Por el derecho a la salud de nuestros pueblos, en serio riesgo como consecuencia de las fumigaciones, los organismos de DD.HH. y personalidades abajo firmantes expresamos:
*Nuestro apoyo y solidaridad a las Madres de
Ituzaingo, en su lucha por hacer
justicia en un Barrio de Córdoba donde la enfermedad y la muerte vinieron de la
mano del modelo agroindustrial.
*Exigimos que en el juicio a llevarse a cabo
próximamente en la provincia de Córdoba –el primero en el país en el que serán
juzgados dos productores y un empresario aéro-aplicador por derramar veneno
sobre las personas (fumigar), se priorice el derecho humano a la salud que
tiene la población, por sobre los intereses de los agronegocios.
¡Por un modelo
productivo que garantice la soberanía alimentaria y la salud de nuestros
pueblos!
Nunca antes en la historia de la humanidad la
producción de alimentos estuvo tan concentrada bajo el control de una misma
matriz de producción. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas
empresas oligopolizaron el mercado, actuando a nivel internacional, ni tuvieron
tanto control sobre la producción y el comercio de productos alimenticios como
ahora.
Se estima que menos de 50 grandes empresas
transnacionales tienen el control mayoritario de la producción de semillas, de
insumos agrícolas y de la producción y distribución de alimentos en todo el
mundo.
En nuestro país, son siete las empresas del
agronegocio que acaparan todo el mercado: Cargill, ADM, Bunge, Monsanto,
Syngenta, El Tejar y GROBO.[1]
Arrasando territorios
Nuestro país esta inmerso en un modelo de agricultura intensiva,
industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración
de capitales y propiedades, la destrucción de modos y medios de vida de
comunidades campesinas y pueblos originarios, la desaparición de la agricultura
familiar y de pequeños y medianos productores.
Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales
concentrados en los cordones urbanos de pobreza, como también la destrucción de
ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y
ocultos para la mayoría de la población.
En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras
de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago
del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones
en Chaco y Misiones, en los desiertos verdes en que se han convertido los
mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de
agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada.
Los más de 350 millones de litros de
agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja además
de ser aspirados, absorbidos o consumidos en los alimentos, contaminan el medioambiente en el que vivimos.
Independientemente de la aventura que significa someter la política
agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que
ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente
Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento
de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias se
encuentran al límite de uso de sus tierras productivas.
La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas de
granos para el 2020 anuncia la continuidad y profundización del agronegocio, dependiente
de agrotóxicos, commodities y transgénicos.
Un modelo extractivo
que desmonta, desaloja, enferma y mata.
El uso masivo de agrotóxicos está
directamente relacionado con la actual política agrícola del país, que fue adoptada a
partir de la década de 1960, con la llamada Revolución Verde, lo que representó
un cambio en la tecnología química y el método de producción agrícola. El campo
experimentó una "modernización" que impulsó el aumento de la
producción, pero absolutamente dependiente del uso de paquetes de productos
tecnológicos (semillas híbridas y transgénicas, agrotóxicos, maquinaria pesada)
que nos venden las multinacionales del agronegocio.
Este proceso de modernización de la agricultura
iniciado en la década de los sesenta se continúa hoy en día con la expansión de
los cultivos genéticamente modificados (GM) en todo el país, lo cual ha
significado el aumento extraordinario del uso de agrotóxicos.
Argentina
ha incrementado su producción de exportación y expandido los cultivos GM sobre
la aplicación creciente de herbicidas, fertilizantes sintéticos, fungicidas y
curasemillas en general.
Solamente
para aplicar con el nuevo paquete tecnológico se usaron este último año 200.000.000
de litros de glifosato bajo diferentes formulaciones y concentraciones por
medio de las pocas empresas que monopolizan el mercado.
Las consecuencias a largo plazo de la exposición a plaguicidas sobre
el organismo humano se manifiestan sobre el desarrollo y la funcionalidad de
diferentes órganos y sistemas; y abarca desde alteraciones neurológicas,
reproductivas, endocrinas e inmunológicas, fracasos funcionales y alteraciones
del comportamiento, a la aparición de tumores.[2]
“Los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las
enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas,
principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos.
En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de
la aplicación del principio precautorio[3],
creemos que se deben tomar medidas para garantizar el derecho a la salud y a un
ambiente sano para las poblaciones de los pueblos fumigados, nuestros
pacientes.
Es urgente avanzar en restricciones públicas al uso de los plaguicidas
ya que durante al menos 6 meses al año y tres veces por mes se envenena
masivamente a las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina” (Informe
del 1er. Encuentro de Médicos de Pueblos
Fumigados)
Este modelo de producción
agroindustrial, basado en el uso intensivo de transgénicos y agroquímicos es insostenible e
inviable, avasalla derechos inalienables
de nuestros pueblos, nos enferma y mata.
Es imprescindible que desde el estado se fomente y garantice un sistema de producción
que promueva la salud de la población, la defensa de sus bienes culturales y
biológicos, y que garantice la permanencia de las comunidades y pueblos en sus
territorios, con alimentos y un ambiente sanos, para todos.
Marzo 2012
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS
CADHU
CADEP
CADEP
CAJ – Comité de Acción Jurídica
AGD UBA
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
IRE – Instituto de Relaciones Ecuménicas
Acción por la Biodiversidad
Tierra para Vivir
MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos
[1]
Transporte de granos: Cargill, ADM y Bunge / Semillas OGM: Monsanto, Syngenta /
Siembra: El Tejar, GROBO.
[2] Los
plaguicidas son sustancias químicas destinadas a prevenir, destruir o controlar
las plagas. Se ha afirmado que ningún otro grupo de productos conocidos por su
toxicidad son utilizados tan ampliamente. La Organización Mundial
de la Salud
estima que cada año se producen en el mundo alrededor de un millón de
intoxicaciones agudas por exposición a plaguicidas, con una letalidad entre el
0,4 y el 1,9%. La exposición laboral se encontraría detrás del 70% de estos
casos mortales. Por otra parte, la exposición mantenida a bajas dosis de
plaguicidas se ha relacionado con una variedad de trastornos a medio y largo
plazo, incluyendo diferentes tipos de cáncer, alteraciones de la reproducción y
alteraciones del sistema nervioso, entre otros problemas. García
AM, Ramírez A, Lacasaña M. Pesticide application practices in agricultural
workers. Gac Sanit.
2002;16(3):236-40. Más información: Malformaciones congénitas asociadas a
agrotóxicos: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Malformaciones_congenitas_asociadas_a_agrotoxicos
[3] El principio de precaución
es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras cuando no existe
certeza científica de las consecuencias para el medio ambiente de una acción
determinada. (Nota del redactor)
