Grupo de Curas
en la Opción por los Pobres- 10 de Julio de 2017
Nos resulta
impensable, como grupo, denunciar o repudiar algo que (todavía) no se ha
concretado. Pero, lamentablemente, el actual gobierno nos está habituando cada
vez más a ilegalidades, arbitrariedades y hechos de injusticia impensables en
un estado de derecho con la flagrante complicidad de un poder judicial cooptado
y la total concentración dominante de los medios de comunicación que parecen
más mandantes que informantes.
Son cada vez más
fuertes los rumores de que el gobierno removería mediante un decreto de
necesidad y urgencia a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó. El atropello a los necesarios y constitucionales espacios de
gobernabilidad y el avasallamiento a la seguridad jurídica del pueblo o lo que
no le resulte amigable a un gobierno de ricos y para ricos, resulta gravemente
antidemocrático, y –creemos– haría pasible de juicio político a quienes lo
implementaran o convalidaran.
Como curas en
los barrios somos testigos de los enormes aportes y servicios que brinda el
programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), por ejemplo, y
del poco apego a la misma de grandes sectores del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto,
respondiendo a las insistentes versiones de las últimas horas e incluso
recordando las declaraciones públicas del ministro de Justicia que le pidió
(entrometiéndose indebidamente en el poder judicial) “dar un paso al costado”
“por no garantizar el combate contra la corrupción”, reiteramos nuestro más
enérgico rechazo a toda eventual remoción de la Procuradora Gils Carbó que no
sea por los mecanismos estrictamente previstos por la Constitución Nacional
(art. 120)