Andrés Pérez Esquivel
SOCIOLOGO.
RED LAVITS.
El Ministro del Interior,
Florencio Randazzo, anunció que a partir de 2015 todos los argentinos que
renueven su DNI o domicilio pasarán a tener una tarjeta de identificación
“inteligente” que concentrará datos personales biométricos y biográficos,
vínculos familiares, el historial clínico, un seguimiento de la rutina de
consumo y la movilidad en el transporte. Es momento de debatir sobre estas
tecnologías.
El creador de Wikileaks, Julian
Assange, dijo el año pasado queArgentina es el país con la vigilancia más
agresiva de América Latina, no por el DNI electrónico anunciado, sino por el
actual DNI que contiene datos biométricos digitalizados como el rostro y las
huellas digitales. Son menos de diez los países que han aceptado crear una base
nacional de datos biométricos, como es el SIBIOS en Argentina, e incluso varios
países las han prohibido.
En 2010 Inglaterra quiso
implementar el mismo DNI “inteligente” pero la presión social lo impidió por
constituir un avance injustificado sobre la privacidad y por la falta de
garantías de seguridad, en especial después de que lograran vulnerar los chips
en 12 minutos. Francia y otros países también prohibieron estos sistemas. Y ni
siquiera España incluye tanta información en sus DNI electrónicos.
La particularidad de estos DNI
“inteligentes” es que digitalizan y circulan los datos fragmentados del
individuo convirtiéndolo en un dividuo, y así es tomado por los sistemas de
seguridad informáticos hasta que se requiere, ante la duda, reconvertirlo en un
individuo material. Esta digitalización permite construir perfiles sociales y
monitorear patrones de movilidad y consumo de toda la población.
En este sentido, Argentina sería
un país experimental.
A nivel nacional, el uso público
de estos datos conlleva riesgos.
En especial porque el decreto de
creación del SIBIOS no estipula mecanismos de control institucional ni civiles,
y en principio, todas las fuerzas de seguridad del país pueden acceder a la
base sin restricciones normadas.
El año pasado una falla de
seguridad permitió la descarga de fotos de todos los argentinos del padrón
electoral, por lo que hoy la base ya estaría en manos privadas.
El Registro Nacional de las
Personas reconoció la falla pero le echó la culpa al Poder Judicial.
Esta es la antesala de lo que
vendrá: los organismos se echarán la culpa entre sí mientras que el daño ya
estará hecho.
Que el Estado garantice la
identidad de cada ciudadano es un derecho humano fundamental, y a eso deben
limitarse los documentos; todo lo demás son aditivos que, además de su dudosa
constitucionalidad, son prescindibles y traerán más riesgos que beneficios.
Porque a diferencia de una llave o clave virtual, no podremos reemplazar
nuestras huellas o rostro ante alguna suplantación de identidad o error
técnico.
Lic. Andrés Pérez Esquivel
Sociólogo, miembro de la Red
Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, y de la Asociación
Pensamiento Penal (Arg.).
