A
partir de la represión y la quema del acampe de trabajadores de huelga
en Tierra del Fuego, una comisión de representantes del Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia viajó para brindar apoyo y acompañamiento. El
reclamo es empuñado por trabajadores del Estado, administración
pública, docentes y jubilados, a partir de la imposibilidad de abrir
paritarias y la intención de la gobernación de retirar una serie de
beneficios con los que contaban por habitar una zona austral de clima
hostil y más deshabitada que el resto del país. Dialogaron con Radio La
Retaguardia Enrique Cachito Fukman, integrante de la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos, y Alejandrina Barry, integrante del Ceprodh,
ambos parte de la delegación de organismos que viajó a brindar
solidaridad. (Por La Retaguardia)Foto: representantes de organismos en el avión
"Lo primero que hay que decir es que la represión a este reclamo sigue teniendo en muchos sectores un consenso, pero no en todos. Pasa lo que muchas veces. No es que todos los docentes o estatales estuvieron los 100 días haciendo paro pero cuando pasan determinados hechos, ese día paran.
Un elemento que es importante y que muestra el apoyo es el hecho que cuando llegamos con Norita Cortiñas, con Elia Espen, las Madres de Plaza de Mayo, se organizó una caravana de autos que tenía casi un kilómetro. No es que iba una persona por auto", destacó Fukman. El militante explicó también que la marcha realizada al día siguiente de que la policía destruyera el acampe "demuestra un apoyo de un sector importante de la población hacia las medidas de fuerza. En Río Grande continúa el acampe, eso no sale en Buenos Aires, y tiene un apoyo que no le permite al gobierno de la provincia hacer allí lo mismo que en Ushuaia. Si el consenso hubiera sido tan grande, se hubiera hecho lo mismo. Estamos en una situación conflictiva en la provincia, y el gobierno está totalmente encerrado en quebrar las medidas de fuerza de los veintitrés gremios de la Unión de Gremios Estatales como forma de aleccionar a aquel que se opone a decisiones del poder estatal".
Barry aclara quvel viaje "no es el primero, ya fuimos en distintas oportunidades. Yo fui el año pasado cuando fue el juicio a docentes y camioneros que fueron condenados. También fui cuando fueron las detenciones. El objetivo era volver después de la represión al acampe con una delegación importante de organismos porque es una situación muy grave con la criminalización de la protesta que se prolonga desde el gobierno anterior. Viajaron también Myriam Bregman y Soledad Sosa para sentar nuestra posición y terminar con esta represión", aseguró. Además, analizó la militante, "Jujuy tiene al gobierno de Cambiemos y Tierra del Fuego al Frente para la Victoria pero las medidas que se toman son acompañadas de prácticas represivas mucho más avanzadas que en otros lugares y también más impune. En Jujuy se pueden detener a personas como Milagro Sala, con todas las diferencias posibles, o a compañeros del SEOM; en Tierra del Fuego también hubo detenidos que tuvieron que liberar".
El poder judicial
El conflicto se sostiene, tanto en Ushuaia como en Río Grande: "Ayer tuvimos una reunión con el jefe de Gabinete del gobierno, Leonardo Gorbacz, y le planteamos que si tuvieran la voluntad de dar una solución en forma inmediata llamarían a una mesa de diálogo sin ningún tipo de condicionamiento porque estos conflictos no se resuelven condicionando. Desgraciadamente, la respuesta que hemos recibido en la práctica, de un comunicado de prensa posterior que sacó la Jefatura, tergiversa en cierta form; dice una media verdad y una media mentira. Solamente plantean lo primero que ellos dijeron y no explican nuestra respuesta desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y las Madres de Plaza de Mayo", denunció. "No fuimos recibidos por la gobernadora y mucho menos por la justicia, donde presentamos un amicus curiae por los compañeros que están siendo procesados. Pedimos una reunión con el juez, tenemos una foto donde están Norita y Elia sentadas esperando que las reciban, y ahí se quedaron, sentadas. Algo tremendo que no suele pasar en este país. Con mentiras, el secretario del juzgado nos dijo que estaba reunido, después que estaba trabajando en una causa, después que no había espacio, después el Código Penal no se lo permite...", relató Fukman sobre las respuestas judiciales para obtener una reunión.
"Esta justicia les sigue tirando a los compañeros causa tras causa, les ha impuesto una libertad restringida que es casi un estado de sitio individual porque no les permiten estar cerca de ningún establecimiento oficial, pero además a las diez de la noche tienen que estar en su casa. Es un toque de queda. El juez responsable es ni más ni menos que quien fuera secretario del juez Galeano en la causa AMIA cuando se le pagó a Carlos Telleldín para que acusara a los policías de la Bonaerense como si hubieran sido ellos los que habían puesto la bomba", denunció. Para el militante de AEDD, es un claro indicio de la justicia "que un personaje de estas características puede impartirla. En Río Grande, por acusar de carnera a una docente y por denunciar que habían entrado al colegio patovicas guardaespaldas de ella y filmado a los chicos, les han puesto restricciones a 14 docentes que no pueden acercarse a la acusada, ni a sus familiares y amigos. Una cosa de locos, porque es como que yo te diga a vos 'no me gusta tu cara' y que vayas a la justicia y no pueda pasar al lado tuyo. Ese es el juez que estamos teniendo en esta provincia, que busca quebrar esta voluntad de defensa de derechos que tiene un sector de la sociedad fueguina", explicó.
Para Barry, militante del PTS, "el sistema judicial se maneja como un feudalismo con total arbitrariedad como en el caso de los allanamientos a las tres de la mañana a los domicilios de los compañeros. Tierra del Fuego, igual que Jujuy, son laboratorios de las políticas de ajuste y represión. Con allanamientos a la madrugada con policías encapuchados que golpean gente... es un antecedente gravísimo que se puede repetir", dijo con preocupación.
Continuidad del conflicto
"Les pedimos a todos poder informar constantemente sobre los conflictos que hay en todo el país, que son muchísimos y a los cuales los medios que no tienen cercenado su derecho de informar suelen ocultarlos y no informar. Lo que estamos viendo es que en todo el país hay diferentes conflictos debido al ajuste, al tarifazo y los despidos de miles y miles de trabajadores", alertó Fukman para poder sostener las medidas de fuerza y los reclamos vigentes.
Para Barry, el viaje fue significativo para los trabajadores porque "pudieron ver con la delegación a la campaña que se está haciendo a nivel nacional. Los trabajadores pelean aunque sea por un paro de la CTERA en solidaridad a nivel nacional. El sindicato no ha llamado a una sola medida de lucha y una de las cuestiones más importantes era cómo nacionalizar esta lucha y en eso tenemos que ayudar el conjunto de las organizaciones para que lo tomen los gremios. Tenemos que hacer una campaña muy importante con organismos, artistas y personalidades de la cultura", explicó.
Reunión con el juez por Antena Negra
También se habló del comportamiento de la justicia en otras instancias, pues Fukman se reunió con el juez Martínez Di Giorgi por la causa que implica a Antena Negra TV: "De eso se puede contar absolutamente todo, no son cosas secretas. Siempre lo planteamos, lo nuestro es de cara al pueblo. Allí le planteamos al doctor que lo que nos preocupa es que el procesamiento de Martín Sande y la nueva indagatoria que se hacía a la actual directora de la cooperativa Antena Negra TV era una limitación tremenda a la libertad de expresión y un ataque. Siempre se habla de esto cuando a los dueños de los diarios se les quiere imponer alguna cuestión pero nunca cuando directamente se cercena la posibilidad de opinar a medios populares", declaró. El militante explicó las exigencias: "Pedimos que nos expliquen dónde está el delito porque no hay artículo del Código Penal que realmente plantee que transmitir televisión digital en una frecuencia que corresponda a televisión digital sea un delito. También planteamos que, justamente, quienes estaban cometiendo el delito eran los integrantes del ejecutivo nacional, tanto el anterior como el actual, que no hacen cumplir sus propias leyes como la empresa Prosegur que se aprovecha justamente de ese incumplimiento para usufructo comercial. Consideramos que esto lesiona la democracia porque limitar la libertad de expresión de los sectores populares no hace otra cosa", expresó.