Sabin Arana, Josu Ibargutxi, José
Galante Chato y Manolo Blanco viajan hoy a Argentina con un equipaje cargado de
testimonios propios y ajenos, de sentencias, de juicios políticos, de torturas,
de consejos de guerra... El lunes se lo harán llegar a la juez argentina María
Servini de Cubría.
Ainara
LERTXUNDI
Los cuatro comparten un pasado militante y de represión, y
su esperanza de que la querella interpuesta ante la juez María Servini de
Cubría sirva, al menos, para poner voz a los represaliados del franquismo, a
los consejos de guerra, a los fusilamientos de 1975, a las torturas, al
Tribunal de Orden Público, a las detenciones... Realidades que desfilarán por
el despacho de Servini de Cubría en el Juzgado Federal número 1 de Comodoro Py,
en Buenos Aires. La magistrada, que en junio tiene previsto viajar a Madrid
para profundizar en la querella por los crímenes del franquismo, les tomará
declaración el lunes a partir de las 11.00.
Sabin Arana y Josu Ibargutxi, miembros de la asociación de
expresos franquistas Goldatu, y José Galante Chato y Manolo Blanco, de La
Comuna, le expondrán su testimonio personal así como el de decenas de
compañeros y de otros que ya no están para contarlo, como Salvador Puig Antich
y Humberto Baena, fusilados en 1974 y 1975.
Sabin Arana
Nueve años preso
Sabin Arana, de 67 años y vecino de Sestao, inició su
militancia política en la década de los 60 lanzando por la noche pequeñas
ikurriñas, realizando pintadas y acudiendo a reuniones «clandestinas». En 1962,
recibió su primera multa «gubernativa». 25.000 pesetas por bailar y tocar el
txistu en fiestas junto al grupo de baile al que pertenecía. Aquel «desafío» no
gustó a las autoridades. Arana fue enviado a prisión durante un mes por no
pagar la multa. No sería la última vez. En 1964, fue nuevamente detenido y, dos
años después, absuelto.
En marzo de 1968, ya en plena clandestinidad, fue arrestado
en Araba. Estuvo cuatro días en comisaría. «Me podían haber tenido dos días
más. Pero no pudieron hacerlo por el estado en el que estaba. Las torturas
fueron, realmente, duras. En los interrogatorios participaron agentes de Bilbo,
Donostia, Iruñea. Tuvieron que llevarme a un hospital y, de ahí, fui
directamente encarcelado. No recuerdo ya cuántos meses estuve en la
enfermería», señala a GARA.
«Los expresos somos testigos vivos de la represión. Aunque
Baltasar Garzón no es un personaje de nuestro gusto, con su procesamiento quedó
claro el poder que siguen teniendo los franquistas, insertados aún en la
Administración, en la Judicatura...», remarca. Agradece a los organismos de
derechos humanos argentinos su apoyo y solidaridad, «compañeros en el
sufrimiento y en la lucha» contra la impunidad. Tarea que Goldatu comparte en
Euskal Herria con Lau Haizetara, Ahaztuak, Martxoak 3...
Josu Ibargutxi
La tortura, como eje
Josu Ibargutxi no olvida el estado en el que quedó Andoni
Arrizabalaga, cuyo caso inspiró a Telesforo Monzón a la hora de escribir la
canción Itziarren semea, y el de Imanol Aspiurrena. El lunes, entregará a
Servini de Cubría el expediente de ambos junto a muchos más. Reconoce que no ha
sido tarea fácil recopilar tanta información y, sobre todo, «volver a leer
testimonios como el de la viuda de Aspiurrena» y ser portador de «tanto
sufrimiento». Al igual que Arana, Ibargutxi estuvo nueve años preso. Fue
detenido en 1968 después de que le explotara la bomba que estaba manipulando.
Las heridas que sufrió impidieron su trasladado a comisaría. En todo momento,
le amenazaron con llevarlo ante el comisario Melitón Manzanas.
A Servini de Cubría le pedirá que, además de a Madrid, se
traslade al consulado argentino de Bilbo porque «en Euskal Herria somos miles
los represaliados».
En su declaración del lunes, hará hincapié en la tortura,
en episodios como el proceso de Burgos y en la Ley de Amnistía de 1977, «una
Ley de Punto Final encubierta. A nosotros nos sacó de prisión el anhelo y la
movilización de un pueblo. Queremos que, de una vez, desaparezcan todos los
posos del franquismo y superar esa injusticia, porque el franquismo jamás ha
sido enjuiciado, ni siquiera ha habido una petición de responsabilidades.
Ahora, incluso, quieren cambiar el relato intentado hacer ve que `en fin, la
dictadura no fue para tanto'», resalta.
«Chato» Galante
Una amplia lista
«Vamos a denunciar ante la juez argentina a todos los
componentes del Tribunal de Orden Público, desde el presidente hasta el último
secretario, a 148 torturadores, a unos 18 carceleros, entre los que hay una
decena de directores de prisiones, y a otra decena de miembros de tribunales
militares», explica José María Galante Chato, detenido en cuatro ocasiones y
torturado en tres. En uno de los tantos interrogatorios a los que fue sometido,
le dijeron que «me iban a enseñar euskara». Chato prefiere no hablar de las
torturas que sufrió, porque pertenecen «al ámbito personal y fuimos muchos los
torturados». Admite que le ha costado «más de lo que pensaba» hurgar en el
pasado. «Llevamos unos 40 expedientes. Algunos no han podido escribir más que
una cara de folio porque a medida que iban recordando, lo iban pasando mal»,
añade. Entre esos expedientes está la declaración de las cuatro hermanas de
Puig Antich.
Tampoco ha sido tarea fácil recopilar archivos y documentos
acreditativos del paso por las dependencias de la Dirección General de
Seguridad del Estado, de las sentencias, de los consejos de guerra. «Es
increíble que, a día de hoy, no tengamos acceso a los archivos de nuestras
propias historias y que, cuando nos permiten tener acceso a algunos
expedientes, todos los nombres, excepto el tuyo, estén tachados. Los ocultan,
claramente, en relación al presente», destaca.
Manolo Blanco
Inicio de una batalla
«Este es el inicio de una pequeña batalla contra la
impunidad. Más aún en un momento en el que las libertades democráticas están en
retroceso con un Gobierno que, amparándose en la crisis, se está armando de
leyes que le permitan reprimir cualquier protesta», subraya Manolo Blanco. Con
él viajarán hasta Comodoro Py los expedientes de los consejos de guerra de
setiembre de 1975 y, en particular, el de Humberto Baena. «Un expediente
repleto de irregularidades. Un proceso en el que el juez denegó en solo 20 minutos
las 124 pruebas presentadas por la defensa, en el que el fiscal ni siquiera fue
capaz de mostrar ninguna de las evidencias que decía tener y, en definitiva,
exponente de la excepcionalidad jurídica que caracterizó al franquismo»,
remarca Blanco.
Como sus compañeros, se muestra optimista en la «tenacidad»
demostrada por Servini de Cubría, que «todo hace indicar que va muy en serio».
Lamenta que «esto no se hubiera hecho hace treinta años» y augura centenares de
nuevos testimonios en una querella cuyo volumen no para de crecer.
Mimí Fernández - Durán
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