Por Julio C. Gambina *
Los tiempos cambian rápidamente. En los años ’80
y ’90, la norma fue el ajuste y la reestructuración regresiva del orden
capitalista en nuestra región con privatizaciones, desregulaciones, orientación
privilegiada a la mercantilización, a la iniciativa privada y al libre
movimiento de capitales internacionales, entre ellos el fenómeno del
endeudamiento.
Con el nuevo siglo vinieron tiempos de cambio
político, sustentados en una enorme resistencia popular. Desde los no al ALCA,
a la deuda y la militarización, a los sí de un programa de soberanía popular e
integración alternativa en la primera década del siglo XXI, que en algunos
casos incluía el horizonte anticapitalista y por el socialismo. Nos remitimos a
noviembre de 2005 cuando se consolida el rechazo al tratado de libre comercio
promovido por Estados Unidos en las agendas de debates de presidentes de las
Américas y se comenzaba el camino de descrédito final a la OEA. Fueron las
bases para la conformación de la Unasur, en 2008 y la Celac, en febrero del
2010.
Por esos años se modificaron las constituciones
de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) con importantes innovaciones en sus
capítulos sobre el orden económico. Vale mencionar para esos tiempos históricos
y en simultáneo, en 2007 estallaba la crisis de las hipotecas en Estados
Unidos, y como parte del fenómeno, en 2008 se desplomaron grandes bancos de
inversión y otras empresas de seguros asociadas al sistema financiero. Así se
generalizó una crisis mundial del capitalismo con recesión en 2009, sin
solución aún y que motiva a la búsqueda de rentabilidad de capitales demandando
recursos naturales y fuerza de trabajo barata, situación que define a los
países emergentes.
Bajo esa situación de crisis mundial se dieron
las condiciones para el reclamo de una Nueva Arquitectura Financiera (NAF).
Iniciativa que se desarrolló en dos sentidos. Por un lado, intentando modificar
desde adentro el sistema surgido en 1944, lo que resultó imposible, con Estados
Unidos y sus socios de la tríada conformada con Europa y Japón, indispuestos a
menguar su hegemonía. Por otro, promoviendo una serie de iniciativas en la
región, como el Banco del Sur, un fondo común de inversiones y de uso de
reservas internacionales, la utilización de monedas locales para el intercambio
e incluso la potencialidad de convergencia económica, todo en un marco de
integración no subordinada y articulación productiva de Sudamérica.
Por ello, en diciembre del 2007, siete
presidentes de la región sudamericana suscribían el acuerdo por el Banco del
Sur y anunciaban que en tres meses estaría funcionando. Junto a la entidad
financiera regional se apuntaba a un Fondo de inversiones, constituido por las
importantes y crecientes reservas internacionales. El imaginario popular
animaba estas propuestas con expectativas para consolidar fuentes de
financiamiento para un modelo productivo y de desarrollo alternativo, que
permita limitar la dependencia de inversiones externas o de los préstamos
tradicionales del mercado financiero mundial para promover el programa de la
soberanía alimentaria, energética o financiera.
Ese programa suponía el estímulo a la agricultura
familiar y comunitaria contra la dominación de las transnacionales de la
alimentación y la biotecnología, el derecho a la energía en armonía y defensa
de los bienes comunes para una industrialización no dependiente; con promoción
de investigaciones de ciencia y técnica asociando saberes específicos
profesionales surgidos de la universidad pública con saberes populares. Se
trataba de una propuesta a contramano del monocultivo y los transgénicos, la
megaminería a cielo abierto y el régimen de armaduría industrial con
dependencia del ingreso de insumos y maquinarias, condición de potenciación de
la dependencia del ingreso de capitales foráneos, lo que define el carácter de
emergentes para los países receptores de capital de riesgo o de préstamo.
Aquella imagen tiene el límite del orden
capitalista y por eso, la realidad de esos anuncios de nueva institucionalidad
financiera no se materializó. Aún son parte de las expectativas esperanzadas de
un cambio económico que consolide los cambios políticos y avance en la
perspectiva de otras relaciones económicas y sociales. Mientras, los países
emergentes, los Brics, anuncian nuevos bancos y fondos de contingencia, a
imagen y semejanza de los hegemónicos, muy discutidos por su papel en la
consolidación de la inequidad y la transnacionalización. El objetivo se orienta
a la promoción de la emergencia, cuando lo que se necesita es otro rumbo para
la independencia.
* Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA. Presidente de la Fisyp.
