La elección de un
nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los
años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos
LUNES
23 DE NOVIEMBRE DE 2015
La
senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que
la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede
defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está
ocurriendo en el país.
Un día después de que la
ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar
sepultadas de una vez para siempre.
Los trágicos hechos de la
década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente
comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e
integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el
viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda
verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde
comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se ocultó así lo que ya
no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya
composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la
sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el
aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las
matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra
sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de
"juventud maravillosa".
La sociedad dejó aislados
a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los
aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces
aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían
por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que
la de los rebeldes a quienes combatían.
Ha llegado la hora de
poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el
país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un
reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de
los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo
hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes
habían mirado en esos asuntos para otro lado.
Hay dos cuestiones
urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados,
procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante
los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su
ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de
aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera
vergüenza nacional.
Días atrás, tal situación
se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que
revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los
coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el
almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio
domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso
de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos
de cocaína a España.
En segundo lugar, de modo
paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en
actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro
Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos
delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por
grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques.
También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el
juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de
desarticular la investigación de causas que involucran a la familia
presidencial.
Sin más elementos que
referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de
las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se
persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste
se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de
la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976.
Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas
que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la
acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada
por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la
cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de
atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad,
Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la
revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una
cárcel.
La cultura de la venganza
ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas
a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la
mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.
El palabrerío de sujetos
que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta
convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de
muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar
a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de
actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del
derecho penal.
Siempre será
indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar
la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración
del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen
"para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque
"sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.
