En
el día de ayer, el Presidente Nicolás Maduro, dio inicio a la gran jornada
nacional de movilización para recabar hasta 10 millones de firmas, como
respaldo a la carta que enviará a su par estadounidense, Barack Hussein Obama,
para exigirle que derogue el decreto ley que emitió contra Venezuela y que
persigue sanciones políticas y económicas contra la patria bolivariana.
"Vamos
a iniciar, así lo propongo, que tomemos la carta que voy a dirigir para que en
todas las plazas públicas del país (se suscriban) no menos de 10 millones de
venezolanos, para que llegue hasta la Casa Blanca”, convocó el mandatario, al
recibir a una multitudinaria movilización en apoyo a la Ley Habilitante
Antiimperialista.
En
la misma jornada de apoyo al gobierno bolivariano y a su Presidente, miles de
venezolanos tomaron las calles de Caracas para rechazar la actitud
“injerencista, anárquica y ofensiva” del gobierno norteamericano.
“Emergencia nacional” por un lado, crisis y desestabilización
por el otro
El
pasado lunes 9 de marzo, el Presidente de EUA, Barack Obama, emitió un duro
comunicado de prensa donde dio a conocer la voluntad del país del norte por
controlar el destino de América Latina en general y Venezuela en particular.
Con
un decreto ley emitido desde la Casa Blanca, Obama declaró el estado de
“emergencia nacional” por el "riesgo extraordinario" que supone la
situación en Venezuela, para la seguridad de EUA.
"Hoy
el Presidente Obama emitió una nueva orden presidencial al declarar una
emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la
seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la
situación en Venezuela", se lee en el comunicado divulgado por la agencia
de comunicaciones oficial de la Casa Blanca.
El
decreto además, prevé sanciones para el pueblo venezolano, como el
congelamiento de activos en EUA y la prohibición de entrar al país.
El
mismo comunicado explicó: “La Casa Blanca está profundamente preocupada por
esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre
adversarios políticos” y exigieron la liberación de los políticos presos.
Según
el gobierno de Obama, estos funcionarios habrían estado vinculados a actos de
violación a los derechos humanos precisamente por detener en las protestas
golpistas registradas en Venezuela entre febrero y mayo pasado el plan “La
Salida” (en alusión a “la salida” de Nicolás Maduro de la presidencia), donde
fallecieron 43 personas, la mayoría por disparos en la nuca y la cabeza.
En
ocasión de dar respuesta a esas acciones vandálicas, el gobierno venezolano
instaló el Comité de Víctimas de las Guarimbas, para exponer ante el mundo sus
historias, en vista de que los medios de comunicación social las ocultan.
Por
su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, declaró que los
"funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos
humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción
no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus
activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos".
En
este mismo 2015, el 12 de febrero, el Presidente Nicolás Maduro, denunció que
oficiales de la Aviación del Ejército estaban financiados por funcionarios del
gobierno de los EUA para llevar a cabo un Golpe de Estado en Venezuela, el cual
se desarrollaría en diversas fases.
A
partir de esta pretendida “situación e emergencia”, Venezuela se convierte en
el 19º país en el que EUA mantiene sanciones, pasada la segunda guerra mundial.
Los otros 18 países son Rusia, Cuba, Corea del Norte, Irán, Irak, Yugoslavia,
Birmania, Bielorrusia, Siria, Zimbabue, República Democrática del Congo, Sudán,
Somalia, Libia, Costa de Marfil, Líbano, Ucrania, Yemen y Sudán del Sur.
“Ley Habilitante Antiimperialista” para frenar al yanqui
Este
pasado domingo, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, aprobó con mayoría de
votos la Ley Habilitante Antiimperialista solicitada por el presidente, Maduro,
para defender a su país de las acciones injerencistas de EUA.
La
mayoría de los diputados votaron a favor de este reglamento que se solicitó
luego de que Obama anunciara la implementación de nuevas sanciones contra
Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos y declaró una
“emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que supone
la situación en ese país, para la seguridad de Washington.
“Esta
agresión no es solo en contra del presidente Nicolás Maduro, sino en contra de
todo el pueblo porque esta es una patria”, expresó el Presidente del
Parlamento, Diosdado Cabello al declarar sancionada a la normativa.
La
sanción y remisión por parte de la AN es la acción ante el Ejecutivo para que
la Ley sea promulgada y publicada para su entrada en vigencia. Se tiene
previsto que la Ley tenga una vigencia de 9 meses (hasta el 31 de diciembre de
2015), según anunció el portal de noticias TeleSur.
En qué consiste la Ley
Según
explicó el propio gobierno venezolano a través de un comunicado, al momento de
la aprobación y sanción de la Ley Habilitante, “el dignatario podrá dictar
reglamentos jurídicos en materia de: justicia, libertad, independencia, soberanía,
inmunidad, la integridad territorial, autodeterminación nacional y paz”.
Según
indica la flamante ley, el Presidente Maduro, podrá promulgar reglamentos que
protejan al país en contra de las amenazas y agresiones por parte de Estados
Unidos, así como cualquier acción que pretenda violentar la paz o la
tranquilidad del país.
En
este sentido, el jefe de Estado tendrá licencia para emitir decretos con rango,
valor y fuerza de Ley que busquen blindar al Estado y al pueblo venezolano
frente a actuaciones de otros países, e incluso entes económicos y factores
internos.
“De esta manera, se podrá evitar socavar o distorsionar el país y el sistema socioeconómico y financiero”, explicaron en el mismo comunicado.
“De esta manera, se podrá evitar socavar o distorsionar el país y el sistema socioeconómico y financiero”, explicaron en el mismo comunicado.
Fuerte respaldo de UNASUR
Las
resoluciones del Consejo de Cancilleres, reunidos en Quito, de la UNASUR,
plantearon que "los gobiernos se abstengan de medidas coercitivas
unilaterales que contravengan el Derecho Internacional" y señala que la
situación interna de Venezuela "debe ser resuelta con medidas democráticas"
previstas en la Constitución de ese país.
Además,
el bloque resolvió continuar con la comisión especial de cancilleres de
Ecuador, Brasil y Colombia, para ayudar a la situación política venezolana.
En
otro punto, los cancilleres "reafirman su compromiso con la plena vigencia
del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias y la no intervención".
En el acuerdo, además, se comprometieron a apoyar desde UNASUR a las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela que aún no están convocadas.
En el acuerdo, además, se comprometieron a apoyar desde UNASUR a las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela que aún no están convocadas.
Por
otro lado, el canciller Nin (de Uruguay) y representante del país que detenta
la presidencia ’pro témpore’ del bloque, se comprometió el acompañamiento a
Venezuela y a propiciar "el más amplio diálogo político con todas las
fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden constitucional,
los derechos humanos y los estados de derecho".
