El gobierno nacional encabezado por Cristina
Fernández, ha dado desde su asunción señales más que claras sobre el rumbo de
su gestión en el segundo periodo: reconoció la crisis del capitalismo mundial
pero lo clasificó de “anarco capitalismo” para así contraponer otro modo de
existencia del capitalismo que sería el “serio” al que equipara con el “modelo”
inaugurado en el 2002 por Duhalde; tomó nota de los debates sobre la
distribución de la riqueza y se posicionó rigorosamente a favor de la
burguesía: contra el mandato constitucional de que haya un mecanismo de
distribución de las riquezas (y el consiguiente control de la información
empresarial) a favor de los trabajadores, lo que completó con un exhorto a
poner techo a la discusión paritaria y culminó su raid por la reunión del G20 y
la cálida entrevista con el asesino serial de Obama con la sanción de una
nueva Ley Antiterrorista, a pedido del Imperio y su estrategia mundial de
dominación.
Estamos ante uno de
esos momentos de viraje, de bifurcación de caminos que obligan al movimiento
popular a reflexionar, discutir democráticamente y tomar decisiones; como
ocurrió en ocasión de la resolución 125 que pretendía limitar las súper
ganancias producto de las exportaciones de la soja transgénica, producto
novedoso cuyas consecuencias a largo plazo están en estudio crítico por los
científicos cuya expansión se dio justamente bajo el ciclo de gobierno de los
Kirchner. En ese momento, casi de un modo inesperado, de un lado se
agruparon los sectores más concentrados de la burguesía local y trasnacional y
del otro quedó el gobierno con el apoyo de movimientos sociales y fuerzas
políticas de izquierda que comprendieron que el desarrollo de las contradicciones
interburguesas había vuelto a provocar, como tantas veces en la historia
nacional y universal, una demarcación de campos muy clara: de un lado la
derecha resistiendo la 125 y del otro el campo popular procurando afirmar mayor
intervención estatal en la economía y la limitación de las súper ganancias
monopolistas que tienen todos los grupos económicos trasnacionales en la
Argentina: los petroleros, los comunicacionales, las automotrices, etc.
En las últimas
horas, prácticamente todo el movimiento de derechos humanos denunció el
carácter represivo y macartista de la nueva ley: duplica las penas de todo el
Código Penal y otorga a los jueces, a estos jueces denostados por su compromiso
con la impunidad y las derechas, el poder de calificar de “terrorista” a cualquier
acción o protesta individual o social. La ley se inscribe en la larga
tradición represora de la legislación argentina: la 4144 de 1902 conocida como
de “residencia”, la de “seguridad nacional” de 1910, los decretos leyes de las
dictaduras del 30, 43, 55, 62, 66 y 76 del siglo pasado, oportunamente avalados
por las respectivas Cortes Supremas e igual que todas ellas pone en manos de
los jueces un instrumento casi todo poderoso para perseguir, discriminar,
encarcelar o hacer lo que quieran con los luchadores sociales. La
supuesta clausula de garantías democráticas ha sido fulminada por los juristas
por superflua y mentirosa: decir que no serán perseguidos los que ejercen
derechos y garantías constitucionales es jurídicamente obvio, está inscripto en
el Código Penal en el articulo 34, y prácticamente inútil: ningún Juez dirá que
persigue por que defienden un derecho constitucional sino que acusará de
coacción agravada, resistencia a la autoridad o delitos aún más graves.
Y por qué es un
parte aguas?
Porque el gobierno
se subordinó al mandato imperial ignorando la voluntad popular del Nunca Más y
todo el aprendizaje que estamos haciendo en los juicios contra los genocidas
que una y otra vez alegan haber actuado de acuerdo al decreto de exterminio a la
subversión emanado de un gobierno constitucional.
Porque el Frente
para la Victoria y el Nuevo Encuentro se subordinaron acríticamente al mandato
presidencial evidenciando que no son fuerzas políticas comprometidas con el
cambio sino cooperativas de oportunistas que se aferran al momento de
popularidad de la presidenta para acceder a cargos que están a su servicio y no
del pueblo.
Porque la sanción
de la Ley Antiterrorista muestra –como ningún otro gesto presidencial- la
voluntad política de construir un capitalismo serio, es decir, de no cuestionar
el sistema mundial que hoy está en crisis de existencia y que por ello mismo
buscará trasladar los costos de la misma a la periferia. El Poder
Ejecutivo y Legislativo, el Frente para la Victoria y sus aliados progresistas,
están diciendo –como Rajoy en España o Papademos en Grecia- que están
dispuestos a todo para salvar el capitalismo argentino.
Pero lo fundamental
es el modo en que se sancionó la Ley: de espaldas a la sociedad, ignorando al
sector más mimado por el propio gobierno: los organismos de derechos humanos
que apenas osaron esbozar una leve crítica han sido ignorados olímpicamente por
el gobierno que en estos días no uso el pañuelo blanco, afirmando un concepto
de democracia “representativa” en el sentido más burgués y reaccionario del
término. Dice la Constitución Nacional que el pueblo no gobierna ni
delibera sino a través de sus representantes, el Kirchnerismo ha dado una
prueba irrefutable de su concepción liberal de la democracia; pero alerta! que
justamente ese costado del sistema político fue el que se puso en debate en el
2001.
Por una década, la
ilusión cuasi ingenua del “que se vayan todos” fue asimilada por la burguesía
transformándola en su contrario pero atención porque los pueblos aprenden de su
propia experiencia, aunque tarden décadas entre un aprendizaje y el siguiente.
La sanción de la
Ley Antiterrorista ha sido una lección impresionante del carácter de clase del
gobierno, del sentido profundo del llamado modelo nacional y popular y de la
inviabilidad de construir alternativa bajo el ala del poder.
La alternativa solo
se construye desde afuera del poder, por otros medios, y ahora sabemos, con
otros nombres de los que se suman a la fiesta de los que una vez más creen
–como decía Marx que hacían los intelectuales de fines del siglo XIX- que “hubo
historia, ya no la hay”. Que los votos son eternos y dan derecho a cualquier
tropelía. Igual que Menem en su momento.
Nada más erróneo,
somos lo que somos como resultado de una historia que nos marca un camino y un
horizonte al que no renunciamos. La lista de los votos positivos a la Ley
Antiterrorista quedará en el basurero de la historia
De tanta
frustración y traición, surgirá una nueva fuerza política comprometida con sostener
lo conseguido en estos años y perforar los límites que los gestores del Poder
le quieren poder.
Más temprano que
tarde lograremos la derogación de la nefasta Ley, y gestaremos una alternativa
política que sea un firme puente entre la generación que resistió la dictadura
y la impunidad con las nuevas generaciones que aprendieron que la política
puede ser para defender al pueblo y no satisfacer a sus verdugos.
