28 Agosto 2016 13:42- Escrito por RNMA
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| Barreiro se tapa para la foto pero no podrá evitar la condena |
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Abril de 1987 - Semana Santa
- Mayor Barreiro, ¿por qué esto?
- Mire, en mi opinión estamos
atravesando por una etapa crítica para la vida del ejército. Yo veo que
estamos siendo conducidos inexorablemente a una profunda transformación
en la vida de la institución. Se han desencadenado a través de estos
años una serie de actos que nos conducen prácticamente hacia la
desintegración. (...) Cómo puedo estar yo tranquilo si la semana pasada
un suboficial mío ha quedado en prisión preventiva cuando yo le puedo
decir que es unos de los hombres que he conocido en mi vida de mayor
calidad humana y además de un coraje excepcional. La gente no sabe cuál
ha sido su actuación en la guerra; sí sabe que está preso por excesos.
(...) Nosotros creemos que acá hubo una guerra que no solo deber ser
entendida sino reivindicada.
Quien pregunta es un periodista del
diario La Nueva Provincia. El que responde es el por entonces Mayor
Ernesto “Nabo” Barreiro, que está vestido con su uniforme. Ese día debía
presentarse a declarar por los mismos delitos por los que fue condenado
el jueves pasado a cadena perpetua, 29 años después. Como nadie en su
sano juicio puede hacer (al menos públicamente) una defensa política de
las metodologías utilizadas por el Terrorismo de Estado, Barreiro ensaya
la teoría de la guerra, la de los excesos, la de los dos demonios; nada
nuevo, ¿no Mauricio?
Quizá no sea un hecho recordado y para
muchos que no vivieron aquellos años de la postdictadura, hasta pudiera
ser desconocido, pero el alzamiento de los carapintadas que lideró Aldo
Rico comenzó el día en que Barreiro escapó de la justicia y se fue al
cuartel. Y no fue un intento de golpe de Estado, al menos no era ese el
objetivo principal. Lo que querían era impunidad. Y la consiguieron,
porque Raúl Alfonsín, con los líderes de la “renovación” del peronismo
(Cafiero, Manzano, Menem, entre otros), acordaron entregarles vía
Congreso la segunda ley de impunidad, la de Obediencia Debida, que
liberaba a los rangos medios y bajos de toda responsabilidad en las
atrocidades cometidas con el pretexto del cumplimiento de las órdenes.
Barreiro y sus secuaces lograron sus objetivos a medias, porque si bien
la impunidad los amparó durante años, la reivindicación política nunca
llegó y hoy parece imposible.
El jueves 25 de agosto, con la sentencia
de la Megacausa La Perla/Campo de la Ribera, se cerró un pedacito de
aquella historia. Barreiro, que durante el juicio que duró casi 4 años
no abandonó su estilo confrontativo y provocador, recibió una de las 28
condenas a cadena perpetua. Su historia particular sirve para darles a
estos juicios la entidad que se merecen. Todas las críticas son válidas:
que llegan tarde, que son pocos los genocidas enjuiciados, que la
impunidad biológica es ineludible, que muchos cumplen su sanción en
prisiones domiciliarias vergonzosas; todo eso es cierto. Pero no puede
redundar en un análisis desvalorizador de lo que hemos conseguido con
tanto esfuerzo. Vale preguntarle a los armenios si no quisieran tener
juicios que al menos arrojen verdad sobre el genocidio de su pueblo 100
años después. O quizá convenga analizar la salida española tras los
crímenes del franquismo y cómo lo que los hijos de las víctimas
aceptaron tapar con el Pacto de la Moncloa, ahora los nietos necesitan
desenterrar para conocer esa parte de su propia historia que les ha sido
arrancada y silenciada con la mordaza de la reconciliación y la
alternancia bipartidista.
El 24 de marzo diluído
Si bien la lectura del veredicto duró
casi una hora y media, uno de los hechos más significativos
conceptualmente ocurrió en el punto 1 de la resolución judicial, apenas a
dos minutos del comienzo. “El tribunal, por unanimidad, dispone: no
hacer lugar a la prescripción de la acción penal incluso con aquellos
hechos acaecidos con anterioridad al golpe de Estado 24 de marzo de
1976”. Esa fecha la tenemos marcada a fuego. Está bien que así sea, es
un símbolo que contribuye a entender lo sucedido durante el Terrorismo
de Estado en Argentina. Pero desde hace años, en varias causas, se viene
reflejando una continuidad temporal que desdibuja aquella fecha. Ayer,
el tribunal condenó igual por hechos cometidos en 1975, que en 1977. Les
dio el mismo estándar. Consideró que son delitos de lesa humanidad, por
lo tanto imprescriptibles. En democracia y en dictadura. No es poco.
Sobre todo cuando hace algunos meses un fallo de Casación revirtió las
condenas a tres genocidas autores de la Masacre de Capilla del Rosario,
Catamarca, en la que fueron fusilados ilegalmente 16 militantes. El
argumento central de ese fallo, un verdadero retroceso en la
construcción de Memoria, Verdad y Justicia, fue que los hechos habían
ocurrido en agosto de 1974, por lo tanto en democracia, como si un
Estado democrático pudiera asesinar legalmente a través de sus fuerzas
de seguridad… ¿conocen algún Estado democrático que haga eso? Desde
nuestros medios comunitarios, alternativos y populares reflejamos todos
los días casos de gatillo fácil y asesinatos sumarios. No es atrevido
pensar que cambió el sujeto social atacado, ya no solo los militantes
sino también los chicos y chicas de los barrios pobres de todo el país,
pero la maquinaria parece ser la misma, aun con cambios metodológicos.
Reflejar los hechos ocurridos durante el genocidio con la misma
intensidad con la que visibilizamos la realidad de los asesinatos y
desapariciones cometidas hoy por las fuerzas de seguridad, es una tarea
ineludible. No hay contradicción. Memoria dinámica que no se congele en
el Estado de aquellos años, y un aprendizaje que debería convertirse en
exigencia: que no tengan que pasar otros 30 o 40 años.
