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La Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados – (Reduas), a través de su coordinador, el Medico Neonatólogo Medardo Ávila Vásquez, como corolario del 3° Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado los días 15,16 y 17 de Octubre de 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los efectos de que se conmine al Estado Argentino a que adopte de modo urgente medidas eficaces para poner a resguardo la salud y vida de los niños, niñas adolescentes que viven en el país, de la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos, ya sea por las fumigaciones áreas y terrestres en los cultivos extensivos e intensivos en mas de 30 millones de hectáreas del territorio argentino, como por el consumo de alimentos con residuos de aquellos, respectivamente.
La Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados – (Reduas), a través de su coordinador, el Medico Neonatólogo Medardo Ávila Vásquez, como corolario del 3° Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado los días 15,16 y 17 de Octubre de 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los efectos de que se conmine al Estado Argentino a que adopte de modo urgente medidas eficaces para poner a resguardo la salud y vida de los niños, niñas adolescentes que viven en el país, de la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos, ya sea por las fumigaciones áreas y terrestres en los cultivos extensivos e intensivos en mas de 30 millones de hectáreas del territorio argentino, como por el consumo de alimentos con residuos de aquellos, respectivamente.
En la presentación ante el organismo de Derechos Humanos, se adjuntan
informes y pruebas contundentes que dan cuenta que el modelo de
producción agropecuaria y de alimentos asociados al uso de agrotóxicos
conlleva una situación de riesgo de daño grave e irreparable a la salud
humana, del que se derivan consecuencias consecuencias sanitarias como
el aumento considerable de enfermedades graves: cáncer, leucemia,
malformaciones, abortos espontáneos, lupus, etc, que los médicos de
distintas localidades y provincias del país vienen denunciando desde
hace años.
En efecto, Reduas enuncia datos epidemiológicos que acreditan el
aumento considerable de la tasa de cáncer en las localidades rurales,
asimismo el crecimiento exponencial de la tasa de malformaciones
congénitas, en las provincias donde predomina el uso de paquetes
agroindustriales compuestos por semillas genéticamente modificadas y
agrotóxicos.
Bajo esas consideraciones se advierte que en la actualidad se aplican
y se utilizan en el proceso de producción de cultivos extensivos como
intensivos mas de 350 millones de litros de agrotóxicos, contra los 80
de litros que se utilizaban en los años 90.
Que ese incremento abrupto del uso de agrotóxicos en la actividad
agro industrial acompaña en paralelo al aumento de los registros de
malformaciones congénitas y tasas de cáncer que denunciaron los
profesionales de la medicina en el 3° Congreso de Médicos de Pueblos
Fumigados, realizado en la Universidad de Buenos Aires.
El requerimiento ante el organismo internacional, fue elaborado y
patrocinado por la Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados y focaliza en
los niños, niñas y adolescentes porque representan el grupo de mayor
vulnerabilidad frente a la exposición a los agrotóxicos, tanto por
intoxicaciones agudas como subagudas y crónicas
En tal sentido, se argumenta ante la CIDH, que el Defensor del Pueblo
de la Nación, en el año 2014, exhortó al Ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y a los Ministros
Nacionales y Provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y
la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos a que coordinen
medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el
uso de agrotóxicos, especialmente en cercanías de la población y las
comunidades educativas rurales adonde asisten niños que se ven expuestos
a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la
zona, y sin embargo las autoridades nacionales no han implementado
ninguna medida, todo lo contrario, se ha minimizado la grave
problemática con recomendaciones a favor del uso de agrotóxicos a
distancias nimias de los centros poblados.
También se da cuenta ante la CIDH de la sordera institucional del
Estado Argentino ante varios requerimientos realizados – por Reduas y la
Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados – a las distintas autoridades
nacionales y provinciales; y de la absoluta inactividad de la Comisión
Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos – creada por el Poder
Ejecutivo Nacional en el año 2009 – que debía realizar un informe de la
situación del país y dejó de funcionar el mismo año de su nacimiento.
Debe tenerse presente, que la mayoría de los principios activos de
los agrotóxicos que se utilizan en el proceso agro industrial, fueron
aprobados con anterioridad al año 1984, y la única revalidación de los
mismos se realizó entre los años 1996 y 1999. Desde esa fecha hasta el
día de hoy, las autoridades nacionales competentes, no han realizado
ninguna evaluación ambiental acumulativa ni establecido alguna
restricción en el uso y aplicación de los agrotóxicos, ni siquiera ante
los dictámenes contundentes emitidos, en el transcurso de este año, por
la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC), en relación a los
dos agrotóxicos de mayor uso en la Argentina, el Glifosato y 2,4-d,
declarándolos como probable y posible agentes cancerigenos,
respectivamente.
En el 3° Congreso de Médicos, se reflejaron los datos consignados en
la presentación ante la CIDH. Así el Médico Generalista del pequeño
pueblo santafesino de Santo Domingo, Arturo Serrano, aseguró que allí
“la mortalidad por cáncer creció entre un 300 y un 350 por ciento” entre
1991 y el 2010 con una población que “se mantuvo estable en el mismo
período” y advirtió que este fenómeno coincide temporalmente con la
instalación de “los cultivos de soja en una población”.
El propio Medardo Ávila, denunciante ante la CIDH expuso sobre el
estudio epidemiológico realizado en el transcurso del año 2015 en la
localidad cordobesa de Monte Maíz, donde se esperaba entre 11 y 13
nuevos enfermos de cáncer para el año 2014, y el equipo de la
Universidad Nacional de Córdoba que el medico comanda encontró 35, es
decir 24 enfermos de cáncer de más, presentes en forma “inexplicable”,
también aquí la enfermedad oncológica es la primera causa de muerte de
sus pobladores y la tasa de mortalidad por cáncer de Monte Maíz supera
los indicadores de Córdoba y de la Argentina.
El estudio sobre Monte Maíz también advierte sobre la alta
prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivos tipo asma
(afectando al 52% de la población de niños de 6 y 7 años, mientras la
tasa esperada era de 13,6%); hipotiroidismo; una alta tasa de abortos
espontáneos, con una frecuencia que es 3 veces mayor a la media urbana
en el país; y la presencia de niños con malformaciones congénitas que
duplican la tasa provincial y nacional.
Por su parte, las Dras María del Carmen Sevesso y Ana Lia Otaño,
expusieron la gravísima situación en el Chaco que confirma la de todos
los ponentes en el Congreso llevado a cabo en la UBA, y lo que las
mismas profesionales relataron en el año 2010, en el primer encuentro de
Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en la Provincia de Córdoba.-
En efecto, en los pueblos del centro de la Provincia del Chaco
persisten muchos casos de enfermos con insuficiencia renal,
malformaciones congénitas en hijos de madres jóvenes, cáncer en personas
muy jóvenes, abortos espontáneos y dificultades para quedar
embarazadas, problemas respiratorios y alérgicos agudos. Todos ellos
vinculados, por los equipos de salud, a un mayor nivel de contaminación
química del ambiente, generado por la práctica agroindustrial impuesta
en la zona, que desplazó a los pequeños y numerosos predios de algodón
preexistentes y exterminó al bosque nativo.
A fin de que la CIDH compruebe in situ la gravísima problemática
denunciada por los profesionales médicos, se solicitó que se proceda a
una investigación in loco, que consiste en la creación de una comisión
de dicho organismo internacional, a fin de que visite la Argentina y
tome testimonios e indague en cada una de la provincias afectadas por el
uso masivo de agrotóxicos.
Que el conflicto de salud ambiental que genera el uso de agrotóxicos,
a gran escala en el proceso productivo de alimentos, ya es conocido por
la CIDH, a través del caso del monocultivo de Piña en Costa Rica, cuyos
efectos son devastadores, tal como esta sucediendo en la Argentina con
los monocultivos extensivos (principalmente soja, maíz, algodón y
forestales) como los intensivos (hortalizas y frutas).
La denuncia ya fue recepcionada por la CIDH y será analizada a los efectos de determinar su procedencia.
