Estos acuerdos se plantearon tras el anuncio el gobierno paraguayo de declarar el “estado de emergencia” en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción, regiones donde operan el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Asociación Campesina Armada (ACA). Los acuerdos mismos contemplan mejorar la producción agrícola y supuestamente reducir la pobreza a través de mayores inversiones para los programas de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), además de la capacitación de tropas paraguayas por parte del ejército estadounidense para combatir al EPP y al narcotráfico. Esto da pie a que sea probable que Estados Unidos instale una segunda base militar, ya que la primera se instaló bajo esas medidas y con los mismos argumentos.
Hace unos pocos días, Cartes reafirmaba, al igual que lo han hecho varios de sus funcionarios, que el Estado debe tener más presencia en esos departamentos, haciendo eco a las demandas de las propias cámaras y organizaciones empresarias agrícolas que vienen presionando cada vez más para que el gobierno refuerce militarmente la zona contra el EPP y el ACA. Recientemente, Pío Ramírez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú, decía: “Tenemos problemas que nos preocupan, el fracaso del ministro del Interior que falta al cuidado de la seguridad, y esa cultura de populismo que viene expandiendo la gente del EPP que no podemos permitir”.
Desde la década de 1990, estos mismos empresarios vienen aumentando sus patrimonios a costa de empobrecer a campesinos y pueblos originarios que sufren el despojo de las tierras y las consecuencias de los agrotóxicos utilizados por los latifundistas, quienes no tienen que pagar grandes impuestos a diferencia de otros sectores.
Mayor presencia militar y la posible segunda base militar
A finales de enero, el Secretario de la Armada de Estados Unidos, Ray Mabus, y la embajadora estadounidense Leslie Ann Basset, se reunieron con el ministro de Defensa Nacional de Paraguay, Bernardino Estigarribia, para afianzar más las relaciones de confianza con el gobierno de Cartes, bajo el supuesto compromiso de paz, seguridad, estabilidad y fortalecimiento de los “valores democráticos”.
En esa reunión, Mabus manifestó su idea de expandir aun más las relaciones históricas entre ambos países, y puso el peso en la cooperación en materia de defensa, de la que expresó que es excelente. También propuso que se continúe con en el intercambio, capacitación de oficiales y sub-oficiales y el equipamiento tecnológico para las Fuerzas Armadas paraguayas.
Dentro de estas capacitaciones se encuentran a los miembros de la inteligencia militar y a las tropas que integran el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAZ), que generalmente son usadas para combatir al EPP y al ACA (1).
Sobre estas capacitaciones y fortalecimiento militar, la embajadora estadounidense, Leslie Ann Bassett, remarcó que la idea de fortalecer estos programas -principalmente en la cibernética militar-, es para combatir diversos delitos, entre ellos el narcotráfico y la lucha contra la insurgencia. No parece casual la idea fallida del gobierno de Cartes de que el parlamento paraguayo termine abalara el proyecto “Pyraweb”, que pretendía controlar los movimientos de todos los usuarios de internet dentro de Paraguay para la supuesta lucha contra el narcotráfico.
Según Pablo Ruíz, integrante de Observadores de la Escuela de las Américas que Estados Unidos, con estas medidas se estaría preparando el terreno para instalar una segunda base militar.
Paraguay cuenta con una base militar extranjera en el departamento de San Pedro, conocida como Centro de Operaciones de Emergencias (COE), justificada con el argumento de ayudar a la población paraguaya frente a emergencias o desastres naturales.
Esta clase de bases militares o centros de operaciones, permiten es aumentar la vigilancia y control de las poblaciones, y contribuyen al entrenamiento sistemático de soldados estadounidenses en territorios latinoamericanos, tal como manifestó Sandy E. Ramírez Gutiérrez, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (2).
La apuesta de la USAID en Paraguay
Cada vez más, y en conjunto con la militarización especializada en Paraguay, aumentan las inversiones a los programas de la USAID, organismo de Estados Unidos creado en 1961. Esta institución impulsa supuestos proyectos sociales donde convoca a varias organizaciones no gubernamentales, pero en el fondo ese dinero es utilizado para espiar a los gobiernos y financiar golpes de estados en Latinoamérica, como lo hizo al apoyar al Plan Cóndor.
En la actualidad, el dinero de la USAID es usado para contribuir con grupos de derecha como los que intentaron derrocar al ex presidente venezolano Hugo Chávez o formular una falsa ayuda humanitaria en Haití para militarizar ese país. (3). A su vez, este organismo es el encargado de implementar programas que fomentan los agronegocios y contribuyen a las grandes agroindustrias en bastas zonas de Latinoamérica, como sucede con el programa “Paraguay Vende”, entre otros.
El 30 de enero pasado, el ministro de la Secretaria de Acción Social (SAS), Héctor Cárdenas, afirmó que en esos departamentos se están duplicando los esfuerzos del Estado para tener mayor presencia en la zona donde operan las guerrillas, con programas patrocinados por la USAID como es el Tekoporã (programa de subsidios para paliar la pobreza). El gobierno paraguayo señaló que “desde el año pasado intensificamos nuestra presencia en esta zona, por dar un dato, en Horqueta prácticamente se duplicó la presencia del programa Tekoporá” (4).
El viernes pasado, la embajadora estadounidense Bassett confirmó que la USAID invertirá 20 millones de dólares en programas para promover al desarrollo económico sostenible e inclusivo a pequeñas comunidades de esa región. A lo que se suma que a fines de febrero el director de ese organismo en Paraguay, Fernando Cossich, explicó que están apoyando un programa de cooperación de cadena de valor inclusivo. El proyecto demanda una inversión de 10 millones de dólares con la Federación de Cooperativas de Producción, que beneficia a 20.000 pequeños productores de Concepción, Canindeyú, San Pedro y Amambay (5).
Estos programas forman parte de las políticas de expansión del agronegocio, que tienden a impulsar proyectos en favor de los intereses internacionales y del mercado global. Mientras tanto, cada vez más se despojan de sus tierras a campesinos y pueblos originarios por parte de empresarios agrícolas e incluso se los incentiva a proyectos que hunden sus economías, como el del sésamo y el chía propuesto por la propia USAID (6).
Tampoco parece fuera de lugar que hoy en día se decida poner más peso estatal y de presencia estadounidense en el norte paraguayo, donde los campesinos y pueblos originarios luchan por sobrevivir y resistir, y impulsan una economía autónoma, que se contrapone a los grandes proyectos agroindustriales que hunden sus economías y favorecen las demandas de los grandes empresarios.
Dada la resistencia que hay en esa zona, no es casual que estén instaladas bases militares y se incrementen en mayor medida las capacitaciones de las Fuerzas Armadas paraguayas para controlar no solo a la gran parte de la población local, bajo la lavada de cara con supuestos programas sociales y económicos.
A nivel regional, la presencia estadounidense es una de las mayores apuestas que tiene el imperialismo para quebrar aun más la unidad de los países latinoamericanos. Esto va a la par del afianzamiento cada vez mayor de las relaciones entre el presidente Cartes, del gran empresario agrícola (dueño de 26 empresas) y el gobierno estadounidense. El propio Cartes se da el lujo de no defraudar a sus principales aliados y termina apoyando sus declaraciones contra Venezuela. A su vez, el parlamento paraguayo decidió enviar una comisión para evaluar la situación particular de Venezuela, acusando a ese país de violador de derechos humanos. Nada dijeron que el intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el constante acoso que sufre el país por grupos de derecha apoyados por Estados Unidos.
No hay que olvidar el Estado paraguayo es uno de los mayores países latinoamericanos que viola los derechos humanos, según diversos informes y sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ni el titular de Naciones Unidas, Ban Ki Moon (que visito el país recientemente), ni Barack Obama se quejan de esto, sino que al contrario lo avalan.
Notas:
(1) http://spanish.paraguay.usembassy.gov/pr_012715.html y http://noticiasdeparaguay.com/132616/eeuu—renueva-cooperacion-para-el—combate-al–narcotrafico-y-seguridad.html
(2) http://alainet.org/active/74118
(3) https://yohandry.wordpress.com/2008/09/21/usaid-arma-clave-de-la-guerra-sucia-contra-america-latina/ http://www.contrainfo.com/5025/la-mil-caras-de-la-usaid-en-america-latina/
(4) http://www.ip.gov.py/ip/?p=604 y http://www.sas.gov.py/noticia/714-el-gobierno-duplica-presencia-en-lo-social-en-la-zona-norte.html#.VQTNKNJwsgs
(5) http://www.ultimahora.com/embajadora-eeuu-dijo-que-zona-norte-no-es-conflictiva-n874947.html
(6) http://www.probandolaweb.org/feco/visita-cristhine-pendzich/
