución sobre los gremios estatales con apoyo de las cámaras
gremiales empresariales y los medios de comunicación.
El gobernador se jacta de ser el
mejor alumno del país en materia de implantación de nuevas reglas a las
organizaciones obreras. Al punto de pretender exportar al resto de las
provincias el “ítem aula”, un engendro rechazado en las negociaciones
paritarias docentes y aprobado por decreto, la plataforma del concepto de
productividad y flexibilización laboral.
En estos momentos encara un abierto
enfrentamiento con un sector de la Justicia provincial (en particular sobre el
Juez de la Suprema Corte Omar Palermo, quien en su anterior cargo como juez
federal impulsó el desarrollo de los juicios por lesa humanidad en Mendoza).
Además, ante la renuncia del Procurador de la Corte (jefe de fiscales a nivel
local), ha propuesto a un amigo para ocupar el cargo.
Por otro lado, impulsa también un
preocupante agravamiento de penas y reformas procesales con tono de “mano
dura”, mientras las cárceles crecen en población y hacinamiento.
El área de DDHH fue literalmente
desmantelada. De tener rango de subsecretaría, con tres direcciones (Promoción
de DDHH, Protección de DDHH y Mujer, Género y Diversidad), pasó a ser una
Dirección, prácticamente sin recursos y con una directora nombrada tras cuatro
meses de gestión.
A pesar de esto, el gobierno actual
mantiene un fuerte control político, respaldado en el sector empresario, los
medios de comunicación, la mayoría legislativa, el disciplinamiento fiscal
sobre intendentes opositores y el estilo personalista y centralista de su
gobernador.
Elba Morales
