Por Darío Aranda
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos
Siete meses de acampe de pueblos originarios en Buenos Aires y
ninguna solución. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda,
interlocutor del Gobierno ante las comunidades, amenaza a los indígenas,
los insta a no movilizarse, se victimiza frente a los reclamos, arma
operaciones de prensa y resalta “los millones de pesos” que cuesta
proteger a los qom.
El funcionario está nervioso, se lo ve molesto y hasta agresivo. En el
despacho oficial, ante una veintena de testigos, interpela a Félix Díaz,
levanta el tono, lo destrata. No responde las denuncias de las
comunidades, no escucha la violación de derechos que existen en Formosa,
solo dirige sus dardos contra el líder qom. E, insólito, pone sobre la
mesa que él es hijo de desaparecidos y que “este Gobierno es el más ha
hecho por los derechos humanos”. Amenaza que, de hacerse público los
detalles de la reunión, se cortará todo diálogo.
El funcionario interpela a un wichí que tiene teléfono-grabador en mano.
Luego lee el acta de la reunión, se enoja, se levanta de la silla,
amenaza retirarse, vuelve a leer el acta y, de mala manera, avisa que no
la firmará. Deja la reunión de “diálogo” sin siquiera saludar a los
presentes.
Una semana después, el funcionario nacional llega hasta el acampe
Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Intenta convencer de que no se movilicen. Los Qopiwini explican que irán
al acto por el monumento de Juana Azurduy, quieren entregar un
documento a Evo Morales e invitarlo al acampe para que conozco la
situación indígena de Argentina. El funcionario se molesta. Y amenaza.
Advierte que, si movilizan, se cortará todo diálogo con Nación.
El protagonista del destrato y violencia hacia los indígenas es
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, ex militante de la
agrupación Hijos, con línea directa con la Presidenta. Tan
contradictorio como cruel: una víctima de la dictadura que ahora
invisibiliza, y hasta relativiza, al régimen feudal formoseño de Gildo
Insfrán.
Siete meses de acampe. Cuatro mesas de diálogo. Ninguna solución. Y los derechos humanos selectivos.
