11 de julio de 2012 La ONU exigió al Estado argentino
el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas.
El Relator Especial
sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya,
solicitó al Estado argentino la suspensión de todos los procesos de desalojo de
comunidades indígenas y la implementación de mecanismos efectivos para la
demarcación y el reconocimiento legal de sus territorios. De acuerdo a un
informe presentado hoy, el Estado "ha realizado pasos importantes para
reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país", como las
reformas constitucionales de 1994 en materia de pueblos indígenas, la
aprobación de la ley 26.160, la ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y la aprobación de la Declaración
sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Sin embargo, Anaya
destacó en su evaluación que "persiste una brecha entre el marco normativo
establecido en materia indígena y su implementación real".
El documento, que releva la
información reunida por Anaya durante su última visita oficial a nuestro país
entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011, sostiene también que la Argentina "debe
adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia,
las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto
por parte de funcionarios públicos como de particulares". En referencia a
los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios
ancestrales, el Relator afirma que "se deben llevar a cabo consultas con
las comunidades que puedan verse afectadas" con el objetivo de obtener
"su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos
proyectos que afecten sus derechos humanos". Para el director del área de
Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, Diego Morales, "el informe
del Relator cobra especial relevancia en un contexto en el que distintas
comunidades indígenas de nuestro país son sometidas a continuos desalojos de
sus tierras, como la comunidad diaguita de Indio Colalao la semana pasada en
Tucumán. Además, el informe de Anaya contempla aristas comunes que presentan
los diversos conflictos por las tierras indígenas; como la cesión de tierras
tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios
por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el
modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta,
y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio".
