Por un desarrollo integral, solidario y sustentable
Los
Equipos de Pastoral Aborigen y Pastoral Social de la Diócesis
de Comodoro Rivadavia quieren manifestar su profunda inquietud ante las nuevas
versiones que darían cuenta de una posible modificación a la Ley Nº
5001, la primera Ley que reprueba la extracción megaminera del país, la cual
fuera emulada por otras tantas provincias del país.
Dado el
escenario político que se ha creado en vista a la renovación de autoridades a
nivel provincial, y las recurrentes versiones
que indicarían un incremento de la exploración y explotación minera en
la meseta chubutense deseamos recordar algunas cuestiones e interpelar otras.
Como
Iglesia chubutense, junto a otros actores sociales con los que compartimos el
mismo espacio de ciudadanía, somos partícipes desde hace años de la misma honda
preocupación acerca de la política extractiva en nuestra provincia. Esta voz se
ha mezclado e integrado con otras voces que sienten la misma inquietud y tienen
los mismos anhelos de un desarrollo que sea humano, integral, solidario y
sostenible para los pobladores de nuestra provincia. Y desde nuestra visión tanto cristiana como
ciudadana, abordamos este desafío que trasciende lo exclusivamente religioso,
para buscar de abordarlo de manera integral. Ningún aspecto puede quedar fuera,
ya que afecta a todas las dimensiones del ser humano.
Es por
eso que desde hace años, los obispos patagónicos y sus equipos de Pastoral
Aborigen y Social, se han manifestado recurrentemente respecto de este tema,
rechazando firmemente una política extractiva megaminera con uso de explosivos
y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos,
sabemos, traen efectos devastadores hacia recursos como el agua, el suelo, el
aire y la luz, que son bienes comunes.
La
tensión provocada por la lógica de un sistema mundial de producción ha generado
una cultura consumista que hemos de cuestionar terminantemente, para garantizar
un futuro común para todos: los que estamos y los que vendrán.
Por
ello, definimos como un retroceso al actual estado de situación de querer
modificar el marco regulatorio adaptando una ley que fuera el fruto de una
lucha y reivindicación de todo un pueblo como lo fue aquel histórico “No a la
mina” de Esquel.
Consideramos que aún no se ha
dado un debate que analice en forma integral, orgánica y accesible a todos,
acerca de las consecuencias de este tipo de extracción para poder definir o no
su rechazo . Salvo la notable experiencia colectiva de
Esquel y de otras convocatorias recientes, no ha habido espacios de debate
público destinados a la población en general y con la participación de
funcionarios y legisladores responsables de las decisiones que se toman. Además
debemos considerar las deficiencias del sistema de representación política
cuestionado por su fragilidad y falta de transparencia.
Debe
mencionarse el enorme esfuerzo de distintos ámbitos de la sociedad civil
(foros, vecinos autoconvocados, comunidades mapuche-tehuelches, colectivos
ambientales, entidades de derechos humanos y otros ciudadanos), y de esta
propia Iglesia, junto a otras confesiones, que han movilizado y motorizado
espacios de intercambio y concientización en pueblos y ciudades de la
provincia, para el conocimiento de las consecuencias de esta actividad.
Pero
consideramos que es deber ineludible del Estado garantizar el acceso a toda la
información posible y en forma exhaustiva de las consecuencias inmediatas y
futuras, de la actividad megaminera. Rechazamos de plano dejar sólo en manos de
las empresas -transnacionales- la responsabilidad de la información, habida
cuenta de los poderosos intereses en juego que regulan la óptica de sus
acciones.
Es
sabido por todos que esta minería afecta directamente “los Derechos de las comunidades aborígenes, alterando su hábitat, y
poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y
caprina, agrediendo su cultura caracterizada por el respeto a la naturaleza y
el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del
compartir humano” (1).
“La Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y la Provincial
(art.34) establecen su participación en la gestión referida a los recursos
naturales y en los demás intereses que los afecten”. Por su parte el Convenio
169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, protege el derecho a la
existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y
a la participación”(2) lo cual impone al Estado el deber de consultarlos
obligadamente. Ellos deben ser los responsables y los protagonistas de su modo
de vivir y de su cultura y de su destino. Aún
no se han instrumentado los mecanismos que aseguren el respeto del derecho a la
participación indígena, incluso facilitado los
medios económicos necesarios y con los tiempos adecuados para que las
instituciones representativas puedan ejercer estos derechos. Y esto es de
indudable competencia del Estado
Vemos cómo se quiere
instalar un discurso único acerca de los beneficios de los emprendimientos
mineros, como única tabla de salvación para el sustento de pobladores y para el
resto de la provincia, cuando no ha habido una verdadera, continua y sostenible
política integral a través del tiempo, que les permitiera lograr cierto
bienestar y calidad de vida, lograda por ellos mismos. Y donde dicha
sustentabilidad, autóctona y genuina a sus raíces, debiera darse a partir de
diversas áreas de promoción del desarrollo a beneficio de todos sin excepción.
Como, por ejemplo, la utilización del acuífero “recientemente descubierto” para el desarrollo de los
emprendimientos ganaderos existentes y futuros.
Este hecho ha
provocado la fragmentación de la población en general contraponiendo conceptos
tan atractivos como “desarrollo” y ” progreso” al de “sentido ético”, el cual
es descalificado por su aparente inutilidad material. Sabemos que en nombre del
progreso se ha cometido mucho daño irreparable para el planeta. Todos queremos
progreso, pero no a cualquier costo y menos si hace peligrar la vida de las futuras
generaciones.
Pero insistimos en que
es “necesario instalar
una visión ético-espiritual, -la cual supera el
plano religioso y es propiedad de todas las personas- de profunda raíz histórica, cultural y ancestral para acordar
decisiones compartidas, de manera responsable y comunitaria, interpelando y
oponiendo otro modelo distinto al provisto por el sistema donde el afán de
lucro y de explotación hiere permanentemente a los recursos de nuestro planeta”
(3).
Nuestra provincia
podría liderar otro tipo de propuesta de un “desarrollo alternativo, integral y solidario”, basado en una ética que incluya la
responsabilidad por una ecología natural y humana, superando la lógica
utilitarista e individualista ”, donde los
poderes económicos, tecnológicos y políticos no se someten a criterios éticos. (4)
Hoy necesitamos rescatar la actitud del cuidado y la protección como
instrumentos para un “buen vivir”, como gesto amoroso que pretende preservar la
herencia que recibimos del universo y de la cultura y garantizar verdaderamente
un mejor futuro para todos. (5)
4 de Octubre de 2011.
Festividad de Francisco de
Asís, patrono de la ecología
Citas:
(1)(2)(3)(4) Documento: “Reflexiones sobre la Megaminería”
Virginio Bressanelli scj, obispo de la Diócesis Comodoro
Rivadavia y Comisiones Diocesanas de Pastoral Social y Pastoral Aborigen, 2009.
(5) “Críticos, creativos, cuidantes- textos
breves”: Leonardo Boff, Centro Nueva Tierra, 2005.