“Hay una gran parte de nuestros jóvenes pobres que está gobernado por el sistema penal”
alcira
daroquiEn los últimos días el gobierno nacional presentó varias
iniciativas y políticas destinadas a los jóvenes. En este marco, en la
emisión del martes 22 de setiembre de Enredando las mañanas escuchamos
una entrevista realizada por el programa Piedra Libre a Alcira Daroqui,
socióloga, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y
Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la
Universidad de Buenos Aires e investigadora del Observatorio de
Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional. Allí Daroqui se
refirió a la situación de buena parte de la población joven, los jóvenes
pobres. Comenzó poniendo la lente sobre lo institucionalizado y luego
abarcó las diferentes formas de punitivismo como políticas de Estado,
allí donde el asistencialismo no alcanza.
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La
semana pasada, Cristina Fernández anunció por cadena nacional el envío
al Congreso del proyecto de la ley de Promoción de Juventudes. Entre
otros puntos, el proyecto prevé la actualización automática semestral
del programa Progresar, destinado a que personas de entre 18 y 24 años
concluyan sus estudios; además de crear la Defensoría del Joven. El
objetivo, según la mandataria, es consagrar las políticas orientadas a
los jóvenes “para que las futuras generaciones tengan los mismos
derechos que hoy”.
Sobre
estos anuncios el programa Piedra Libre dialogó con la socióloga Alcira
Daroqui. La charla se reprodujo en la emisión del martes 22 de
setiembre de Enredando las mañanas.
Durante
la entrevista, Daroqui afirmó que los jóvenes pobres en Argentina se
encuentran en situaciones verdaderamente dramáticas: “hablamos en
términos de dificultades severas para poder insertarse en el plano
educativo o en el plano laboral, pensando en este último plano siempre
en situaciones de precarización importante. Hay estudios parciales,
focalizados, pero que tienen que ver con la realidad de los jóvenes
pobres que no es la realidad de lo que se denomina inclusión social, que
también sería un término para discutir, ¿qué es inclusión social y en
qué términos se incluye socialmente a alguien?”.
Antes
de continuar, la investigadora aclaró: “yo no tengo tan claro cómo se
puede hablar de algunas cuestiones sin datos. Yo soy socióloga, así que
sin datos me cuesta mucho pensar cómo se puede hablar de integración
social, inclusión social, o lo que fuere, y en ese sentido pensar en los
jóvenes, o dar cuenta de los jóvenes. Hay estudios parciales porque no
tenemos las estadísticas de pobreza, pero con estudios parciales sobre
políticas sociales algunos compañeros sociólogos, investigadores que
ponen mucho empeño en reconstruir el dato en Argentina dan cuenta de las
situaciones verdaderamente dramáticas de los jóvenes pobres”.
Daroqui
señaló que desde más de 25 años viene trabajando la cuestión del
sistema y persecución penal. Al respecto, manifestó: “en nuestras
cárceles estamos en el pico más alto, tanto en el sistema federal
nacional carcelario como provinciales, de encarcelamiento en la
Argentina de los últimos 15 años. Pasamos la barrera de los 10.600
presos en el servicio penitenciario nacional; y en la provincia de
Buenos Aires, que es la que tiene mayor cantidad de presos, estamos por
arriba de los 36.000 presos. En total, el país debe tener más de 60.000
presos cuando en 2002-2003 no llegábamos a 30.000 presos. Y esto no se
corresponde de ninguna manera con que estemos resolviendo el problema de
la ‘seguridad-inseguridad’, y lo que es interesante, grave, triste,
pero interesante es que el 70% de esa población es joven. Si tomamos el
concepto de juventud que toman las Naciones Unidas para hablar de
juventud, en los organismos internacionales la categoría joven llega a
los 30 años. Entonces si yo tomo esa categoría que se extiende en
algunos casos hasta los 35 años, nosotros la tomamos así, es una
población joven la que está encarcelada; y si me extiendo y me voy a los
40, 45 años, sigo pensando que es la población económicamente activa y
también podría decir que es una población joven-adulta, y ahí estamos
cerca del 90% de la población encarcelada”.
Daroqui
subrayó que Argentina, tal como ocurre en la mayoría de los países, no
se miden los flujos carcelarios, lo que podría incrementar aún más la
cantidad de detenidos: “estos datos que damos son de un corte que se
hace el 31 de diciembre, ahora yo puedo actualizar un poquito porque a
nosotros nos llega la información de los partes penitenciarios porque
somos investigadores y accedemos a ellos con mucha dificultad por
cierto, pero si yo o cualquier ciudadano de la Argentina va a ver que el
dato que tiene sobre población encarcelada es un corte los 31 de
diciembre de cada año, un corte fotográfico por decirlo así, que además
es el peor día y el peor mes para medir población encarcelada, porque
hacia fin de año se producen muchos movimientos sobre todo de egresos,
viene la feria judicial, a veces los egresos son con salidas
transitorias por fiestas o lo que fuere y permisos especiales, entonces
en esos días miden la población, pero la población hay que medirla en
otras fechas. La más interesante sería octubre. Pero además Argentina no
mide lo que se llaman los flujos, que significa la gente que entra y
sale permanentemente. Nosotros tenemos gente que entra al sistema
federal por 1, 2 o 6 meses a la cárcel; hay gente a la que le han
aplicado una condena de cumplimiento efectivo de 6 meses, o sea que
tiene que ser indudablemente un delito menor y esta población no se
mide, entonces nosotros decimos que a priori podemos estar hablando de
una población que al menos duplica a la población que está al 31 de
diciembre, con esto de que fluye. Hay países como Italia e Inglaterra
que miden semanalmente esta población y lo hacen público, por lo tanto
nosotros creemos que hay una circulación mayor de población encarcelada y
por supuesto de jóvenes. Si la mayor cantidad de población es de
jóvenes, entonces vamos a tener que la mayor circulación también es de
jóvenes, entonces esos jóvenes que están tocados por el sistema penal y
llegaron al último eslabón de la cadena punitiva que es el encierro no
hay perspectiva para ellos, ninguna. Si es muy difícil para los jóvenes
pobres en general, para los jóvenes pobres tocados por el sistema penal
no hay perspectiva, va a ser una clientela casi siempre segura del
sistema. Hay gente que trabaja otros temas, cuyos estudios relevan
cuestiones del conurbano y dicen que hoy ya no es para la gente pobre
del conurbano algo atípico tener un familiar preso, sino que esto
integra el mundo cultural, y eso es evidente que va a suceder en un país
en el que lo que ha crecido en los últimos tiempos son los cuerpos
policiales”.
En
este punto, Daroqui remarcó que lo que más ha crecido es lo que se
llaman “presos nacionales”: “los presos que caen en la ciudad de Buenos
Aires por cualquier delito, común o federal, esos son los que crecieron
en el sistema, pero no es casual, no sé si la gente se siente más
segura, no creo o no lo podemos saber porque de los 11 planes de
seguridad que están en este momento en vigencia en la ciudad de Buenos
Aires - 10 del Ministerio de Seguridad de la Nación y 1 del gobierno de
Macri -, si uno se mete en las páginas, tanto del Ministerio de
Seguridad del gobierno local como del nacional, ninguno tiene una
evaluación de qué efecto están teniendo estos planes. Eso no lo tenemos,
pero sí podemos decir que la ciudad de Buenos Aires tiene en total
24.000 efectivos contando todas las fuerzas, Prefectura, Policía
Aeroportuaria, Gendarmería, Policía Federal y Policía Metropolitana, si
hacemos una tasa tiene mucha más policía por habitante que la provincia
de Buenos Aires, y no casualmente tenemos cada vez más presos”.
Política penal
Daroqui
y su equipo de trabajo llevan adelante el Registro Nacional de Casos de
Tortura y lo que han observado es una mayor cantidad de casos de
torturas policiales en territorio de la Ciudad: “lo que me queda claro
entonces es que no sé si la mayor cantidad de policía puede garantizarle
seguridad a los ciudadanos porteños pero sí viola los derechos humanos.
Nosotros recorremos las cárceles y lo que encontramos es gente muy
joven”, advirtió.
La
socióloga afirmó que también ha aumentado la cantidad de jóvenes en
situación de calle en la ciudad de Buenos Aires: “es como un trabajo en
conjunto entre el gobierno nacional y el local porque al mismo tiempo se
han reducido los subsidios para hoteles para la gente que vive en
situación de calle, y lo que antes ‘gestionaba la política social’ con
los subsidios para hoteles, con los paradores, ahora lo está gestionando
la política penal, y están ingresando a la cárcel, pero por delitos
como resistencia a la autoridad, rebeldía, tentativa de hurto, tentativa
de robo, menudencias digamos. Esto lo decía Wacquant en el año 2000
cuando vino a la Argentina estuvimos hablando bastante sobre este tema, y
él decía que esto lo estaba haciendo Estados Unidos. La política penal
esté gestionando lo que antes gestionaba la política social para
determinados sectores, sobre todo los sectores más desposeídos, los que
están en situación de calle, atravesados por la droga, por el abandono,
por la locura”.
En
este sentido, señaló que efectivamente existe una política para estos
jóvenes y es la política penal: “hay una parte de la pobreza que se
gestiona de esta forma, pero hay otra que se puede gestionar quizás con
planes, subsidios, con algún programa que te da 600 pesos si vas a
estudiar, pero hay otros que ni llegaron a eso, ya no acceden a eso,
entonces lo gestiona el sistema penal. Y estoy hablando de aquellos que
están ‘blanqueados’, no estoy hablando de la cantidad de prácticas
policiales e incluso judiciales, y hasta diría de encierro porque si uno
va a la frontera de nuestro país en los centros de detención de
Prefectura o en los escuadrones de Gendarmería podemos llegar a
encontrar una cantidad de gente impresionante en condiciones
infrahumanas alojadas ahí, donde muchas veces ni siquiera está
blanqueada su detención. Lo mismo que acá en las comisarías, si uno
hiciera una fuerte recorrida por las comisarías en la madrugada de
cualquier día de la semana, se encontraría con que hay mucha gente en
las comisarías que pasa por allí y después no está registrada en ningún
lado”.
Daroqui
y su equipo realizaron una investigación en institutos de menores de la
provincia de Buenos Aires, para la que entrevistaron a 250 chicos de
500 que estaban internados en institutos de máxima seguridad: “lo que
construimos ahí fue el concepto de cadena punitiva, en donde el primer
eslabón es la policía, el segundo la justicia y el tercero el encierro
punitivo. Entonces sobre la agencia policial nosotros preguntábamos si
antes de esa detención habían tenido otros contactos con la policía, y
entre el 73 y el 75% de esos 250 chicos habían estado detenidos en
comisarías y no habían tenido causa en cualquier otra oportunidad,
habían estado detenidos unas horas, una noche, cuando ningún chico puede
estar detenido en una comisaría, sin embargo todos los que estaban en
los institutos habían estado en la comisaría, pero además habían tenido
otras detenciones que nunca habían sido blanqueadas a la justicia. Por
eso digo que yo estoy hablando de aquello a lo que uno accede y que
tiene que ver con la formalidad del sistema penal, no estoy hablando de
las prácticas informales que por otro lado son exponenciales de cómo el
sistema penal gobierna a los jóvenes. La intimidación, el marcaje, la
humillación, la degradación y por supuesto violencias mucho más
expresivas fueron todas categorías que fuimos reconstruyendo a través
del discurso de los jóvenes. Todo eso tiene que ver con una relación con
la primera agencia que es la policial, ni hablar después con la
justicia y después ya el encierro punitivo”.
En
este punto, Daroqui remarcó que una gran parte de los jóvenes y de los
jóvenes pobres está realmente gobernada por el sistema penal: “por más
que no lleguen a la cárcel, y cuando digo gobernados digo gobernados con
violencia, porque estamos hablando de violencia estatal, no es que la
policía se acerca en un proceso educativo con el joven, no existe esa
posibilidad, entonces para muchos jóvenes de nuestro país, algunos
podemos dar datos como los jóvenes presos, ahí tenemos un dato objetivo,
pero además hay una cantidad de otros jóvenes que por ahí no están
presos pero que también están gobernados por la violencia estatal y que
no llegaron todavía al último eslabón de la cadena punitiva, pero que
están en una cotidianeidad de relación de violencia con la agencia
policial. Y después están los casos como el de Luciano Arruga que
demuestran esa práctica, pero eso de Luciano o de cualquiera de estos
chicos es algo que entra en la cotidianeidad de cualquier pibe pobre,
porque si no parece que son como casos emblemáticos, pero son casos que
lamentablemente llegaron a la desaparición de la persona o a la tortura y
por eso toman semejante dimensión, pero en realidad es la
cotidianeidad, es la vida misma, integran de hecho uno de los temas más
problemáticos para hablar, con los presos en general pero con los presos
jóvenes en particular, y con estos jóvenes de los institutos más aún
que tienen 18 años, que es el proceso de naturalización sobre la
relación de violencia que tienen con las agencias del sistema penal.
Cuando uno le pregunta si cuando lo agarró la policía le pegó, ellos te
dicen que no, pero si preguntamos si los tuvieron sin que les pegaran un
trompazo o tirarlos al piso, te responden ‘ah, sí, eso sí’; o si les
preguntamos si les pegaron cuando entraron a la cárcel, te dicen que no,
‘¿no te dieron ni un cachetazo o empujón?’, ‘ah, sí, claro si eso es la
cárcel’ responden. Esa naturalización de la violencia es algo que
legitima pero lo hace porque además el segundo eslabón que es la
justicia le otorga toda la impunidad a todas las fuerzas de seguridad.
La justicia ha recibido chicos golpeados que vienen de una detención
policial y no le preguntan quién los golpeó. Uno los ve golpeados,
recientemente ingresados a la cárcel, desfigurados y cuando les decimos
‘¿nadie, el fiscal, el juez te preguntó quién te golpeó?, te dicen que
no. Gente que va con la cabeza cosida porque lo tuvieron que llevar al
hospital Santojanni o al Penna de los golpes que le dieron y sin embargo
no le preguntan por eso”.
Daroqui
manifestó que todo esto tiene que ver con qué significan estas personas
para el Estado en su faz más violenta: “hay que ver si podemos algún
día dimensionar realmente cuántos jóvenes y quizás cuando veamos cuántos
no acceden a mínimos derechos, no solo por ser jóvenes sino por ser
seres humanos, quizás tendríamos una sorpresa muy grande, donde veríamos
que ciertas políticas de juventud están destinadas a un grupo bastante
minoritario de jóvenes, porque para el resto no hay políticas de
juventud, hay políticas de seguridad, de persecución penal, de
militarización de sus barrios, hay otras políticas que les llegan a
ellos no por ser jóvenes sino por ser pobres”.
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